Argentina baja la edad de imputabilidad penal a 14 años y Milei lo califica como “un acto de justicia”

El Senado de Argentina aprobó este viernes 27 de febrero de 2026 un nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una decisión que el Gobierno de Javier Milei la catalogó de "un acto de justicia ante la sociedad". 

"A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto", señaló un comunicado de la oficina del presidente Milei.

Esta iniciativa marca otro triunfo legislativo para el Presidente de Argentina, ya que este proyecto se ha debatido en el Congreso a propuesta de su Gobierno, que inició la segunda parte de su mandato fortalecido tras ganar las elecciones legislativas de octubre.

El Senado argentino aprobó el proyecto de reforma por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, en la última sesión del período extraordinario que finaliza este sábado para dar lugar al curso legislativo ordinario.

La iniciativa se convirtió en ley tras haber recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados, el pasado 12 de febrero, por 149 votos a favor y 100 en contra.

"Matar no puede ser gratis, ni para un menor de 14 años ni para una persona mayor", argumentó este viernes la senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional del Gobierno de Javier MIlei e impulsora del proyecto.

El objetivo de la ley es "fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social".

Ley aprobada por Senado de Argentina

Penas de hasta 15 años de cárcel

Las penas privativas de libertad no podrán superar los 15 años y se podrán cumplir en el domicilio, en un centro de menores o en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

La propuesta original promovida por el Gobierno argentino fijaba el inicio de la edad mínima de punibilidad en 13 años, pero la elevó a 14 ante las críticas de la oposición.

Cuando las condenas sean de hasta tres años, o de entre tres y diez años y no correspondan a delitos graves, la pena de prisión será sustituida por otras sanciones, como amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, inhabilitación para conducir vehículos, restricción de concurrir a determinados establecimientos recreativos o de salir del país, así como la prestación de servicios a la comunidad.

Según el Ejecutivo, el costo de implementación del nuevo régimen superaría los 23.000 millones de pesos (unos USD 16,08 millones).