Cinco puntos polémicos del proyecto de ley para fijar el precio de la leche
La iniciativa legal, que tendrá que ser analizada por el Ejecutivo, incluye una disposición que prohíbe la importación de leche en polvo durante diez años.
Centro de acopio en la Asociación de Ganaderos 1, foto de archivo del Ministerio de Agricultura de 2019.
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La Asamblea Nacional aprobó con 103 votos en segundo y definitivo debate el proyecto de Ley Orgánica para la Fijación del Precio de la Leche.
Se trata de una polémica reforma legal que plantea obligar a las pasteurizadoras a pagar a los ganaderos un precio equivalente a 52,4% del precio de venta al público del litro de leche en funda. Es decir, USD 0,49 por litro.
La fórmula no es nueva, pues está en el Acuerdo 394 del Ministerio de Agricultura, vigente desde 2013.
Sin embargo, a la industria láctea le preocupa que la política de fijación de precios se eleve a Ley porque le impedirá al mercado adaptarse a los cambios a futuro.
"Si suben o bajan los insumos, no se podrán ajustar los costos de producción porque habría que reformar la Ley", dice Rodrigo Gallegos, director del Centro de la Industria Láctea (CIL).
Otra preocupación de CIL es que un precio alto de la leche para el productor incentivará una mayor producción y más excedentes del producto que no podrán ser industrializados.
De acuerdo con CIL, alrededor de 3,7 millones de litros de leche al día terminan en la industria informal, que son las plantas que no pagan el precio oficial de la leche, no cumplen con las regulaciones de calidad y que no pagan impuestos.
Esto significa que el 29% de la producción nacional, que suma 6,2 millones de litros diarios, acaba en el mercado informal.
Las empresas informales pagan menos de USD 0,25 por litro, según los propios productores de leche.
Los que sí la apoyan
En contraste, la Federación Nacional de Productores de Leche del Ecuador, que agrupa a 366 asociaciones de productores lácteos, califica como positiva la aprobación del proyecto de Ley en la Asamblea.
Luis López, vocero de la Federación, dice que la fórmula es justa y cubre en buena parte los costos de producción.
"Mejora los ingresos de los ganaderos y hace más sustentable el negocio", añade López.
El Ejecutivo tiene 30 días para vetar o aceptar la iniciativa legal aprobada por la Asamblea, que incluye una disposición para prohibir la importación de leche en polvo.
Pero "la prohibición de importación de productos puede acarrear problemas con los acuerdos comerciales suscritos o que busca suscribir Ecuador", argumenta Gallegos.
Los puntos más relevantes del proyecto de ley son:
- 1
Precio fijo del litro
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El precio mínimo o de sustentación que debe pagar la industria al productor lácteo sería equivalente al 52,4% del precio de venta al público del litro de la leche en funda. A ese precio hay que sumar un valor adicional por calidad higiénica y sanitaria, que tendrá que ser definido mediante reglamento, emitido por el Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo, si la ley entra en vigencia.
- 2
Sanción penal
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Si el Ejecutivo ratifica el proyecto de ley, no pagar el precio al productor fijado por la norma acarreará sanciones penales. La reforma legal establece que el Ministerio de Agricultura deberá poner en conocimiento de la Fiscalía los incumplimientos del pago del precio de sustentación a los ganaderos.
- 3
Créditos para los productores
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La iniciativa legal de la Asamblea establece que la Junta de Política y Regulación Financiera fijará una tasa de interés máxima especial para créditos especiales a los productores de leche. Esos préstamos serían otorgados a través de la banca pública y se destinarán para el mejoramiento genético del ganado y para la compra de maquinaria, equipos e insumos para la producción de leche.
- 4
Leche en polvo
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La iniciativa legal propone la prohibición de importar leche en polvo durante 10 años, mientras se generan las condiciones para que la industria local pueda competir.
- 5
Consejo Nacional de la Leche
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La propuesta de Ley de la Asamblea crea el Consejo Nacional de la Leche, que vigilará y dará seguimiento a las políticas públicas relacionadas con la producción, comercialización e industrialización de leche. Estará conformado por 20 personas, entre autoridades de Gobierno y voceros de la industria y de los ganaderos.
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