El proyecto de Ley Orgánica de Pesca y Acuicultura fue entregado a la Asamblea el 16 de agosto. Las cámaras productivas aseguran que la propuesta recibió aportes del gremio y fue socializada durante dos años.
Tarjeta Amarilla es un término que causa temor entre los sectores vinculados a la pesca y acuacultura de Ecuador.
Se trata de un sistema impuesto por la Unión Europea (UE) en 2010, para controlar la pesca ilegal.
Primero la UE aplica una Tarjeta Amarilla en señal de advertencia, y luego una Roja que detiene toda la importación pesquera desde los países que no respetan normas internacionales de conservación.
La UE ha cuestionado desde 2015 que Ecuador no tenga una norma actualizada que sancione y regule la pesca, tanto industrial como artesanal.
Precisamente, el pasado 16 de agosto el gobierno presentó un nuevo proyecto de Ley de Pesca, que apunta a modernizar al sector en todos sus ámbitos: maricultor, piscicultor y acuícola.
Además se busca el aprovechamiento sostenible de las especies, a través de un sistema de cuotas establecidas de forma científica.
“Básicamente, la urgencia de tener una nueva ley de pesca es evitar que Europa nos sancione con una Tarjeta Amarilla”, explica Lucía Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Manta.
En el puerto de Manta, el 70% de la producción de atún se exporta al bloque europeo. “Si nos llega una sanción, se acaban las exportaciones y la economía de toda la ciudad”, agrega Fernández.
Solo en conservas y preparaciones de atún, Ecuador exportó cerca de 263 mil toneladas en 2018, según cifras de la Cámara Nacional de Pesquería.
Sanciones más estrictas
El sector pesquero contribuyó en 2018 con el 12,5% de las exportaciones no petroleras de Ecuador, indica la Cámara de Pesquería.
En total, el volumen exportado ascendió a USD 1.601 millones en 2018, excluyendo productos de la acuicultura como la tilapia y el camarón.
La nueva propuesta de Ley de Pesca, entregada por el Ministerio de Producción, incluye una regulación a la actividad acuícola.
“La actual Ley data de 1974 y en ese entonces no existía actividad camaronera. Esta industria se regula a través de acuerdos ministeriales, que son cambiados de acuerdo con los funcionarios de turno”, menciona Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería.
Por otra parte, el proyecto de ley, que contiene 165 artículos, plantea sanciones más estrictas para la pesca ilegal.
Se trata de multas que van desde un Salario Básico Unificado (SBU) hasta 1.500 SBU, dependiendo del tipo de embarcación y de la infracción.
“El objetivo de estas multas es que la gente no se vea alentada a capturar especies marinas en peligro de extinción“,
Bruno Leone, presidente Cámara Nacional de Pesquería.
El artículo 19, por ejemplo, prohíbe todo tipo de pesca de tiburón, así como la mutilación de las aletas y arrojar los cuerpos de los escualos al mar.
Al momento ya existen sanciones para quienes capturen especies en zonas restringidas o embarcaciones sin permisos.
Pero según Fernández, de la Cámara de Comercio de Manta, la nueva Ley permitirá “saber qué hacen con el dinero de las multas y a dónde va la carga decomisada”.
En los artículos 7 y 8, la propuesta de ley indica que el Ministerio de Producción será el ente encargado de hacer cumplir las sanciones.
Fernández lamenta que éste y los anteriores Gobiernos no le hayan dado la importancia al sector pesquero y no hayan mantenido una Cartera de Estado específica para la industria.
“Han fallado en nombrar a las autoridades de pesca y han puesto a gente que desconoce el sector“,
Lucía Fernández De Genna, presidenta Cámara de Comercio de Manta.
Seguros para pescadores artesanales
Cuando entregó el proyecto de ley, el ministro de Producción Iván Ontaneda aseguró que el documento fue consensuado con todos los actores del sector pesquero.
Además informó que tanto la FAO como DG Mare, dirección de la UE encargada de asuntos marítimos, revisaron el proyecto y dieron sus opiniones.
Jaciento Lima es pescador y miembro de la Asociación de Pesqueros Artesanales de Puerto López. Confirma que ellos participaron de reuniones para conocer el proyecto de Ley de Pesca.
A pesar de ello, Lima comenta estar insatisfecho por la imposición de un nuevo sistema de seguridad para la embarcación.
El artículo 52 dispone, por ejemplo, que todos los armadores artesanales deberán instalar un sistema de rastreador satelital, al igual que lo hace un barco industrial.
Mientras que el artículo 53 establece que las embarcaciones artesanales, los motores, los aparejos y las artes de pesca deberán contar con un seguro que cubra robos y otros siniestros.
“Será difícil para un pescador pequeño cumplir estas reglas, tendremos que hablar entre las cooperativas para apoyarnos y cubrir estos gastos”, dice Lima.
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