En entrevista con PRIMICIAS, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Darío Herrera, habló sobre la gestión de su cartera de Estado en los primeros 100 días de Gobierno y los planes a futuro.
En los primeros 100 días de Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se enfocó en simplificar la normativa que trababa la aprobación de proyectos y, con ello, se dinamizará la inversión privada.
“A través de dos acuerdos ministeriales simplificamos normativa, lo que ha desembocado en 390 nuevos proyectos inmobiliarios, que representan USD 218 millones de inversiones privadas por la construcción de 3.200 viviendas”, explica Darío Herrera.
La meta de esa cartera de Estado es atender el déficit de vivienda, de cerca de 2,7 millones de unidades y convertir al país en un destino de inversión inmobiliaria.
Ecuador tiene un déficit de vivienda de 2,7 millones de unidades. ¿Cómo planea solucionar esa problemática?
Es un déficit muy grande, acumulado a lo largo de 20 años en los que hubo 18 ministros de vivienda. Digo esto porque los ciclos de construcción son de mediano y largo plazo y con ese número de autoridades no se puede crear política pública para resolver los problemas.
En ese contexto, hemos decidido ser transparentes con lo que nos encontramos, más allá del déficit. Hallamos una institución desarticulada, con un rol equivocado.
El Ministerio de Vivienda debe ser la institución que genere normativa y política pública y en el país no hay una ley orgánica de hábitat y vivienda, peor de interés social. Estamos trabajando en eso.
Además encontramos un ministerio que está desvinculado de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), que tienen como competencia el desarrollo urbano. Por eso queremos acercarnos a los municipios, para trabajar en la simplificación de trámites y en la digitalización de los procesos.
¿Qué va a hacer el Ministerio para reducir el déficit de vivienda?
En el país hay 4,7 millones de viviendas. El déficit es de 2,7 millones de unidades, de las cuales el 75% corresponde a déficit cualitativo, es decir, son viviendas que necesitan mejoras.
Si el mayor déficit es el cualitativo, ¿por qué no redirigir el enfoque para resolver esa problemática? Hacer vivienda nueva requiere muchísima inversión; si se atiende el déficit cualitativo se puede adelantar mucho con menos recursos.
Ahora hablamos de soluciones de hábitat adecuado, que contemplan vivienda nueva, incentivos para la construcción de vivienda, incentivos financieros para el acceso a crédito, kits de ampliación, remodelación, agua segura y saneamiento; y dotación de comunicación en la ruralidad, es decir, conectividad.
Por ejemplo, el kit de ampliación, que contempla créditos, busca atender el problema de las ‘varillas de la esperanza’, que son esas varillas metálicas que las personas dejan en las lozas de las casas con la ilusión de construir un segundo piso, cuando tengan el dinero para hacerlo.
En números, ¿cuántas viviendas se van a restaurar y cuántas se van a construir?
Estamos apuntando a 400.630 soluciones de hábitat adecuado, que incluyen vivienda nueva, kits de reparación y ampliación, además de títulos de propiedad.
Muchos ecuatorianos, durante 10 o 15 años, han tenido vivienda, medidor de luz, medidor de agua, pero no título de propiedad. Necesitan una solución de regulación de la titularización de esa propiedad. En ese momento la persona ya tiene un patrimonio.
Usted habla de hábitat adecuado. ¿Qué significa eso en la realidad del país?
El expresidente Lenín Moreno dijo que en su administración se construyeron 125.000 viviendas, pero la revisión que ustedes han hecho de esa cifra no cuadra.
Cuando los proyectos son de largo plazo se debería decir cuántos se inician y no cuántos se construyen.
De la información que recabamos, en el gobierno anterior se inició la construcción de 35.000 viviendas, de las cuales completamente terminadas con dinero del Estado quedaron cerca de 9.600, terminadas con subsidio en tasa fueron 6.000. El resto está en construcción.
Soy honesto, las obras que siguen en construcción presentan un sinnúmero de problemas, como proyectos paralizados y compañías cuestionadas. No acuso a nadie. Hemos decidido hacernos cargo del asunto porque somos responsables.
El Ministerio también heredó USD 1.000 millones de inversiones privadas trabados por procesos burocráticos. ¿Se solucionó?
Totalmente. En los últimos años se presetaron 1.900 proyectos de interés social y de interés prioritario, por parte de los constructores. Solo 806 fueron aprobados. ¿Qué pasó con el resto? Estaban trabados por temas de papeles y requisitos.
El 25 de mayo, el primer día que llegamos, se venció el plazo de registro de 252 proyectos. Para renovarlos tuvimos que emitir el primer acuerdo ministerial el 28 de mayo.
Casi un mes después emitimos otros dos acuerdos para reemplazar seis instrumentos legales, con el objetivo de simplificar trámites en el proceso de calificación de los proyectos de vivienda.
La suma de los nuevos proyectos y de los que han sido destrabados da como resultado cerca de USD 1.000 millones en inversión. Esos recursos estaban esperando condiciones favorables para poder registrarse.
En lo que resta de 2021, ¿cuántos proyectos planean registrar?
Hasta fin de año se va a cumplir un 5% del nuevo plan de vivienda. El grueso de la construcción, de la obra, va a estar en el segundo semestre de 2022 y, sobre todo, en 2023.
¿Cómo avanzan los proyectos de la nueva administración?
Hoy (9 de septiembre) termina una primera ronda de difusión y alineación con la Agencia Francesa para el Desarrollo. Se trata de un nuevo proyecto, que implica una inversión de USD 18 millones, con lo que se construirán 760 viviendas.
¿De dónde llega la inversión para el desarrollo de proyectos en el ministerio?
Organismos multilaterales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Agencia Francesa de Desarrollo están deseosos de invertir con nosotros. También hemos tenido acercamientos con banco europeos.
El enfoque del ministerio es atender la vivienda social, pero también es convertir a Ecuador en un destino de inversión inmobiliaria.
¿Cómo convertir al país en un destino de inversión inmobiliaria?
Desde el punto de vista inmobiliario, el país no está en el radar, no se nos conoce a pesar de que tenemos algo interesante que es el dólar, por lo que no hay riesgo cambiario. ¿Por qué no viene la inversión? Por la falta de reglas claras y de seguridad jurídica.
Por eso estamos trabajando en transparencia, en instrumentos legales que generen incentivos y nos estamos acercando a todas las dependencias del Estado para simplificar los trámites.
Me he reunido con los representantes de los notarios, con el Consejo Nacional de Competencias, para que los municipios hablen el mismo idioma. El inversionista llega al país y tiene reglas diferentes dependiendo de la provincia y del cantón.
¿Cuáles son los planes del Ministerio para el área de desarrollo urbano o hábitat?
¿Qué porcentaje del presupuesto se va a destinar a hábitat?
Cerca del 15% del presupuesto se va a destinar a espacios públicos. Puede parecer una cifra pequeña, pero no lo es. Aspiramos tener por lo menos 320 proyectos en el país, es decir, casi más de uno por cantón.
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