El 41% de los candidatos de la circunscripción 4 de Pichincha tiene experiencia en el sector público

Entre los 56 candidatos que compiten en la circunscripción 4 de Pichincha, hay varias cosas en común que llaman la atención. El 41% de ellos ha sido funcionario público, en tanto que casi una tercera parte ha presentado declaraciones de impuesto a la renta con cero dólares en los últimos años.

En esta circunscripción hay también dos candidatos que apuestan por la reelección como asambleístas: Alexandra Andrea Castillo Campoverde, del PSC (lista 6), y Hernan Zapata Rojas, de ADN (lista 7).

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Por otro lado hay ocho aspirantes que han estado relacionados con 17 procesos penales, con distinto resultado.

En la circunscripción 4 de Pichincha hay 14 organizaciones políticas que inscribieron 56 candidatos a la Asamblea Nacional, que buscan quedarse con una de las cuatro curules parlamentarias.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. PRIMICIAS y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Con respecto al pago de impuestos, en esta circunscripción hay 21 aspirantes que tienen declaraciones anuales pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI) durante los últimos siete años (2017-2023).

Dos de los 21 son los que más han fallado en este requerimiento de la administración tributaria. Ellos son Galo Duque Calero, de Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo, lista 16) y José Cadena Yánez (ADN).

El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

Mientras que casi una tercera parte de los candidatos ha presentado una o varias veces declaraciones de IR en cero dólares. Es decir que no tuvieron ingresos o que los ingresos recibidos estaban por debajo de la base imponible.

Los que lo han hecho durante el periodo más largo, de siete años, son Alejandra Alvear Nieto, del Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3); Alexandra Castillo Campoverde, del Partido Social Cristiano (PSC, lista 6), y Elvia Inca Enríquez, del Partido Unidad Popular (UP, lista 2).

Pero también hay siete candidatos que no aparecen en los registros del SRI: Paola Albuja Estrella, Angélica Bernal Guasgua y Jorge Cevallos Velasteguí (Amigo); Daniela Dávila Cisneros, Centro Democrático (Centro Democrático); Pedro Gualoto Ramírez (PID); Adamari Quiroz Cabezas (ADN) y Stephany Velasteguí Nicolalde (RETO).

Además, de los 56 candidatos, cuatro mantienen deudas pendientes con SRI, que varían entre USD 1,61  y USD 116,49.

Los casos penales de los candidatos

Entre los aspirantes a legisladores hay ocho que han tenido procesos penales abiertos en su contra y que suman un total de 17 casos. De estos, 13 fueron archivados, otros sobreseídos, declarados inocentes o aún están en proceso de juzgamiento.

Por ejemplo, Andrés Durán Montenegro, candidato por Renovación Total (RETO), fue acusado de presunta calumnia en agosto de 2024, pero el proceso no puede avanzar porque no han podido encontrarlo para notificarlo. Durán es conocido en redes sociales por hacer denuncias de presunta corrupción, y se presenta como periodista con su sobrenombre de 'El Chochólogo'.

Esta alianza periodística contactó a Durán para pedirle su versión sobre esta denuncia, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Mientras que José Garzón Jácome (PSP, lista 3) fue acusado de una presunta estafa, en un caso de un migrante que pagó dinero para intentar llegar a Estados Unidos de manera irregular. Sin embargo, según consta en las actas del proceso, el denunciante desistió de la acusación después de haber llegado a un acuerdo para la devolución del dinero con los dos procesados, por lo que la Fiscalía se abstuvo de formular cargos. Y el juez dictó el sobreseimiento en 2022.

Esta alianza contactó a Garzón para pedirle su versión sobre esta denuncia. En su primera respuesta afirmó que su participación fue "haberle facilitado mi cuenta para que le depositen 2.000 que fueron entregados al denunciado Marco C.".

Pero, en su segunda respuesta, el candidato cambió de versión y dijo que "el falso denunciante nunca depositó en mi cuenta el valor indicado" (sic.).

Otro caso es el de Patricia Maigua Suntaxi, candidata del movimiento Pachakutik (PK, lista 18), que suma cuatro procesos judiciales, tres sin detalles de las acusaciones y uno por supuesta intimidación. Todos fueron archivados.

Esta alianza periodística contactó a Maigua para pedirle su versión sobre estas denuncias, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

La experiencia en el sector público

El 41% de los candidatos de la circunscripción 4 han tenido experiencia en el sector público, en 26 instituciones, principalmente en entidades municipales y ministerios. Los que más cargos han ocupado son Andrés Durán Montenegro (RETO), con siete cargos, y Alejandra Alvear Nieto (PSP), con seis puestos.

En el caso de Durán, no consta en la Contraloría su declaración final de gestión como asesor nivel 2 de la legisladora Mónica Palacios, en la misma Asamblea Nacional, cargo al que debía renunciar para postularse como candidato.

Durán es el único de los 23 postulantes que presentó declaraciones en cero dólares, en 2018 y 2023, es decir que no poseía ningún activo ni pasivo en ese momento. En cambio en su última declaración periódica de 2024 registró USD 41.184 de patrimonio.

Además de él, una docena de candidatos también ha incumplido con la Ley de la Contraloría pues no han presentado sus declaraciones patrimoniales de fin de gestión de alguno de sus cargos.

Nota de la redacción. El 4 de febrero de 2025, la candidata Paola Albuja remitió un pedido de réplica a PRIMICIAS en el que asegura que la investigación liderada por Fundamedios "expone datos sobre procesos penales en mi contra de manera inexacta y descontextualizada, generando interpretaciones erróneas".

Según su versión, en 2013 presentó una denuncia solicitando la apertura de una indagación previa por el delito de usura. Pero esta indagación fue archivada a los pocos meses, hasta 2019 cuando logró la reapertura del caso. La candidata asegura que, en ese lapso, "el denunciado —personalmente o a través de sus empresas— abusó del derecho, interponiendo múltiples denuncias" en su contra. 

Albuja asegura que las dos causas, por el supuesto delito de abuso de confianza, fueron archivadas, y en una adicional, por el supuesto delito de abuso de confianza, fue declarada inocente en Corte Provincial y en la Corte Nacional.

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