El Salvador aprueba la cadena perpetua: Bukele obtiene su reforma contra "homicidas, violadores y terroristas"

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el martes una histórica reforma constitucional impulsada por el presidente Nayib Bukele que permite la cadena perpetua en prisión para "homicidas, violadores y terroristas", en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.

La medida, impulsada por el gobierno de Bukele y apoyada por sectores de la oposición, representa un cambio radical en el sistema judicial salvadoreño al eliminar la prohibición constitucional de penas perpetuas de prisión en el país, con el propósito de asegurar que los pandilleros detenidos bajo el régimen de excepción no salgan nunca de prisión.

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Hasta ahora la condena máxima a prisión en El Salvador era de 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia.

"Que cumplan su pena para siempre"

Tras su aprobación, que se dio sin estudio ni debate previo, la Asamblea debe ratificar la reforma en otra sesión plenaria para que entre en vigencia y se cambie el texto de la Constitución.

"Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas", dice la reforma aprobada por 59 de los 60 diputados que integran la Asamblea.

Con ello se busca que los criminales "no salgan a la calle y que cumplan su pena para siempre", dijo Suecy Callejas, vicepresidenta parlamentaria.

Al presentar la iniciativa, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que la "guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene", en referencia a los pandilleros.

Bukele, con poderes casi absolutos, presentó su iniciativa a la Asamblea días después de que organizaciones no gubernamentales lo acusaran de cometer "crímenes de lesa humanidad" en su política contra la delincuencia, que varios países latinoamericanos buscan emular.

El Salvador cumplió recientemente cuatro años bajo un régimen de excepción que se aprobó en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país que por años fue considerado como uno de los más violentos del mundo.

Miles de inocentes encarcelados 

Bajo el régimen de excepción se han encarcelado a más de 91.300 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con esos grupos, y han muerto bajo custodia de agentes del Estado al menos 500 detenidos, lo que ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos,  pues miles de personas inocentes han sido encarceladas bajo la política antipandillas.

Organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y otras internacionales y salvadoreñas aseguran que el régimen de excepción se ha usado también para silenciar a los defensores de derechos humanos y a voces críticas al gobierno, ahora en el exilio.

Reinserción social

Bukele no cree en la reinserción social de los pandilleros. "Es un delito continuado, las mismas reglas de las pandillas establecen que nadie deja de ser miembro hasta el día de su muerte", subrayó una declaración de la Presidencia.

Según el World Prison Brief, El Salvador, con unos 1.700 prisioneros por cada 100.000 habitantes, tiene la mayor población carcelaria del mundo.

El estado de excepción es la piedra angular de la política de seguridad de Bukele, que redujo a mínimos históricos los homicidios, pero que es señalado de graves violaciones a los derechos humanos.

La agrupación humanitaria Socorro Jurídico asegura que unos 500 presos han muerto  sin haber sido sometidos a juicio, y que 94% de ellos "no tenían perfil de pandilleros".

En el marco del estado de excepción también se desarrollan juicios masivos, en los cuales los presos son agrupados según su supuesta pertenencia a una célula pandillera.

El gobierno sostiene que allí las penas se determinan de acuerdo con el grado de responsabilidad, pero de momento no está claro si la reforma será retroactiva o qué impacto tendrá en esos procesos.

"Pozos humanos"

"Los centros penales se van a convertir en pozos humanos", dijo la abogada penalista Roxana Cardona, quien advirtió que esto puede afectar a inocentes sometidos a esos juicios.

Hace una semana, un grupo de juristas internacionales denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los "crímenes de lesa humanidad" del gobierno abarcan "tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos".

Por su parte, HRW señaló el lunes que el gobierno de Bukele mantiene en "desaparición forzada" a por lo menos 11 migrantes salvadoreños que fueron deportados por Estados Unidos hace un año junto con 252 venezolanos, acusados sin pruebas de pertenecer a bandas criminales.

En su discurso en la Asamblea, el ministro Villatoro arremetió contra los grupos de defensa de los derechos humanos. "Son unos demonios que representan la maldad, la pobreza y la inseguridad", dijo.

"Esas organizaciones globalistas criminales que defienden criminales van a tener que seguir poniéndose a prueba. Ya se quitaron recientemente la máscara", agregó.

En los últimos días, Bukele también acusó a las organizaciones de derechos humanos de ser "bufetes legales internacionales del crimen".