A la hora de pagar, Ecuador espera comprensión de parte de Perenco

El Gobierno ecuatoriano anunció que el país pagará a la petrolera francesa Perenco USD 374 millones más costos legales en un plazo de 60 días, esto tras perder una disputa internacional derivada de políticas petroleras adoptadas en el gobierno de Afredo Palacio y profundizadas en el de Rafael Correa.

La disputa tiene que ver con el incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con respecto a las condiciones contractuales para los bloques petroleros 7 y 21, que fueron operados por Perenco en la región amazónica de Ecuador.

El procurador General del Estado, Íñigo Salvador, dijo el 2 de junio de 2021 que el pago total a la petrolera francesa ascendería a cerca de USD 400 millones, contando además los gastos legales y otras cuentas, como lo muestra el siguiente gráfico:

Salvador agregó que el Estado ecuatoriano está en conversaciones con los abogados de Perenco para proponer un plan de pagos, ya que el país se encuentra en una difícil situación económica.

Pero todavía no hay detalles sobre un posible plan de pago.

"Estamos esperando la respuesta definitiva de Perenco. Confiamos en que la compañía tenga en cuenta la situación por la que pasa el Estado ecuatoriano en cuanto a sus finanzas, agravada por la pandemia de coronavirus", dijo Salvador.

El procurador lamentó que el Gobierno, que ya debe inyectar liquidez para la reactivación económica, ahora tenga que destinar USD 400 millones para pagar un revés judicial.

Confiamos en que la compañía tenga en cuenta la difícil situación por la que pasa el Estado ecuatoriano.

Iñigo Salvador, procurador.

Boomerang financiero

Perenco protagonizó una larga batalla arbitral en la que argumentó que Ecuador incumplió el Tratado Bilateral de Inversiones, cuando puso en marcha en el Gobierno de Alfredo Palacio, en 2006, la llamada Ley 42.

Ley que aumentó a 50% la participación del Estado sobre las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras, en pleno auge de los precios internacionales del crudo.

Y, posteriormente, el margen de participación en las ganancias extraordinarias de las petroleras se aumentó a 99% a favor del Estado ecuatoriano, cuando la administración de Rafael Correa emitió el Decreto Ejecutivo 662, de octubre de 2007.

Para empeorar las cosas, el Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) dictaminó, el 28 de mayo, que este decreto violó el Derecho Internacional Público en perjuicio de Perenco.

Originalmente, Perenco exigía el pago de USD 1.423 millones como reparación por el daño sufrido a consecuencia de la adopción de la Ley 42.

Pero el CIADI estableció una reparación de aproximadamente 374 millones más los costos judiciales.

Revise a continuación el cronograma del caso entre Ecuador y Perenco:

Pagarán, dice Procuraduría

La Procuraduría anunció que auspiciará a las instituciones públicas perjudicadas tras el fallo, para que ejerzan el derecho de repetición frente a las autoridades responsables de haber causado este duro revés para Ecuador.

El derecho de repetición significa que quienes llevaron a Ecuador a este conflicto deberán pagar la cuenta.

Salvador agregó que entre los posibles responsables estarían el expresidente Alfredo Palacio, que propuso la Ley 42, y el expresidente Rafael Correa, que adoptó el Decreto Ejecutivo 662, en 2007.

En esa lista también estarían exministros de Estado y exasambleístas.

"Al final del día, no es un buen negocio incumplir los contratos con los inversionistas, porque ahora tenemos una factura de aproximadamente USD 400 millones. A esta administración le tocará pagar las consecuencias de (las acciones de, ndr) otros gobiernos", afirmó Salvador.

El procurador lamentó que el actual procedimiento para iniciar el derecho de repetición, amparado en el Código Orgánico Administrativo, en el Código Orgánico General de Procesos y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, sea tan engorroso.

En ese sentido, Salvador anunció que presentará un proyecto de ley de repetición a la Asamblea que recoja, en un solo cuerpo legal, "toda la normativa difusa y la haga más clara y expedita".