El acuerdo ministerial 195 del Ministerio de Trabajo, emitido el 23 de julio de 2019, establece un mecanismo técnico para fijar la estructura de la nómina en las entidades públicas que se eliminan, fusionan o absorben.
El documento establece un plazo de 30 días para que las entidades sometidas a fusión, absorción, supresión o liquidación entreguen a la entidad que las absorberá el listado de su personal, así como el expediente de cada servidor público para la evaluación.
Esa evaluación tendrá efecto en las entidades de todos las funciones de Estado como parte del proceso de optimización del sector público.
La evaluación estará a cargo del Ministerio de Trabajo y sera coordinada con el Ministerio de Finanzas y otras instituciones públicas involucradas de manera directa.
Tres etapas
La evaluación tendrá tres fases, que son las siguientes:
- Elaboración de la estructura provisional
Cada institución dentro del proceso de optimización detallará por ejemplo, las responsabilidades duplicadas que sustenten la desvinculación del personal.
- Evaluación de las nuevas competencias.
El proceso será calificado en 100 puntos: 40 puntos por la instrucción formal, 35 puntos por la experiencia y 25 puntos por la evaluación de desempeño.
Las desvinculaciones por la evaluación se darán en tres casos: si no tiene instrucción formal ni experiencia; si el servidor tiene instrucción formal pero no tiene experiencia; y si no tiene instrucción formal pero si tiene experiencia.
El Acuerdo establece que los servidores tendrán bonificación de puntos cuando tengan experiencia mayor a la requerida y un título superior al requerido en la descripción de los puestos.
Para permanecer en el servicio público, los funcionarios deberán alcanzar por lo menos 80 puntos.
“Los servidores públicos que como resultado de la evaluación, obtuvieren una calificación menor a 79,99, se entenderá que no han cumplido con las necesidades institucionales”, dice el Acuerdo Ministerial.
- Traspaso y desvinculación del personal
Una vez que se cumplió con la evaluación, el Ministerio de Finanzas emitirá un informe técnico de los servidores que cumplieron con el “nivel de cumplimiento alto” para que sigan en el servicio público.
El Acuerdo establece que la desvinculación se dará en tres circunstancias: cuando el personal desee desvincularse de forma voluntaria, cuando se evidencia que tiene competencias duplicadas entre la institución de origen y la institución receptora; y cuando los funcionarios hayan alcanzado un puntaje máximo de 79,99.
Los que se salvan de la evaluación
La evaluación no se aplicará a servidores que ocupen puestos de nivel jerárquico superior.
Tampoco entrarán en la evaluación los empleados con discapacidad o enfermedades catastróficas, embarazadas o servidoras que gozan de licencia por maternidad.
El Acuerdo también excluye de la evaluación técnica a los servidores públicos mayores de 70 años y que deban jubilarse.
Tampoco a los servidores que quieran desvincularse de la institución, a los empleados que están en uso de la licencia sin remuneración o en comisión de servicios, o por estudios de maestrías.
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