El gobierno asegura que el Presupuesto de 2022 respeta la regla de asignar recursos de al menos el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a los sectores de salud y educación.
El poder Ejecutivo no acogió las observaciones de la Asamblea Nacional a la propuesta de Presupuesto General del Estado para 2022, y se ratificó en la versión original.
Esto quiere decir una Proforma Presupuestaria de USD 33.899 millones, que supera en USD 2.438 millones, o el equivalente a 2,22% del PIB, al Presupuesto codificado de 31 de agosto de 2021.
Una de las principales críticas de los legisladores a la Proforma presentada por el gobierno para 2022 es que las asignaciones de dinero para salud y educación no cumplían con la regla fiscal.
Eso significa que el Estado debía incrementar los recursos para estos dos sectores en al menos 0,5% cada año.
Con un PIB de USD 109.618 millones, el Ejecutivo señaló que los presupuestos para salud y educación representarán 0,56% del PIB cada uno:
- USD 559,19 millones para el sistema nacional de salud.
- USD 554,73 millones para educación inicial, básica y bachillerato.
El Presidente Guillermo Lasso informó que en 2022, y de acuerdo con la situación macroeconómica del país y los precios del petróleo, "buscará revisar las asignaciones para educación y salud".
La Asamblea también había criticado la falta de recursos para ampliar los cupos para nuevos estudiantes en universidades y escuelas politécnicas.
El Ejecutivo no detalló el presupuesto para el incremento de cupos en los centros de educación superior, pero sí habló de un aumento de USD 24 millones en el presupuesto para universidades y escuelas politécnicas el año próximo.
Pensiones jubilares
Lasso tampoco ofreció detalles sobre las asignaciones presupuestarias en 2022 para el pago de los incentivos jubilares pendientes, una cifra que no se conoce con exactitud.
La Asamblea recomendó al gobierno que revise el pago de la deuda del Estado con los jubilados.
El Ejecutivo reconoció que hará "todos los esfuerzos" para conseguir mayores ingresos no permanentes que permitan revisar las asignaciones destinadas al pago de los incentivos.
Los incentivos jubilares son los estímulos que ofrece el Estado a los servidores públicos para que se retiren antes de la edad reglamentaria.
Buscando ingresos
En su búsqueda de ingresos, el gobierno insistirá en la concesión o en la firma de alianzas público-privadas (APP) para 'monetizar' cuatro activos del Estado.
Además de la promesa de concretar la venta del Banco del Pacífico.
Con esto, el gobierno calcula que podría obtener ingresos de al menos USD 940 millones en 2022.
Entre los cinco activos que podrían ser monetizados se encuentran:
- La refinería de Esmeraldas, de propiedad de la petrolera estatal Petroecuador.
- La central hidroeléctrica Sopladora, que pertenece a la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec). Tiene una potencia instalada de 487 megavatios.
- La planta termoeléctrica Termogas Machala, de propiedad de Celec y que provee 14% de la oferta nacional de electricidad.
- El terminal marítimo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Monteverde, localizado en Santa Elena y operado por Petroecuador.
- La venta de Banco del Pacífico.
En el caso de la refinería de Esmeraldas, Ecuador apunta a que un inversionista privado repare la planta y construya nuevas unidades, además un tren de alta conversión que produzca combustibles de calidad.
Esmeraldas es la mayor planta de refinación de petróleo del país, con una capacidad de procesamiento de 110.000 barriles diarios.
El informe del Gobierno a la Asamblea estima que el valor referencial de los cinco activos mencionados asciende a USD 2.800 millones.
Y la Asamblea...
El Ejecutivo envió su respuesta a las ocho observaciones que hizo la Asamblea.
La Asamblea tiene plazo hasta el 7 de diciembre de 2021 para ratificar sus observaciones a la Proforma Presupuestaria de 2022 y a la Programación Cuatrianual 2022-2025.
El artículo 103 de la Ley de la Función Legislativa establece que la Asamblea podrá insistir en sus observaciones, en una sesión de un solo debate, siempre que la moción reciba votos favorables de los dos tercios de sus integrantes.
Eso significa 91 votos favorables de los 137 legisladores.
Si no existe esa masa crítica de votos, ambos documentos presupuestarios entrarán en vigencia y se publicarán en el Registro Oficial.
La Ley de la Función Legislativa dice que la Asamblea solo tiene la facultad para hacer observaciones y no podrá alterar el monto global de la Proforma.
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