Raúl de la Torre y Roberto Barrera fueron detenidos en Miami con dinero en efectivo. Barrera se declaró culpable en la Corte del Distrito Sur de Florida, y contó que él y De la Torre solicitaron una coima de aproximadamente USD 3,15 millones de una empresa por la adjudicación de un contrato.
El proceso en contra de Raúl de la Torre y Roberto Barrera llegó hasta las cortes estadounidenses. La justicia de ese país los investiga por presunto lavado de activos, por recibir dinero ilegal en cuentas bancarias en el estado de Florida
De la Torre trabajó como asesor del actual gerente de Petroecuador, Pablo Flores. En junio del 2019, fue desvinculado después de ser detenido en Miami, junto con Barrera.
El Ministerio de Gobierno confirmó que un agente antinarcóticos de la Policía, el cabo primero de apellidos Delgado Espinosa, los acompañó en el viaje.
Según los documentos que forman parte del proceso judicial en la Corte del Distrito Sur del Estado de Florida, De la Torre y Barrera conspiraron con trabajadores de Petroecuador en un esquema para recibir millones de dólares en coimas, a cambio de usar sus puestos para que una empresa ecuatoriana obtenga contratos con la estatal petrolera.
Barrera dijo en su confesión que era cercano a un alto funcionario de Petroecuador, que participaba en la adjudicación de contratos.
Entre 2018 y junio de 2019, Barrera y otros prometieron pagos ilegales a De la Torre y otros funcionarios de Petroecuador para que éstos ayudasen a la empresa a obtener contratos.
Barrera y De la Torre pidieron una coima de USD 3,15 millones para que la empresa consiga nuevos contratos. Pidieron a esta compañía que envíe pagos a cuentas bancarias en el sur de Florida a nombre de otras personas, compraron “bienes lujosos” y recibieron pagos en efectivo.
Barrera confesó que recibió de esta empresa aproximadamente USD 150.000 en una cuenta bancaria en Miami.
El millonario contrato de seguridad
El 8 de octubre de 2019, Barrera firmó el acuerdo con el que se declaró culpable. En él, se comprometió a colaborar con la investigación que la Fiscalía lleva a cabo. La pena máxima que enfrenta es de 20 años de prisión.
El asambleísta Washington Paredes (Creo) investiga el caso. En junio, reveló que la coima estaría relacionada a un contrato por seguridad, por USD 37 millones. Fue adjudicado a la empresa Compañía de Seguridad y Guardianía Comseg Cia. Ltda.
La adjudicación se firmó el 27 de junio de 2019, días después de la detención de Barrera y De la Torre en Miami (13 y 14 de junio de 2019).
El 7 de agosto, la resolución de adjudicación se dejó sin efecto. El Servicio de Contratación Pública hizo observaciones. Una denuncia ante esa entidad revela que uno de los miembros de la comisión que aprobó el proceso de contratación trabajó en Comseg.
Según informó Petroecuador después de su detención, trabajaba como asesor en la liquidación de la Refinería del Pacífico, y no tenía acceso a contratos.
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