En medio de la polémica por la chatarrización de vagones, trenes y rieles pertenecientes a la Empresa Pública de Ferrocarriles -en liquidación-, Joaquín Moscoso fue removido del INPC.
La polémica sobre la chatarrización de trenes y vagones de Ferrocarriles del Ecuador tiene un nuevo apartado. Se trata de la salida de Joaquín Moscoso de la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
Así lo confirma el propio Moscoso en un comunicado, y en el que afirma que su salida fue decidida al interior del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Moscoso escribe que su último acto como director fue defender los bienes de interés histórico y cultural del sistema ferroviario del país. Lo hizo, según dice, desde una “visión eminentemente técnica”.
“Tengo el profundo convencimiento que, sin importar las consecuencias, mi deber, misión y obligación era, y es, defender y garantizar la conservación y preservación de los bienes patrimoniales y de interés cultural del Tren Alfaro, símbolo de la unidad nacional”.
El Instituto Nacional de Patrimonio afirmó que en mayo de 2020 indicó a la Gerencia de Ferrocariles que la Red Ferroviaria está declarada patrimonio cultural del Estado.
“En ese mismo oficio el INPC comprometió su disposición y asesoría técnica sobre el mejor destino al que estos bienes pueden acceder”, reza el texto.
Pero esto, de acuerdo al Ministerio de Cultura, no es así.
La perspectiva del Ministerio
Publicado también el 10 de diciembre, el comunicado del Ministerio de Cultura habla de los problemas en el INPC. Además, da una explicación a la salida de Moscoso, sin nombrarlo. Lo enmarca en un conjunto de acciones necesarias para “garantizar la adecuada gestión de control técnico de nuestro patrimonio cultural”.
También en el comunicado se detallan supuestas acciones tardías por parte del INPC:
- Asentamientos informales y huaquerismo en el complejo arqueológico Cerro de Hojas-Jaboncillo.
- Huaquerismo en el sitio arqueológico Balsamaragua (Jaramijó) e incapacidad para elaborar informes técnicos.
- Falta de un inventario y protección de los bienes inmuebles de arquitectura moderna del Ecuador.
En la mitad del comunicado, el Ministerio asegura haber recibido con sorpresa la posición del INPC ante la Empresa de Ferrocarriles:
“Esto ha generado confusión e intranquilidad en la ciudadanía, a pesar de que, según informes del propio INPC, dichos vagones NO SON PARTE DEL PATRIMONIO NACIONAL, y, además, se encuentran “…en condiciones de deterioro, desuso, obsolescencia y vandalismo”, por lo que el Ministerio de Cultura y Patrimonio no puede asumir la responsabilidad de tal pronunciamiento”.
El 20 mayo de 2020, el presidente Lenín Moreno firmó 10 decretos ejecutivos, que eliminaron dos instituciones públicas y liquidaron ocho empresas públicas. Ferrocarriles de Ecuador estaba en esa lista.
En septiembre pasado, el INPC “entregó al Liquidador de Ferrocarriles del Ecuador EP el Informe final consolidado de análisis de riesgos: Ferrocarriles del Ecuador EP, filiales: Sur-Centro-Norte-Litoral (…)”.
De acuerdo a su versión, el Instituto realizaba la revisión de los elementos “a fin de verificar su valor patrimonial y emitir las observaciones, sugerencias y recomendaciones correspondientes para su protección”.
Pero a mediados de noviembre de 2020 trascendió que ya estaba en marcha un proceso de chatarrización, con vagones salidos de Riobamba, hacia Salcedo.
La empresa confirmó el traslado de estos bienes, pero aseguró que no eran parte de la operación. Así como que no habían sido usados por más de 20 años y que no eran patrimoniales.
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