El Gobierno estrena política minera en medio de conflictos no resueltos

Este 4 de junio de 2019, en Zamora Chinchipe, el Gobierno de Lenín Moreno presenta la nueva política pública para el sector minero. La meta oficial es ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas y mejorar la acción del Estado para prevenir, combatir y sancionar la minería ilegal.

Haciendo un guiño a la empresa privada, el lanzamiento se hace en la provincia en la que se ubica uno de los proyectos mineros estratégicos más importantes de Ecuador: el depósito de oro Fruta del Norte, concesionado a la empresa Lundin Gold, que comenzará su producción en el último trimestre de 2019.

Ahora mismo, la industria minera, según sus representantes, espera decisiones que le permitan invertir con certeza.

Por un lado, la Corte Constitucional debe decidir sobre un pedido de consulta popular que puede paralizar importantes proyectos mineros en 4 parroquias de las provincias de Imbabura (Carolina y Lita) y Carchi (Goaltal, Jijón y Caamaño).

Pero, además, el Estado sigue sin tomar control en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en donde grupos armados siembran el terror desde fines de 2017 cuando se comenzó a extraer ilegalmente oro de las minas de La Joroba y El Lomón.

El Gobierno ofrece normativa e incentivos

Según el documento de la nueva política, al cual tuvo acceso PRIMICIAS, con esta política:

• “Se promoverá un marco (...) sólido (…) mediante el análisis y propuesta de una normativa minera”.
• Se establecerá incentivos fiscales como devoluciones de impuestos, contratos de garantías y estabilidad tributaria y permisos para inversiones en zonas de frontera.
• Se elaborará un modelo integral para la pequeña minería y minería artesanal,
• Se definirán zonas idóneas para el desarrollo de las actividades mineras con base en criterios sociales, ambientales, hídricos en los que se respete las fuentes de agua declaradas de interés público y zonas de importancia hídrica, productivas y económicas.

Buenos Aires, el problema no resuelto

La nueva política no define acciones precisas para acabar con la minería ilegal. El caso más grave se ubica en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, que se encuentra tomada por mineros ilegales y grupos armados.

El 30 de mayo, los habitantes de El Triunfo, una comunidad que se ubica a unos 40 minutos del ingreso a Buenos Aires, reabrieron la carretera que conduce a la mina, que mantenían cerrada desde el 25 de mayo, impidiendo el ingreso de insumos para los mineros ilegales que están en la montaña conocida como la Joroba.

“La actividad ilegal nunca se paró en la mina, pues allá arriba hay incluso procesadoras (chanchas) para el oro, pero durante el paro a los mineros se les impidió subir combustibles, alimentos y otro tipo de insumos”, dijo a PRIMICIAS un poblador que pidió guardar su nombre en reserva.

El poblador dijo que la comunidad depuso la medida de hecho tras llegar a un acuerdo con los mineros, “pero también por miedo, porque nunca ha llegado ni el Ejército ni la Policía para permanecer de forma constante en la zona”. Prefirió no dar detalles del tipo de acuerdo.

El gobernador de Imbabura, dijo a PRIMICIAS que desconoce el acuerdo: “Es entre los pobladores y la minería ilegal”, aseguró.

Hasta el cierre de esta edición el gobernador y las autoridades de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) analizaban la situación.