Conflicto armado en Colombia: un militar de la legión francesa secuestrado y tres menores mueren en reciente bombardeo

En medio del anuncio del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, de romper cualquier diálogo con los grupos armados de su país, la violencia en el conflicto con las guerrillas y grupos narcotraficantes recrudece. 

En las últimas 24 horas, dos hechos han marcado el desarrollo del enfrentamiento entre el gobierno del mandatario De la Espriella con las disidencias de las FARC y otras organizaciones armadas.

En la tarde de domingo, la mayor disidencia de las FARC, el Estado Mayor Central o EMC se atribuyó el secuestro de un militar colombiano que actuaba para la legión francesa. 

Se trata de José Olger Melo Charry, miembro activo del Ejército francés, quien fue tomado como rehén el 6 de agosto cuando transitaba por una carretera del departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia y fronterizo con Ecuador. 

La zona está dominada por grupos armados que se financian del narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos.

"Está vivo, en perfecto estado de salud, y ha recibido atención médica y alimentación", añadió la disidencia de las FARC. 

El hombre estaba autorizado a permanecer en territorio metropolitano francés, pero no a viajar a Colombia, según el ministerio de Defensa francés.

La Legión Extranjera Francesa es una unidad élite del Ejército de ese país conformada principalmente por voluntarios de decenas de nacionalidades que combaten en operaciones militares internacionales.

Prisionero de guerra

Melo tiene entre 34 y 35 años y había llegado al país un día antes del rapto. Viajaba con una mujer que también fue tomada como rehén y liberada horas después, según autoridades colombianas.

Al mando de alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia, el EMC condicionó la seguridad del rehén al cese de los ataques de la fuerza pública contra sus filas.

Su "integridad física está plenamente garantizada mientras no se lleve a cabo ninguna operación militar hostil en la zona" donde fue secuestrado, precisó el EMC. 

La disidencia responsabilizó al nuevo presidente de derecha Abelardo De la Espriella de "cualquier intento de operación de rescate militar que ponga en peligro la vida del prisionero de guerra" y amenazó con que "toda acción militar recibirá una respuesta".

En el poder desde el 7 de agosto, el mandatario impone una línea dura para combatir a los grupos armados y ya ha ordenado mortíferos bombardeos en regiones controladas por narcos.

El Ejército colombiano sospecha que Melo permanece junto a algunos agentes que han sido secuestrados en una montaña de los Andes.

La peor ola de violencia

Colombia, vecino de Ecuador, vive la peor ola de violencia en la última década tras la firma del acuerdo de paz de 2016 que desmovilizó al grueso de las FARC.

El EMC rechazó el pacto y junto a otros grupos desafían al gobierno de De la Espriella con ataques con drones explosivos, secuestros y otros crímenes.

Ante la fallida política de pacificación de su antecesor, el mandatario ofreció desmontar cualquier negociación con las organizaciones ilegales al considerar que la paz "se impone con las armas".

Como parte de esa 'mano dura' del presidente De la Espriella, el gobierno actual ha ordenado atacar a los grupos armados y un nuevo bombardeo en la Amazonía colombiana, realizado el 31 de agosto, terminó con la muerte de tres menores de edad. 

Se trata del segundo ataque aéreo realizado por el Ejército desde que el presidente derechista asumió el poder el 7 de agosto y deja un total de 10 muertos.

Nueve de los cuerpos ya fueron identificados y entre ellos tres eran menores de edad, indicó Medicina Legal en un comunicado en la noche del domingo sin especificar su edad.

Según el ministerio de Defensa, dos de los menores tenían 15 años y otro, 16.

El bombardeo tuvo lugar en la madrugada del jueves en el departamento del Guaviare, en el sur del país.

Los abatidos integraban las filas de una disidencia de las FARC que rechazó firmar el histórico acuerdo de paz en 2016.

El año pasado se registraron 428 casos de reclutamiento de menores por parte de grupos armados, según la Defensoría del Pueblo.