Ausencia de la Enami en la audiencia con Hanrine aplaza la mediación ante la Procuraduría

La estatal Empresa Nacional Minera de Ecuador (Enami) no compareció en la audiencia de medicación con la minera de origen australiano, Hanrine, que había sido convocada para este 18 de marzo de 2026 ante la Procuraduría General del Estado en Quito.

Según indicó en un boletín Hanrine Explorations & Mining, que es una subsidiaria de la australiana Hancock Prospecting, la Enami no presentó excusa o justificación por su ausencia a esta audiencia, que surge en medio de una controversia por un compromiso de inversión de un proyecto minero en Llurimagua, en la provincia de Imbabura, por cerca de USD 120 millones.

Por lo ocurrido, la audiencia de mediación fue aplazada para el jueves 26 de marzo de 2026.

"Hanrine Exploration & Mining reitera su disposición de participar en este proceso de buena fe", indicó la minera que en abril de 2024 había suscrito un acuerdo con la Enami para un proyecto de exploración de cobre en Llurimagua, que el Gobierno busca reactivar en medio del rechazo de pobladores de la zona, por temor a un impacto a la biodiversidad.

En ese acuerdo se incluía un compromiso de Hanrine para explorar una zona de 28.276 hectáreas. 

La firma también debía pagar USD 1,2 millones a la Enami, sin embargo, la minera australiana argumentó que la empresa estatal incurrió en "incumplimientos contractuales" que pudieron haber impedido la ejecución del programa de exploración, y con ello la inversión de USD 120 millones.

Hanrine también ha afirmado que la controversia por el proyecto en Llurimagua "pone en riesgo" que la firma continúe sus operaciones en Ecuador.

Una zona en la que Hanrine tiene concesiones es en el proyecto de exploración Imba en La Merced de Buenos Aires, también en la provincia de Imbabura, zona afectada por actividades de minería ilegal presuntamente vinculadas al crimen organizado.

En julio de 2025, la firma había presentado una demanda de inconstitucionalidad por la implementación de la tasa minera, que el Gobierno de Daniel Noboa argumentó serviría para supervisar y controlar el sector en medio de un contexto de aumento de la minería ilegal.