El vértigo político de Donald Trump abre debate sobre los límites de su poder como presidente de Estados Unidos

Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca con prisas por desplegar su poder. El presidente de Estados Unidos trata de extender su autoridad ejecutiva más allá de los límites que marcan las leyes y la Constitución. Ha efectuado purgas saltándose las salvaguardas legales, ha ordenado no hacer cumplir normas que le incomodan, ha eliminado protecciones medioambientales de forma dudosa y, en general, ha regulado por decreto asuntos que exceden sus competencias. Los jueces ya han suspendido dos de sus decisiones. La primera, al intentar derogar la nacionalidad por nacimiento para los hijos de inmigrantes que están de forma irregular en Estados Unidos. La segunda, al tratar de congelar desembolsos de partidas multimillonarias, en su mayoría destinadas a gasto social, aprobadas por el Congreso. Otras muchas resoluciones, como el veto a las personas trans en el Ejército, también han sido impugnadas.

Un día después de que una jueza suspendiera la entrada en vigor de esa instrucción dictada el lunes 27 de enero por la oficina presupuestaria de la Casa Blanca para la congelación de desembolsos, la Administración de Donald Trump dio marcha atrás y la retiró este miércoles 28 de enero. Esa confusa decisión había desatado el caos en las agencias federales, que no tenían claro hasta qué punto les afectaba. La página web de pagos de Medicaid, el sistema de seguro médico para personas necesitadas que cubre a una quinta parte de la población, dejó de estar operativa, y un aviso señalaba a las órdenes ejecutivas dictadas por Trump. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no supo responder en su primera rueda de prensa si la paralización de los desembolsos afectaba a Medicaid. Después, la oficina presupuestaria aseguró que no, pero la web seguía inoperativa.

La instrucción inicial y las explicaciones posteriores entraban en contradicción y eran demasiado generales, provocando inseguridad jurídica no solo a los funcionarios encargados de aplicarla sino, sobre todo, a los beneficiarios de los desembolsos. La Casa Blanca insistió en que las prestaciones directas a individuos no se suspendían, pero muchas de las ayudas llegan canalizadas de forma indirecta, a través de gobiernos estatales y locales o de organizaciones no gubernamentales.

La congelación de desembolsos despertó a una resistencia contra Trump que estaba aletargada ante la exhibición de poder del presidente en los primeros días de su nuevo mandato. Los demócratas reaccionaron en bloque y junto a ellos se movilizaron organizaciones de la sociedad civil. No solo criticaron la instrucción de la oficina presupuestaria, sino que pasaron a la acción con iniciativas ante los tribunales.

Una jueza federal de Washington, nombrada por Joe Biden, suspendió la aplicación de la directiva minutos antes de la hora prevista para su entrada en vigor. Atendió así un recurso del Consejo Nacional de Organizaciones Sin Ánimo de Lucro. La demanda alegaba que incluso una interrupción temporal de la financiación podría “privar inmediatamente a las personas y comunidades de sus servicios vitales”, incluida la atención médica, el apoyo a las pequeñas empresas y los programas para la comunidad LGTBIQ.

“No es un rey”

La Constitución otorga al Congreso el poder de aprobar las partidas presupuestarias y obliga al Ejecutivo a desembolsar el dinero. Una ley de 50 años de antigüedad conocida como Ley de Control de Inmovilizaciones prohíbe al presidente detener los pagos de subvenciones u otros programas aprobados por el Congreso, salvo siguiendo un procedimiento tasado que necesita pasar de nuevo por el legislativo.

“El presidente puede vetar o apoyar leyes. Puede hacer recomendaciones al Congreso. Pero no tiene el derecho unilateral de cambiar las leyes. Trump tiene muy poco respeto por el Estado de derecho y nuestra Constitución. Nos está llevando hacia el autoritarismo. Debemos detenerle”, tuiteó el senador por Vermont, Bernie Sanders. “Bajo nuestro sistema de controles y equilibrios, ningún presidente tiene derecho a elegir qué leyes seguir y qué leyes ignorar”, indicó además en un comunicado. “Si el presidente Trump quiere cambiar las leyes de nuestra nación, tiene derecho a pedir al Congreso que las cambie. No tiene derecho a violar la Constitución de Estados Unidos. No es un rey”, añadió.

“Las acciones de la Administración de congelar la financiación de programas por todo el país en todos los departamentos es, en mi opinión, el asalto más atroz a la autoridad del Congreso en la historia de Estados Unidos. Básicamente, anula el poder del Congreso establecido en la Constitución”, señaló en un vídeo difundido en sus redes sociales el senador por Maine, Angus King, independiente alineado con los demócratas.

Incluso sus aliados reconocen la vocación de Trump de extender su autoridad. “Creo que está poniendo a prueba los límites de su poder, y no creo que a ninguno de nosotros nos sorprenda”, dijo el senador republicano por Dakota del Norte, Kevin Cramer, cercano al presidente, según recoge AP.

La disputa sobre las partidas de gasto es en realidad uno de los últimos episodios en el intento de Trump de ampliar su poder, forzando las costuras constitucionales y el sistema de controles y equilibrios que ha definido la democracia estadounidense durante la mayor parte de sus casi 250 años de vida. En última instancia, parte de los conflictos que resuelven los jueces pueden acabar en el Tribunal Supremo, con una mayoría conservadora de seis jueces a tres, tres de ellos nombrados directamente por Trump. La portavoz de la Casa Blanca aseguró el lunes 27 de enero expresamente que el Gobierno republicano está dispuesto a llegar al Supremo en el caso de la nacionalidad por nacimiento.

Las prioridades de Trump

Trump es el primer presidente que recupera el cargo tras haberlo perdido desde Grover Cleveland a finales del siglo XIX. Ha asumido el poder con experiencia, rodeado de leales y con planes definidos que ejecutar, incluidas deportaciones masivas de inmigrantes, bajadas de impuestos, aranceles generalizados y desregulación. Entre sus prioridades está, lo que llama, luchar contra lo que denomina el “Estado profundo”, que en realidad viene a traducirse en cualquier obstáculo para aplicar sus políticas.

Ha fulminado las políticas federales de diversidad, igualdad e inclusión. Quiere reducir el tamaño de la Administración y ha ofrecido ocho meses de sueldo a los funcionarios que prefieran dimitir en lugar de volver a la oficina para cumplir su orden de trabajo presencial. Además, destituyó a numerosos inspectores generales, una especie de interventores encargados de combatir prácticas corruptas en las agencias y departamentos del Gobierno. En su afán de revancha, también despidió a los fiscales y empleados del Departamento de Justicia que le investigaron.

En su primera rueda de prensa en la Casa Blanca, a Leavitt, le preguntaron este lunes por esos despidos, que aparentemente vulneraban la ley. “Esta Casa Blanca, o la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca, cree que el presidente tenía autoridad ejecutiva para hacerlo”, contestó Leavitt. “(Trump) es el jefe de la rama ejecutiva y, por lo tanto, tiene el poder de despedir a cualquier persona dentro de la rama ejecutiva que desee”, contestó. Antes de su salto a la política, la frase que convirtió a Trump en una estrella de la telerrealidad fue precisamente: “¡Estás despedido!”.

Contenido publicado el 29 de enero de 2025 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.