Salud y educación: Estado nunca ha cumplido la meta de la Constitución

Tras 15 años desde que se aprobó la Constitución, ni el gasto en salud ni el destinado a educación alcanzan las metas que fijó la Asamblea Constituyente de Montecristi en 2008.

Y si la Corte Constitucional da paso al nuevo decreto ley que propuso el 6 de septiembre de 2023 el Presidente Guillermo Lasso la meta se alejará todavía más, dice el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz.

Aunque, el Ministerio de Finanzas ha negado que la modificación de la fórmula de cálculo de los incrementos de gasto para estos dos sectores impliquen una reducción de las asignaciones estatales.

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La Constitución estableció que las asignaciones crezcan cada año en al menos 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta que el presupuesto de educación sea igual al 6% del PIB del año anterior.

En cambio, el gasto en salud debía crecer en 0,5% del PIB hasta equivaler al 4% del PIB.

Pero, según datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas, aunque en términos nominales; es decir, en dólares, se ha asignado más en la mayoría de años, los presupuestos siguen por debajo de la meta constitucional.

Lo anterior ocurre pese a que la economía de Ecuador ha tenido un pobre crecimiento durante los últimos años.

El año en el que Ecuador estuvo más cerca de alcanzar las metas previstas en la Constitución fue 2018

¿Cuánto ha crecido el gasto?

El presupuesto inicial para educación fue de USD 5.583 millones para 2023; esto equivale al 4,8% del PIB nominal de 2022.

Así, el tamaño de este gasto frente al PIB casi no ha crecido, porque en 2009, el presupuesto para la educación equivalía al 4% del PIB de 2008.

En cambio, el presupuesto inicial para salud fue de USD 3.639 millones para 2023; lo que equivale al 3,1% del PIB de 2022.

En esta área hubo más crecimiento del gasto frente al PIB, pues en 2009 tuvo un presupuesto equivalente al 1,7% del PIB de 2008. No obstante, todavía no llega a la meta.

¿Por qué Ecuador no llegan a la meta?

Uno de los factores que ha incidido en que el gasto en estas dos áreas no alcancen esas metas es que los gobiernos de turno se tomaron la libertad de hacer su propia interpretación de cómo calcular los incrementos, sobre todo en años de caídas más fuertes de ingresos, dice Ortiz.

En algunos años, el cálculo del incremento se hacía comparando con lo aprobado inicialmente por la Asamblea en el año anterior, esto es lo que se conoce como presupuesto inicial. Lo que era beneficioso para salud y educación, pues el aumento era mayor.

Y en otras ocasiones, el cálculo se hacía comparando con lo que se conoce como presupuesto codificado, que corresponde al presupuesto que modifica el Ministerio de Finanzas durante el año. Esta fórmula no siempre beneficia a los dos sectores sociales, sobre todo si Finanzas reduce durante el año las asignaciones.

El exviceministro de Economía, José Gabriel Castillo, cree que en la Constitución no se aclaró cómo se debía hacer el cálculo, para no atar de manos al gobierno de turno en años en los que los ingresos del Presupuesto caían.

"La intención de los asambleístas era política. No tiene sentido que se haya impuesto un crecimiento en función del PIB, con unas metas arbitrarias, sin tomar en cuenta que hay años en que los ingresos caen, sobre todo los petroleros", aclara.

Castillo agrega que lo anterior ha contribuido a que el desequilibrio de las cuentas del Presupuesto General del Estado se agrave y cada vez hagan falta más ingresos.

Ineficiencia en el gasto de salud y educación

Con el nuevo decreto ley, el Gobierno de Lasso plantea que los incrementos para estas dos áreas se realicen comparando con el presupuesto realmente ejecutado durante todo el año anterior.

Si la Corte da paso a esta propuesta, si no hay dinero, los siguientes gobiernos podrían gastar menos si ven que no les alcanza el presupuesto y eso incidiría en un menor incremento en salud y educación para el siguiente año, explica Ortiz.

De hecho, desde 2009, en los dos sectores casi siempre se ha gastado menos de lo asignado inicialmente en sus presupuestos anuales.

En salud, solo en 2013, 2016, 2017 y 2021, el presupuesto ejecutado en la práctica fue mayor a lo presupuestado inicialmente. Y en educación, lo ejecutado superó a lo presupuestado solo en 2009 y en 2013.

En algunos de esos años los precios del petróleo tuvieron cifras récord.

Según el viceministro de Finanzas, Daniel Lemus, en ningún lado el decreto ley se habla de reducción al presupuesto de salud y educación.

"De ninguna manera se está planteando incumplir con el mandato de aumentar el gasto estatal (...). Lo único que propone es que ese cálculo de incremento sea sobre el presupuesto efectivamente gastado o ejecutado", dice Lemus.

Lemus explica, además, que la mayor parte del gasto en salud y educación es en personal, es decir, sueldos, que no se pueden dejar de hacer.

Y añade que ha sido un problema que la Constitución imponga un porcentaje de aumento de estos gastos sin fijar la obligación de contar con las fuentes de financiamiento.

De ahí que se ha limitado la posibilidad de asignar más a otras áreas que lo requieren, como la seguridad.

Aclaración: En esta noticia, PRIMICIAS utilizó el PIB nominal del año anterior para el cálculo de los porcentajes que establece la Constitución. Se desconoce si el Ministerio de Finanzas utiliza el PIB del año anterior o la previsión del PIB para el año en curso.