CIDH pide a El Salvador "poner fin a la suspensión de derechos" y el Gobierno reacciona

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe el 4 de septiembre de 2024 respecto al régimen de excepción en El Salvador, vigente desde marzo de 2022, en el que, entre otras medidas, se invitó al renovado gobierno de Nayib Bukele a brindar una "reparación integral" a las víctimas de presuntos atropellos en medio de un contexto de suspensión de garantías constitucionales.

En su informe "Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador", la CIDH, recomendó  "elaborar e implementar un plan de reparación integral para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las detenciones del régimen de excepción, considerando la perspectiva de género y la interseccionalidad de otros factores de vulnerabilidad y discriminación".

La comisión perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) también señaló "denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas por parte de las fuerzas de seguridad" mientras consideró necesario "identificar [...] las posibles responsabilidades institucionales e individuales".

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Adicionalmente, la CIDH recomendó "poner fin a la suspensión de los derechos y garantías restringidas en el marco del régimen de excepción", entre las que se encuentran la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.

Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.

Reacción del Gobierno salvadoreño

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, perteneciente al Gobierno de El Salvador , cuestionó el informe de la CIDH.

"Además de los problemas metodológicos, el informe y las circunstancias de su elaboración ponen en evidencia una preocupante falta de transparencia e imparcialidad", señaló la Comisión salvadoreña en un comunicado.

Criticó que "tanto la CIDH como Cristosal, una de las principales fuentes del informe, reciben financiación de las mismas entidades, como son la Open Society Foundation y la Ford Foundation".

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"A la fecha, la CIDH no ha proporcionado una explicación satisfactoria sobre cómo se seleccionan sus fuentes, testigos, procesos de entrevista y selección, ni ha demostrado de manera clara y pública que sus decisiones están libres de influencias externas", agregó.

Sobre las recomendaciones hechas por la CIDH, la entidad salvadoreña indicó que "como Estado, procederemos a revisarlas y analizarlas de manera exhaustiva para evaluar cada observación en su contexto".