Esta es la aclaración de Segura EP al Gobierno: Las cámaras siguen activas y "son de los guayaquileños"

Casi una hora después de la denuncia del ECU 911, sobre el presunto bloqueo de 16.000 cámaras de videovigilancia en Guayaquil, llegó la respuesta de los directivos de la empresa Segura EP, la tarde este 26 de septiembre. 

En otra rueda de prensa, esta vez realizada en Guayaquil, el titular de Segura EP desmintió que las cámaras fueron desconectadas o bloqueadas. 

"Las cámaras de videovigilancia no han sido desconectadas en ningún momento. El servicio sigue activo y enlazado con todas las instituciones. Son recursos de los guayaquileños", indicó el presidente de Segura EP, Fernando Cornejo.

Aunque Cornejo aclaró que por resolución del gobierno, el personal del ECU911 es el responsable de recibir llamadas, almacenar datos (llamadas y videos), y coordinar con las entidades de respuesta.

"Desde hoy, la atención de emergencias de Guayaquil es gestionada por ECU911", añadió Cornejo. 

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También se agregó que entre mayo 2023 y septiembre 2024, Segura EP atendió más de 2,1 millones de alertas, de las cuales 744.000 fueron emergencias reales en seguridad ciudadana, gestión sanitaria y gestión de siniestros.

Esta disputa por las cámaras de seguridad en Guayaquil ocurre luego del Decreto Ejecutivo 397, con el que el presidente Daniel Noboa ordenó que las cámaras de videovigilancia de los municipios pasen a control  del órgano rector en materia de monitoreo.

En su rueda de prensa desde Quito, el ECU 911 señaló que existiría una controversia entre el gobierno y la Alcaldía de Guayaquil de Aquiles Alvarez, que creó la empresa Segura EP, en torno al decreto de Noboa. 

Pero las autoridades del ECU 911 aseguraron que el Gobierno no busca quitar el servicio de videovigilancia o la infraestructura de los centros municipales, sino articular las acciones de seguridad y despacho de emergencias.

Por su parte, Alvarez señaló en un mensaje de la red social X que luego de que el ECU 911 asumió el contro de la vigilancia, "exigimos que se mantenga la calidad de este servicio vital para 2,8 millones de ciudadanos".