La figura del 'candidato presidente' desequilibró una vez más la tarima electoral, dicen observadores de OEA y UE

El presidente Daniel Noboa logró la reelección en el balotaje del 13 de abril. El candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) consiguió derrotar al correísmo por una amplia ventaja de 11 puntos y ratificó así sus próximos cuatro años en Carondelet.

Y, pese a que la candidata de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, insiste en unas supuestas irregularidades en el conteo de votos, sus propios coidearios y aliados han marcado distancia de esa teoría y han aceptado los resultados oficiales.

Incluso las misiones de observación internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) ratificaron la validez de los escrutinios. Sin embargo, sí apuntaron a las condiciones de inequidad en las que se llevó la contienda electoral.

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Esto debido a la dualidad de la figura del presidente y candidato, a la que se negó a renunciar Noboa y utilizó durante la campaña de primera y segunda vuelta. El Mandatario no solicitó la licencia que exige la Ley Electoral para las autoridades que aspiran a la reelección, bajo el argumento de que no era idónea para su campaña.

Es por eso que la misión de la UE afirmó que la campaña del presidente, que era candidato por horas o por días, “contribuyó a desdibujar aún más los límites entre ambos papeles y generó desequilibrio en las condiciones de competición”.

Mientras que la misión de la OEA constató que esa decisión “impactó en la equidad de la campaña electoral y debilitó la institucionalidad del Estado”. Y se refiere a “la activación de instancias electorales y judiciales con fines políticos, como decisiones del Poder Ejecutivo basadas en interpretaciones constitucionales unilaterales que generaron serias dudas sobre su validez jurídica”.

Pero, esto no es nuevo para la democracia ecuatoriana.

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Ya sucedió en 2013, cuando fue el turno del entonces presidente Rafael Correa. La única diferencia está en que el líder de la Revolución Ciudadana sí solicitó una licencia completa, sin embargo, el uso del aparataje estatal, de recursos públicos y la toma de decisiones con fines políticos marcaron esa contienda.

Ante el silencio o acción cómplice del Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Domingo Paredes (quien después se afilió al partido oficialista), el Gobierno correísta emitió largas cadenas de radio y televisión para atacar adversarios o defender a sus candidatos.

Ese Consejo también sacó del aire la propaganda electoral que afectaba al binomio Correa-Glas. Y los medios públicos e incautados hicieron su parte dando mayor espacio a los candidatos gobiernistas y negando accesos a la oposición, así como emitiendo contenido en su contra.

Así como ahora las instituciones, funcionarios y obras del Gobierno se visten de morado, en ese entonces el color oficial era el 'verdeflex', del entonces Alianza PAIS. Y bajo esos colores y cargos, autoridades locales y gobernadores, usaron recursos públicos en plena campaña.

Las ventajas

Las misiones internacionales de observación electoral recogieron los hechos que se suscitaron durante la campaña presidencial 2025, por ejemplo: "los medios estatales mostraron una clara preferencia por Daniel Noboa".

Así como anotaron las extensas y diarias cadenas oficiales por parte del Ejecutivo, autorizadas por el CNE, pese a que no se enmarcaban en las excepciones establecidas en el Código de la Democracia para la difusión de temas de importancia nacional durante el periodo electoral. 

Pero también señalaron la incapacidad de las autoridades electorales de regular el gasto en redes sociales, que los candidatos y sus organizaciones políticas no declararon. En la primera vuelta, el techo para el gasto electoral fue de USD 5,49 millones para cada binomio, pero Daniel Noboa y Luisa González declararon apenas haber utilizado el 4% de ese monto.

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Para la segunda vuelta, el límite de gasto electoral era de USD 2,19 millones para cada binomio. Sin embargo, ADN reportó un presupuesto de USD 134.618 y la RC, uno de USD 200.000, tanto en ingresos como en gastos, en general.

Pero, según los reportes de META, que abarca a Facebook e Instagram, solo la cuenta de Daniel Noboa gastó más de USD 360.000 en pauta durante la semana de la votación. Sin contar las cuentas del mismo ADN (64.000), de Ecuador Resuelve (USD 88.000) y que, en esta ocasión, se sumaron a la difusión pagada en redes las cuentas de Annabella Azin (USD 18.000) y Lavinia Valbonesi (7.000).

Solo entre el 16 de marzo y el 13 de abril, el presidente candidato pautó USD 693.129, según META. Esto no incluye la publicidad en Google, Youtube, TikTok o X.

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Los observadores internacionales también destacaron la ubicación de materiales de campaña en espacios públicos, que “no siempre fueron homogéneas y la aplicación de sanciones fue a menudo incoherente y dependió en ocasiones de las tendencias políticas de los alcaldes”.

Otro problema señalado fue la tradicional e ilegal entrega de dádivas en campaña, “la distribución de alimentos básicos y regalos en algunas de las comunidades más vulnerables por parte de gobernadores, prefectos y alcaldes en el marco de las campañas de ambos candidatos”.

El presidente Noboa lo hizo personalmente. En los días en los que no era candidato recorría las zonas afectadas por las inundaciones para entregar colchones, ropa, comida e incluso electrodomésticos a los ciudadanos.

Y ese ha sido uno de los pilares de campaña desde 2023, en el que colaboran también su madre y su esposa. 

La primera recorre el país con sus brigadas médicas, incluso siendo ella misma candidata a la Asamblea, y la segunda visita barrios empobrecidos para entregar ayudas o pasteles de cumpleaños a la población más vulnerable y a impulsar su proyecto Ana. Ambas dejando siempre en claro que lo hacen en el nombre de Daniel Noboa.

Otro elemento que pudo ser determinante fueron los 14 beneficios estatales que emitió el presidente Noboa, en los días en los que decidía no ser candidato, desde el inicio de la contienda en enero: bonos, becas y pagos, por más de USD 518 millones.

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Se trató de beneficios para emprendedores, jóvenes y adultos sin trabajo, militares y policías, familias afectadas por derrames de petróleo y por el invierno e incluso, bonos para compra de vivienda o incentivos para que los transportistas accedan a chatarrizar sus vehículos.

Sin embargo, el Gobierno nunca detalló de dónde provendrían los recursos para estas transferencias de dinero que no estaban en el Presupuesto General del Estado de 2024. Y en algunos casos, tampoco se ha mencionado cuánto costarían las medidas.

Por ello, las misiones internacionales reprocharon la falta de control oportuno e inmediato, no solo de las autoridades electorales, sino también de la Contraloría, en el uso de recursos públicos durante la campaña. Todas ellas conformaron parte de una estrategia que le dio ventajas a Noboa como candidato por sobre sus contendores.