Ecuador invertirá USD 18 millones para combatir la pesca ilegal

El ministro de la Producción, Iván Ontaneda, se reunió en Guayaquil con dirigentes del sector pesquero del país para elaborar una estrategia contra la pesca ilegal.

El encuentro sirvió para delinear una hoja de ruta que permita al país superar la “tarjeta amarilla” que le impuso la Unión Europea (UE): la semana pasada, el bloque comunitario advirtió a Ecuador que podría caer en la categoría de “país no cooperante” contra la pesca ilegal.

Eso generó la alerta en un sector que representa USD 1.151 millones en divisas o el 1,5% del PIB. Además, es la fuente de empleo para 108.000 personas.

Ecuador es el segundo exportador mundial de atún por detrás de Tailandia. Pero, es el principal proveedor de Europa.

Ontaneda dijo que Ecuador invertirá en mejorar los controles satelitales de las embarcaciones y se realizarán visitas técnicas, tanto de Ecuador como de la Unión Europea, para acordar acciones de vigilancia.

El ministro, sin embargo, puso especial énfasis en la nueva Ley de Pesca que se tramita en la Asamblea. La norma vigente data de 1974 por lo que la Unión Europea pide su modernización.

Ontaneda dijo que el proyecto contempla un régimen de sanciones para la pesca ilegal.

Cifras de Ecuador no coinciden

Bruno Leone, vocero del gremio pesquero, dijo que también se pueden tomar acciones ejecutivas para calmar a sus clientes en Europa.

El problema se origina porque la flota ecuatoriana, que es la autorizada para exportar al Viejo Continente libre de impuestos producto del acuerdo comercial, captura 260.000 toneladas.

Pero, en Ecuador se procesan 500.000 toneladas de atún. La diferencia se explica por la importación de pescado importado que luego va a Europa. El problema es que no se conoce el origen de ese producto.

Por eso, Leone pide que se establezca una autorización previa para la importación de pescado que permita conocer de dónde viene esa captura.

“Tenemos que saber que las 240.000 toneladas que no (son capturadas) en Ecuador sea de pesca legal y que cumpla con lo que el Gobierno exige a la industria nacional”, dijo Leone.