A dos años de la sorprendente captura del Mayo Zambada, nuevas pistas tensan más la diplomacia entre México y Estados Unidos

Un hombre de 76 años, canoso y enfermo, protagoniza el último intercambio de arañazos entre México y Estados Unidos. Es el Mayo Zambada, el antaño poderoso narcotraficante sinaloense, representante de la vieja escuela, que llegó en circunstancias extrañísimas al norte de la frontera hace ahora dos años y que desde entonces vive preso, sin esperanzas de volver a salir. Su imagen se apodera de la conversación binacional estos días, el recuerdo de su traslado, las circunstancias que rodearon su viaje en avioneta de Culiacán a Nuevo México, un secuestro en realidad. Al sur de la frontera, el episodio es una llaga que supura y no cierra, un ataque, defiende el Gobierno, a la soberanía nacional; al norte, es el origen de su último gran trofeo, el símbolo del relato de corrupción que arrojan sobre el vecino.

Todo ha cambiado mucho desde aquel 25 de julio de 2024, cuando el Mayo llegó obligado a un aeródromo fronterizo. México y Estados Unidos tenían presidentes distintos, la diplomacia prevalecía. Sinaloa se erigía en un importante nodo logístico criminal, relativamente pacífico, gracias a la famosa pax narca. El Mayo vivía tranquilo entre la sierra y el sur de Culiacán y Rubén Rocha, el gobernador, mandaba sin el peso de la justicia estadounidense, carga que llegaría después, en forma de acusaciones por narcotráfico. El Mencho y su Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hacían y deshacían en el Pacífico central y el Bajío, ignorantes de su caída posterior. Y entre medias, de Tijuana a Cancún, violencia. México contó más de 30.000 asesinatos cada año, durante varios años. Era el estado de las cosas. Y entonces, el secuestro, la avioneta.

Al principio culparon a Joaquín Guzmán López, uno de los cuatro hijos del Chapo Guzmán. Viejo socio del Mayo en el narco, maestro de túneles y escapes, el Chapo había sido detenido finalmente en 2016 y luego extraditado al norte. Lo condenaron a cadena perpetua (más otros 30 años, por si acaso), y desde entonces ha vivido preso en una cárcel de Arizona, de cuyas condiciones se ha quejado varias veces. Detrás, con los negocios, dejó a sus cuatro hijos, dos de los cuales seguirían sus pasos carcelarios. Primero fue Ovidio, detenido en enero de 2023 en Sinaloa y extraditado después. Y luego, Joaquín, que se entregó. Hasta ahora, se desconocen sus motivos, pero se saben dos cosas. Una, que se fue con el Mayo en la avioneta, él como captor y el otro como cautivo. Dos, que aceptó declararse culpable, igual que antes su hermano Ovidio, puerta de entrada a colaborar con la autoridad.

El Mayo también ha aceptado declararse culpable, aunque ha señalado que de colaborar, nada. El capo abraza la cadena perpetua que planea sobre su cadáver criminal y pide solamente, como dijo en una carta que mandó al juez esta semana, que tenga en cuenta su edad y su salud precaria. No quiere un encierro como el del Chapo en el que, protesta este último, ni siquiera puede respirar aire limpio. En Sinaloa, mientras tanto, colea la guerra por el vacío que dejó el Mayo, y que enfrenta a los suyos, liderados por uno de sus 16 hijos, Ismael Zambada Sicarios, alias Mayito Flaco, con los hermanos restantes de Joaquín Junior, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, ases de la baraja criminal que maneja Washington, cuya detención se rumorea cíclicamente, pero que, de momento, no llega.

• Las sombras de la soberanía en México

En esas coordenadas discurre el presente en Sinaloa. El Gobierno anda al ataque en el plano narrativo, táctica que extrapola al país en general, señalando un descenso claro de la violencia homicida después de año y medio de guerra. Sinaloa ha registrado un 44% menos de asesinatos entre junio de 2025 y julio de este año, menos de cuatro al día, según sus propias cifras, actualizadas a esta semana. Hace un año llegaron a ser casi siete. Ocurre, sin embargo, que la estadística es engañosa, porque a veces la Fiscalía local, encargada de los datos, cuenta mal o no añade a todas las víctimas. Ocurre también que una detención o la muerte de algún alfil de los grupos en brega hace que la violencia aumente de nuevo.

La telaraña de relaciones –alianzas, pero últimamente, sobre todo, traiciones– de las familias Guzmán y Zambada comparte espacio con la estadística en la estrategia narrativa del Gobierno. El fuego ha prendido de la manera más caprichosa sobre el bosque de la relación bilateral, que acusa las olas de calor de estos meses, los rifirrafes entre Washington y Ciudad de México, algunos verdaderamente innecesarios. La chispa esta vez ha sido el anuncio del FBI de que donaría la avioneta en que el Mayo llegó secuestrado a Nuevo México al mismo museo del aeródromo, asunto que ventiló en una disparatada rueda de prensa y que detalló a dos medios mexicanos. Uno de los medios en cuestión, Pie de Nota, añadió además que contaba con información que probaba que el FBI había orquestado el secuestro de Zambada y su traslado al país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha agarrado a esa información y ha dedicado varias horas al tema esta semana. Ha exigido que se aclare si es cierto que el FBI participó en el secuestro, porque en caso de que sí, habría violado leyes locales y tratados internacionales. Esto, además, cuando la bitácora reciente binacional recoge el trasquilón de abril, cuando Sheinbaum y su gabinete descubrieron (y criticaron) la participación de la CIA en operativos locales antidroga en Chihuahua. Aquellas críticas chocaron poco después con las sorpresivas acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra el gobernador Rocha y otros nueve políticos sinaloenses, en la órbita del partido de Sheinbaum, publicadas, aparentemente, sin que nadie en México pudiera hacer nada para evitarlo.

El enojo de Sheinbaum ha puesto en marcha el aparato burocrático del Estado mexicano, aunque las consecuencias seguramente no son las deseadas por la mandataria. El miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) dio una conferencia de prensa para reforzar el argumento sugerido desde Palacio Nacional, de que los acuerdos de colaboración de los hermanos Guzmán con la justicia estadounidense forman parte de un pacto mayor, que incluía el secuestro de Zambada. La FGR denunció que el FBI había dado información incompleta y parcial a sus requerimientos desde 2024 sobre el caso y dio por falsas las aseveraciones de EE UU sobre la abstinencia del país en el caso Zambada. Hasta ahí, lo esperable. El problema vino después.

Las protestas de la FGR sobre la falta de información del secuestro de Zambada han chocado con sus propios datos, que confirman en realidad una información de Los Angeles Times de hace unos meses. Resulta que, en julio de 2024, cuando la avioneta que transportaba a Zambada y Guzmán llegó a Nuevo México, el FBI detuvo también al piloto que la manejó. Según dijo esta semana la FGR, las autoridades migratorias de EE UU lo deportaron. El piloto, que al parecer trabajaba para los hermanos Guzmán, siguió delinquiendo. Las autoridades mexicanas lo detuvieron y, eventualmente, lo mandaron expulsado a EE UU, como parte de los paquetes de criminales que México ha enviado al norte, para satisfacer las críticas constantes de Donald Trump por su falta de acción contra el crimen. La pregunta es evidente: ¿por qué protesta tanto la FGR por la falta de información sobre el vuelo y el secuestro, si tuvieron en sus manos a uno de sus protagonistas y lo dejaron marchar?

La respuesta a esa pregunta es el hilo suelto del tapete que bordan ambos países, que encuentran en las familias del narcotráfico sinaloense motivos para golpearse. El Mayo, mientras tanto, aguarda una sentencia. Su encierro presente espejea, guardando las distancias, el de Rubén Rocha. El gobernador, veterano de la política local, dejó su cargo temporalmente mientras se aclaran las acusaciones en su contra y vive recluido en su casa de Culiacán. Es difícil que se entregue, como sí ha hecho al menos otro de los acusados, el que fue su jefe de policía, un general del Ejército en retiro. Esta semana, el Gabinete de Seguridad desmintió el último de mil rumores, el traslado de urgencia de Rocha en Culiacán, al detectarse un intento de EE UU de detenerlo. Es mentira, han dicho.

Contenido publicado el 11 de julio de 2026 en El País ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.