9.984 funcionarios públicos cumplen requisitos para jubilarse

El Ministerio de Finanzas transferirá USD 210 millones para pagar las desvinculaciones por jubilación de empleados públicos en 2022 y, así, reducir el peso de la burocracia en el gasto estatal.

Más austeridad. El Gobierno achicará el abultado peso de la burocracia en 2022 a través de la desvinculación voluntaria de servidores públicos que han cumplido los requisitos de jubilación.

Un total de 9.984 funcionarios de carrera cumplían hasta septiembre de 2021 los requisitos mínimos para acogerse a la jubilación por vejez, según el Ministerio de Trabajo.

En total, en el Gobierno Central existen 467.506 trabajadores, pero el Ministerio de Finanzas continúa en su propósito de reducir esa nómina.

Estas son las cuatro entidades que registran el mayor número de funcionarios que podrían jubilarse:

7.473 funcionarios podrían jubilarse del Ministerio de Educación.
1.070 servidores del Ministerio de Salud Pública.
209 servidores públicos del Ministerio de Defensa Nacional.
204 funcionarios del Ministerio de Gobierno.

Según el Ministerio del Trabajo, de jubilarse los 9.984 servidores públicos, el ahorro anual por remuneraciones para el Estado alcanzaría los USD 134,4 millones.

Ese ahorro equivale a una reducción del 1,4% en el gasto en sueldos en 2022 frente al presupuesto codificado (ajustado por el Ministerio de Finanzas) de 2021, según la Proforma que está en análisis en la Asamblea.

La desvinculación por jubilación es una de las estrategias del Gobierno para reducir el peso del gasto en salarios públicos que alcanza USD 9.204 millones en 2022.

Las partidas no se renuevan y, con ello, se cumple también la meta de reducción de gasto prevista en el acuerdo que Ecuador alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en septiembre de 2020.

Las desvinculaciones por jubilación ocurrirían, siempre y cuando, los servidores públicos presenten una solicitud voluntaria de desvinculación, según el Ministerio del Trabajo.

La Ley de Seguridad Social establece, en cambio, que las personas deben cumplir con los siguientes requisitos para acceder a la jubilación ordinaria por vejez:

Cumplir con 60 años de edad y un mínimo de 360 imposiciones mensuales.
Tener un mínimo de 480 imposiciones mensuales sin límite de edad.

Mientras tanto, la Ley Orgánica del Servicio Público establece que las personas de 65 años cumplen con los requisitos para la jubilación y quienes ya tienen 70 años tendrían que retirarse del servicio público.

Las jubilaciones

Desde 2017, el Gobierno del expresidente Lenín Moreno impulsó la desvinculación de empleados públicos como una acción para reducir la nómina. La actual administración del Presidente Guillermo Lasso continua en esa senda.

Según el Ministerio del Trabajo, entre 2017 y septiembre de 2021 hubo 25.157 desvinculaciones por jubilación en el sector público.

2019 fue el año con un mayor número de salidas por jubilación, con 8.467 casos. Esto representa un tercio de total de los registros de los últimos cuatro años.

Pero el proceso de desvinculaciones tiene sus particularidades. Hay entidades, como el Ministerio de Producción, que solo ha desvinculado a una persona entre enero de 2017 y septiembre de 2021.

Del Ministerio de Educación, en cambio, salieron 18.078 funcionarios por jubilación que representan el 71% de total de desvinculados en los últimos cuatro años.

El Ministerio de Salud Pública es la segunda institución con más desvinculaciones, con 3.503 procesos entre 2017 y septiembre de 2021.

Las transferencias para el pago de incentivos jubilares para servidores del Gobierno Central son altas en Ecuador, ya que entre 2017 y 2020 sumaron USD 466 millones.

El Ministerio de Educación fue la institución que más pagos por desvinculaciones hizo, con USD 284 millones, seguido por el Ministerio de Salud con USD 114 millones. Esas dos carteras de Estado acapararon el 85,64% del total de los pagos por desvinculaciones entre 2017 y 2020.

Las desvinculaciones por jubilación continuarán en 2022. El Ministerio de Finanzas asignó USD 210 millones en la Proforma para el pago de incentivos jubilares el próximo año.