Costa: la reforma laboral busca una ley "más dinámica y tipos diferentes de contratos"

Apenas se posesionó como titular del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Caterina Costa, se reunió con el presidente Lenín Moreno.

Con él acordó futuras reuniones para diseñar una hoja de ruta que incluye varias metas: reducir trámites, impulsar acuerdos comerciales, apoyar la reforma laboral y combatir la inseguridad.

¿Cómo evalúa la reunión que mantuvo con el presidente?

Fue muy buena. Nosotros tenemos principios que defendemos, como la democracia -por eso le dijimos que respaldamos su gestión, así como lo hicimos en octubre de 2019- y la seguridad jurídica.

Conversamos sobre crecimiento y el desarrollo del sector productivo. También sobre la preocupación que tenemos por los cinco millones de ecuatorianos que no tienen empleo adecuado. Cómo hacemos para que crezca el sector productivo, para que se generen esas plazas de trabajo y se apruebe la reforma laboral que el país necesita.

Hay temas de competitividad que tienen que ir de la mano con estrategias para aliviar la tramitología para los negocios: todos sufrimos eso y esa carga operativa puede ser reducida. Vamos a conversar con los ministerios y tener una reunión ampliada para hacer una agenda concreta.

La reforma laboral se ve complicada porque el Gobierno ha perdido aliados en la Asamblea ¿los empresarios insisten en cambios legales?

Existe el Consejo Nacional de Trabajo que es un espacio en que están los representantes del Ejecutivo, de los empleadores y de los trabajadores.

En ese espacio, en un diálogo tripartito como lo promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se han logrado ciertos consensos. Son consensos sencillos y no se tocan temas sensibles.

Si ya existen esos consensos lo natural es que sean llevados al Ejecutivo para que los envíe a la Asamblea.

En el gobierno anterior tuvimos algunas reformas laborales y, en ese sentido, la política pública tiene que ser revisada con cierta periodicidad. Si esas reformas laborales no ayudaron a generar plazas de trabajo, entonces hay que revisarlas.

Los consensos son sobre emprendimientos, contratos de reemplazo y temporales. Pese a eso el Gobierno no se anima a enviarlos a la Asamblea…

Tendremos que conversar sobre el tema. Existen representantes de los trabajadores que están preocupados: para eso tenemos que hablar y escucharnos. Hay que darles tranquilidad de que los trabajadores no van a ver cambios en sus condiciones de trabajo y que las reformas están enfocadas a buscar una salida para quienes no tienen un empleo adecuado.

Una de las formas de ayudar es cambiar esta normativa tan rígida y asfixiante; buscar que sea más dinámica y tener tipos diferentes de contratos, jornadas especiales que puedan ser acordadas sin excedernos las 40 horas semanales.

Lo que se ha consensuado son cosas sencillas, son cosas lógicas, que deberían ir a la Asamblea.

En simplificación de trámites se han hecho varios anuncios pero ¿hay avances?

Hemos visto algunas mejoras, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo. Ahora, los contratos laborales se suben a la página web. Eso hace que sea mucho más fácil el control porque el sistema hace el cálculo de lo que le toca al trabajador; lo mismo el reglamento interno o el de seguridad industrial.

Quisiéramos que este tipo de automatización se replicara en otros ministerios. En Ambiente hay un montón de trámites represados. Para hacer inversiones hay que hacer estudios de impacto ambiental y, si eso se demora, la inversión no se hace.

Otro problema es que los costos del sector público son muy altos. A manera de ejemplo, en la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) hay que sacar los registros sanitarios y si voy a hacer agua de manzanilla debo sacar un registro por la botella de 10 ml, otro por la de 20 ml y así sucesivamente, pagando por cada presentación.

La idea es simplificar eso y revisar los costos. Vamos a hacer un gran mapa de toda la carga burocrática en materia de trámites y a elaborar una hoja de ruta con actividades concretas.

¿Los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI) y su trámite en la Corte Constitucional son una preocupación?

Sí. Cuando me preguntan por qué no viene inversión extranjera respondo que no existe el marco básico para la solución de controversias de inversión en caso de que se presenten. Si existe incertidumbre es difícil que venga la inversión.

En Ecuador no tenemos un buen récord, hasta que no haya tratados veo difícil que venga un volumen importante de inversión extranjera.

¿Cuál es su posición frente la demanda que presentó la Cámara de Comercio de Quito contra la reciente reforma tributaria?

Cada Cámara tiene total libertad para hacer lo que considere pertinente en la defensa de sus agremiados.

Entiendo que esa no es una preocupación, más bien va en torno a la posible retroactividad que podría generarse en el pago de los dividendos de empresas extranjeras, por ahí va la demanda. Como comité no hemos tomado posición.

La inseguridad se ha convertido en una preocupación ciudadana ¿habló de eso con el presidente?

Una de las grandes lecciones de octubre de 2019 es que estábamos distantes de las instituciones.

Como Cámara de Industrias de Guayaquil hemos mantenido diálogos con los militares, con la Armada, la Policía, el Gobernador, los gobiernos locales. Vemos en Guayaquil un buen modelo para las ciudades de cómo manejar los temas de seguridad.

En Guayaquil existe una empresa municipal que es la Corporación para la Seguridad Ciudadana a la que el sector privado aporta con las cámaras.

Hay una ordenanza que dispone que los predios, de cierto tamaño, tienen que colocar una cámara, contratar con la Corporación la conexión y hacerse cargo del mantenimiento.

Ese modelo nos parece bueno. Sin embargo, vemos que hay un problema de normativa porque las instituciones vinculadas con la seguridad están limitadas en su gestión y eso es algo que vamos a conversar con el Presidente de la Asamblea Nacional