Gobierno: Hay que darle oxígeno al IESS y decreto ley es una vía para hacerlo

Si la Corte no aprueba las reformas a las finanzas públicas, el siguiente Gobierno va a vivir una situación muy complicada, advierte Finanzas.

El Gobierno defiende que el decreto ley enviado el 5 de septiembre de 2023 a la Corte Constitucional busca dar una solución a dos deudas históricas del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Se trata de las deudas del Estado por el pago del 40% de aporte para el pago de las pensiones de los jubilados y para financiar el gasto de enfermedades catastróficas.

Lasso plantea eliminar intereses de la deuda del Estado con el IESS

Las medidas, que están incluidas en el decreto ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, son:

Eliminar el pago de intereses de la deuda del Estado por pensiones con el IESS.

Que el Estado aporte con el 33% del gasto en las atenciones de enfermedades catastróficas de afiliados y jubilados del IESS.

En entrevista con PRIMICIAS, Daniel Lemus, viceministro de Finanzas, explica el alcance de esas dos propuestas.

Daniel Lemus, viceministro de Finanzas Ministerio de Finanzas

¿Qué busca la inclusión de las disposiciones relacionadas con el IESS en el decreto ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas?

Que se pueda pagar al IESS. Hay un problema histórico con el IESS, no es un tema que pueda ser resuelto de un plumazo ni en un solo pago, porque son cifras muy altas.

¿Por qué plantean que el Estado solo asuma el 33% del gasto en atenciones de enfermedades catastróficas, si la Constitución dice que el Estado debe asumir el 100%?

No es que el Estado va a pagar solo el 33%. Ahora no se paga nada; es decir, de 0% ahora se está pasando al 33%.

Por otro lado, la Ley de Seguridad Social dice que ese tipo de gastos en enfermedades catastróficas en el IESS se pagan a través de un fondo tripartito.

No es que el Estado va a pagar solo el 33%. Ahora no se paga nada; es decir, de 0% ahora estoy pasando a 33%.

Pero la ley no dice el alcance del fondo tripartito, por lo se puede interpretar muchas cosas; es decir, que el aporte del Estado puede ser del 5%, del 30%, del 70%.

No hay una definición clara para que el Estado pueda cumplir con lo que dispone la Ley.

Estamos claros en que necesitamos darle oxígeno al IESS y cumplir con las obligaciones, pero necesitamos una cobertura legal para definir el valor por transferir. En derecho público, si las cosas no están establecidas, las cosas no se pueden hacer.

Por eso, se optó por la solución más salomónica, por un fondo tripartito, donde cada actor (Estado, afiliados y empleadores, ndr.) pueda aportar con un tercio.

Con eso, el Estado va a poder empezar a cumplir y tener un mecanismo legal para hacer los pagos al IESS.

¿La propuesta del Ejecutivo no choca con la Constitución, que dice que es el Estado el obligado a financiar la atención de las enfermedades catastróficas?

Eso dice la Constitución como concepto, pero en la Ley de Seguridad Social, que es una norma vigente, dice el cómo y plantea crear el fondo tripartito. La propuesta incluida en el decreto es una salida legal para empezar a pagar. Es el único camino que ahora tenemos.

La Ley de Seguridad Social, que es una norma vigente, plantea crear el fondo tripartito.

Si más adelante, se quiere modificar el porcentaje de aporte del Estado que hoy estamos proponiendo lo pueden modificar, pero necesitamos una vía para empezar a hacerlo. El peor punto es el actual en el que no puedo pagar nada.

El decreto ley exige auditorías para concretar el aporte del Estado para financiar las enfermedades catastróficas. ¿No es una traba para el pago, como ya se ha visto con el pago del aporte estatal para salud de jubilados?

Es un punto válido. En nuestro Gobierno hemos realizado un fuerte trabajo con el IESS para solucionar los problemas del pago de la deuda del Estado por salud.

En una auditoría hay dos partes. Por un lado está la auditoría que hace el IESS para pagar a sus prestadores externos.

Por otro lado, el Estado hace un reconocimiento de la deuda por atenciones médicas y le transfiere los montos.

Lo que venía pasando es que había inconsistencias en la información que remitía el IESS. Entonces, se acordó con el IESS que un tercero imparcial audite esos valores y podamos reconocer esos valores.

¿Por qué se incluyó estas reformas a las transferencias del IESS en un decreto ley urgente?

Necesitamos darle oxígeno al IESS. Este es un mecanismo para hacerlo. Hay una deuda, pero si no hay mecanismos legales para facilitar el pago, no se podrá hacer.

Lo mismo ocurre con la disposición para que se elimine el pago de intereses de la deuda por pensiones con el IESS.

Ya hay un camino hecho para ir definiendo los valores pendientes de pago el 40% de aporte estatal para pensiones de jubilado.

Si el Estado no paga ahora se genera una suerte de multa, que son los intereses que hay que pagar.

Lo que se debe es un monto importante, que no se puede cumplir un solo pago, hay que ver mecanismos.

Pero cómo puedo pactar la forma de pagar, si me ponen una especie de multa por no pagar al día siguiente. Eso es poner más espinas en el camino para cerrar esa brecha histórica.

Cómo puedo pactar la forma de pagar, si me ponen una especie de multa por no pagar al día siguiente.

Es buscar mecanismos para empezar a cubrir las obligaciones con el IESS y dar solución a la crisis actual.

¿Se están condonando valores a favor del Estado?

Ese valor de los intereses no está establecido en el Presupuesto General del Estado ni en ninguna parte. No es que estamos diciendo que se borre ese valor, pues ese valor no está establecido en ninguna parte ni ha sido reconocido por el Estado.

No es que estamos diciendo que se borre ese valor, pues ese valor no está establecido en ninguna parte.

Es un concepto que está ahí para que el IESS reclame sobre ese concepto.

¿El valor referencial de la deuda histórica del Estado por pensiones es de USD 1.900 millones?

Correcto y ese es el valor sobre el que estamos trabajando (con auditorías, ndr.) para ir reconociendo esos valores.

Y los intereses serían alrededor de USD 1.000 millones, pero es un valor sobre el cual no existe una definición. Es una postura que ha mandado el IESS, pero no se puede decir que ese es el valor.

La idea de que el Estado pague intereses al IESS es porque al no recibir a tiempo el aporte estatal no puede invertir esos dineros y hay una especie de lucro cesante. ¿Por qué eliminarlos entonces?

El 40% es una contribución que hace el Estado para completar el pago de pensiones en el IESS. No es el dinero normal que recauda el IESS.

Los ciudadanos, a través del Estado, están contribuyendo para el pago de pensiones, por lo que conceptualmente no debería ser tratado como ahora se lo trata. Hay que entender que el Estado hace la contribución al IESS a partir de los impuestos que cobra a sus ciudadanos.

Por eso, la propuesta es cerrar el problema del pago de capital de la deuda con el IESS, que en su momento no se pagó porque el Estado no contó con los recursos. Y poder hacer un acuerdo de pago con el IESS.

¿El decreto ley también abre la puerta para reducir las asignaciones de salud y educación en el Presupuesto General del Estado?

En ningún lado el decreto habla de reducción al presupuesto de salud y educación. De ninguna manera se está planteando no cumplir con el mandato de aumentar el gasto estatal en un monto equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) al año para cada uno de esos dos sectores, que son USD 1.000 millones al año.

Se trata de un aumento del 5% del Presupuesto General del Estado por año, lo que implicaría que la economía tenga que crecer en ese ritmo para cubrirlo.

El decreto ley no modifica esa disposición, lo único que propone es que ese cálculo de incremento sea sobre el presupuesto efectivamente gastado o ejecutado.

¿Por qué? Porque el presupuesto ejecutado es el que mide la real capacidad de ejecución de las entidades públicas. Además, todo gasto debe estar financiado, pero ese incremento en salud y educación no lo está.

¿Pero Finanzas podría cortar el gasto en salud y educación si no le alcanza el presupuesto?

No porque la mayoría de gastos en ambos sectores son corrientes, es decir, pago de salarios, y no es que el Estado puede dejar de hacer esos pagos.

No es tan fácil decir si me falta plata entonces le corto a salud y educación.

¿Qué pasará si la Corte Constitucional no da paso a este decreto ley, que busca dar flexibilidad para la gestión de los ingresos y gastos del Presupuesto en un año en el que se espera la llegada de El Niño y se tendrá que cerrar el ITT?

El decreto busca dejar un cierre ordenado de las finanzas públicas.

Sin eso el próximo Gobierno tendrá que jugar con las reglas actuales y con eso habría una situación fiscal bastante difícil dado el cierre del ITT, que tendrá un impacto muy fuerte en la caja fiscal, de USD 1.200 millones al año.

No podrá reaccionar al Fenómeno de El Niño. Si ahora el Gobierno recibiera ayuda humanitaria por USD 1.000 millones para atender los efectos de ese fenómeno, sería una complicación meterlos en el presupuesto. Si quisiera usarlos, tendría que aumentar el presupuesto y la única manera de hacerlo es ir a la Asamblea.

El decreto introduce excepcionalidades para poder hacer frente a este tipo de escenarios.