Cacaoteros advierten posibles arbitrajes por decreto ley de inversiones

Los gremios de los sectores camaronero y cacaotero consideran que el decreto ley para la atracción de inversiones atenta contra la seguridad jurídica y podría llevar al Estado a un arbitraje internacional.

Así lo manifestaron en la audiencia pública para tratar el decreto ley que promueve la creación de zonas francas, celebrada de forma telemática el 8 de junio de 2023, ante la Corte Constitucional, que debe dar su dictamen a esta reforma.

El abogado de la Cámara de Acuacultura, José Francisco Acosta, dijo que la disposición general quinta del decreto ley es incompatible con el artículo 82 de la Constitución, que consagra el derecho a la seguridad jurídica.

"Lo que pretende esta disposición es modificar el régimen normativo establecido para los contratos de inversión, que fueron suscritos al amparo de la Ley Orgánica de Fomento Productivo", explicó Acosta.

El abogado de la Cámara de Acuacultura detalla que, según el decreto ley, la solicitud para reformar el programa de ejecución de una inversión o para incrementar el monto solo procederá por eventos de fuerza mayor o casos fortuitos.

"Esta limitante no se encontraba prevista al momento de la suscripción de los contratos de inversión, no formaba parte del régimen normativo. En consecuencia, se trata de una modificación unilateral, arbitraria y hasta con efecto retroactivo", dijo Acosta.

¿Riesgo de arbitraje?

Para el abogado de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao), Andrés Cervantes, la "gravedad" de la disposición quinta del decreto-ley está en que podría acarrear la responsabilidad del Estado en un arbitraje internacional, por la violación del trato justo y equitativo.

Cervantes recordó que el artículo 24 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones establece que los términos y condiciones de un contrato de inversión solo podrán ser modificados de mutuo acuerdo.

Pero "con la disposición quinta se pretenden modificar de forma unilateral cientos de contratos de inversión que tiene suscrito el Estado ecuatoriano", aseguró Cervantes.

El abogado de Anecacao añadió que la cláusula quinta de todos los contratos de inversión establece el derecho de los inversionistas de negociar adendas para incrementar la inversión inicial, con lo cual se beneficia también de las exenciones tributarias del contrato.

Según Cervantes, el decreto-ley limita el derecho del inversionista a proponerle al Estado una adenda contractual.

Respuesta del Gobierno

El ministro de Producción, Julio José Prado, aseguró en la audiencia pública que el proyecto de ley no incidirá en ningún contrato de inversión suscrito hasta ahora.

"Ni se afecta la seguridad jurídica, ni la exoneración tributaria que tienen, ni las condiciones con las cuales se firmaron esos contratos", dijo Prado. Y recordó que desde 2010 se han suscrito 422 contratos de inversión, en los cuales hay cerca de USD 12.000 millones comprometidos en inversiones.

Prado explicó que hay empresas que ya se beneficiaron de una exoneración total del Impuesto a la Renta, mediante la Ley para el Fomento Productivo.

Luego, con la Ley de Desarrollo Económico, se estableció una exoneración de cinco puntos porcentuales en el pago del Impuesto a la Renta.

"Ambos beneficios ya lo gozaron durante varios años y lo seguirán gozando por todo el tiempo que dure la ejecución del contrato de inversión, puede ser 10 o 15 años más. Esta exoneración total no se les afecta", añadió.

Y aseguró: "Sí podrán hacerse adendas, pero siempre el espíritu con el cual se han creado las leyes de atracción de inversiones en Ecuador y otros países es que existan adendas en casos fortuitos".

Añadió que, en otros casos en los que las empresas quieran incrementar su inversión, "no tiene sentido que se siga dando exoneraciones tributarias de leyes pasadas, ya derogadas".

"Invierta más, señor camaronero; invierta más, señor cacaotero. Pero, en esas inversiones adicionales no le podremos dar los mismos beneficios que se le otorgó hace 10 o 15 años en los proyectos de inversión. Rechazamos la especulación de que hay inseguridad jurídica", concluyó Prado.

Otras autoridades, como el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, también comparecieron ante la Corte Constitucional.

De igual manera, lo hicieron el subsecretario jurídico de la Presidencia, Jorge Benavides, y el subdirector general del Servicio de Rentas Internas (SRI), Ricardo Flores.