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Economía

Así fue como Finanzas pagó USD 22 millones a los hermanos Bucaram Aivas

El Ministerio de Finanzas dijo que pagó los USD 22 millones porque el incumplimiento de sentencias puede acarrear multas y destitución de autoridades.

Imagen referencial de la Plataforma Financiera, donde funciona el Ministerio de Finanzas, norte de Quito.

Imagen referencial de la Plataforma Financiera, donde funciona el Ministerio de Finanzas, norte de Quito.

Flickr El Ciudadano.

Autor:

Evelyn Tapia

Actualizada:

16 may 2024 - 12:08

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A pesar de que en diciembre de 2023 el Estado enfrentaba una grave crisis de liquidez en su Presupuesto, al punto de que no pudo pagar completos los sueldos a los funcionarios públicos, el Ministerio de Finanzas priorizó el pago de USD 22 millones a tres hermanos, por un litigio de tierras.

El pago se dio a pesar de que el presidente Daniel Noboa y su ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, hicieron una cadena nacional informando que "Ecuador está en su peor momento", en alusión a la situación económica.

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Ahora, casi cinco meses después, para cumplir una sentencia de la Corte Constitucional, el Ministerio de Finanzas tiene que recuperar esos USD 22 millones que pagó a los hermanos José Fernando, Elías y Juan Bucaram a través de bonos internos del Estado.

El problema es que los hermanos Bucaram ya vendieron esos bonos en el mercado de valores y hoy los nuevos dueños de los papeles temen no poder cobrar su dinero.

La cronología del lío legal

¿Cómo se originó este polémico pago que hoy el Ministerio de Finanzas debe recuperar tras un fallo de la Corte Constitucional que lo ordena?

Todo comenzó con un cuestionado litigio de tierras en la isla Palo Santo (Guayas), entablado el 3 mayo de 2021 por los hermanos José, Elías y Juan Bucaram Aivas en contra del Ministerio de Agricultura.

Los Bucaram Aivas pretendían que les den la titularidad de 3.200 hectáreas de terrenos en Palo Santo, alengando que les fueron expropiadas a su padre hace 35 años. Hoy en esas tierras están operando varias camaroneras.

En menos de dos meses, el 20 de julio de 2021, el entonces juez de la Unidad Judicial Penal con sede en Quevedo (Los Ríos), Carlos Napoleón Bowen, les dio la razón a los Bucaram Aivas.

Y Bowen ordenó que les den las tierras a los hermanos y que el Ministerio de Agricultura les pague una reparación económica que para ese entonces todavía no se había cuantificado.

Tras esa sentencia, el Ministerio de Agricultura y la Procuraduría interpusieron recursos de apelación para que no se ejecuten esas medidas.

Sin embargo, el 2 de diciembre de 2021, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos rechazó esos recursos de apelación y confirmó la decisión de la corte de Quevedo a favor de los Bucaram.

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Pero el Estado insistía en buscar mecanismos para evitar que se ejecute ese fallo. De ahí que, el 30 de diciembre de 2021 y el 3 de enero de 2022, la Procuraduría y el Ministerio de Agricultura, respectivamente, presentaron ante la Corte Constitucional acciones extraordinarias de protección.

Mientras tanto, para abril de 2022, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Guayaquil ya había fijado que la reparación para los Bucaram, por la sentencia de la Corte de Los Ríos, sea de USD 22 millones.

Y en agosto de 2022, un grupo de nueve camaroneras que se ubican en esa zona de Palo Santo, que temían ser desalojadas de las tierras, también presentaron ante la Corte Constitucional una acción de protección, para que no se ejecute lo que dispuso la Corte de Los Ríos a favor de los hermanos Bucaram.

Para mayo de 2023, la Corte Constitucional decidió darle prioridad al tratamiento de este caso.

Finalmente, el 18 de abril de 2024, la Corte Constitucional emitió un fallo en el que anuló lo dispuesto por la Corte de Los Ríos y dispuso que el Ministerio de Finanzas recupere los USD 22 millones que ya había pagado a los hermanos Bucaram Aivas.

¿Por qué pagó Finanzas pese a la crisis?

El 15 y el 21 de septiembre de 2023, con los procesos de acción de protección todavía en trámite en la Corte Constitucional, el Ministerio de Agricultura pidió a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas que pague los USD 22 millones de la sentencia a favor de los Bucaram Aivas.

Esos pedidos se realizaron a través de los oficios MAG-MAG-2023-0869-OF y MAG-CGAF-2023-0369-OF.

Ante estos oficios del Ministerio de Agricultura, el 28 de septiembre de 2023, la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, respondió que no había recursos disponibles.

"Analizada la ejecución presupuestaria vigente y la proyección de recursos financieros durante el presente ejercicio fiscal, se determina e informa que no existen valores disponibles en egresos permanentes con recursos fiscales que permitan atender la sentencia en referencia”, dijo la entidad en el Memorando MEF-SP-2023-0968.

La subsecretaria de Presupuesto era Olga Núñez, quien todavía seguía en ese cargo hasta el 15 de mayo de 2024.

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Pese a que la Subsecretaría advirtió de la falta de recursos en el Presupuesto, casi dos meses después, el 5 de diciembre de 2023, ya durante la administración del presidente Daniel Noboa, hubo un cambio de planes en el Ministerio de Finanzas.

El Ministerio de Finanzas dijo a PRIMICIAS, que la sentencia judicial de la Corte de Los Ríos no podía ser incumplida por el Estado, "porque se encontraba ejecutoriada y conforme a la Ley de Garantías Jurisdiccionales el recurso extraordinario de protección no suspende la ejecución de la sentencia recurrida".

Según Finanzas, frente a la falta de liquidez de la caja fiscal, se procedió a entregar bonos del Estado a los hermanos Bucaram Aivas.

"Es importante mencionar que el incumplimiento de sentencias constitucionales puede acarrear multas compulsivas diarias así como la destitución de autoridades", dijo el Ministerio.

¿Quién autorizó el pago?

Pero, ¿cómo se dio el pago y qué pasos previos se cumplieron?

Pese a que la Subsecretaría de Presupuesto, como se mencionó antes, ya había advertido de la falta de recursos para cumplir con el fallo a favor de los Bucaram Aivas, pidió un informe a la Coordinación de Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas el 28 de septiembre de 2023.

El informe fue entregado el 6 de octubre, y señalaba que el fallo a favor de los Bucaram Aivas cumplía los requisitos para que Finanzas ejecute el pago de los USD 22 millones.

Con ese documento, la Subsecretaría de Presupuesto pidió al área de Financiamiento Público que asigne recursos para este fin, el 22 de octubre de 2023.

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Extracto del convenio de dación de pago de los bonos del Estado.PRIMICIAS

El 5 de diciembre, el viceministro de Finanzas encargado Jorge Villarroel dispuso que se priorice el pago de los USD 22 millones a los tres hermanos Bucaram Aivas, en el marco de la reunión para definir qué obligaciones entraban en el programa de preservación de capital.

El programa de preservación de capital implica que una obligación se pague con deuda, como dación de pago de bonos.

Luego de eso, "por la disposición expresa de la autoridad, del viceministro de finanzas en reunión del 5 de diciembre de 2023, de pagar con bonos la obligación, la Subsecretaría de Financiamiento Público prosigue con el procedimiento para la implementación del mismo", según el documento de convenio de dación de pago del Ministerio de Finanzas.

Para el 20 de diciembre de 2023, la Subsecretaría de Financiamiento Público consultó al área jurídica si era pertinente pagar en bonos, como lo había definido el viceministro de Finanzas el 5 de diciembre. Y el departamento jurídico confirmó:

"Existe sustento legal para que la Subsecretaría a su cargo continúe con el proceso correspondiente...para que se efectúe el proceso de dación en pago con bonos del Estado de deuda interna".

Y el 22 de diciembre, tras todo ese proceso, el Ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, autorizó ejecutar varias operaciones de pago en bonos del Estado, entre ellas, la obligación con los Bucaram Aivas.

Para esa fecha, quien ocupaba el cargo de viceministro de Finanzas era Daniel Falconí, quien suscribió el convenio de dación de pago con José Bucaram Aivas.

En medio de todo esto, las acciones de protección estaban todavía en trámite en la Corte Constitucional.

Además, proveedores y gobiernos locales ya realizaban reclamos y protestas por los millonarios atrasos en los pagos por parte del Gobierno Central por esas fechas.

Con USD 22 millones se pudo pagar por un año el Bono de Desarrollo Humano a 33.333 personas, que es de USD 55 al mes.

  • #Riesgo país
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  • #deuda interna
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