No está quebrado, pero casi. La discusión sobre las medidas para salvar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) será parte del Acuerdo Nacional, convocado por el presidente Lenin Moreno, la semana pasada. Un debate que, sin embargo, empezará sin bases sólidas.
No existe, por ahora, un informe definitivo sobre la situación financiera de la institución que cubre a 3,7 millones de trabajadores, según el presidente del Directorio de la entidad Paúl Granda. Tampoco están listas las proyecciones sobre la sostenibilidad del IESS para los próximos 40 años: no se sabe con certeza hasta cuándo alcanzará el dinero para pagar las pensiones jubilares. Los cálculos menos optimistas esperan que sea hasta 2022.
El panorama es especialmente oscuro para los actuales aportantes.
Sobre la mesa de debate ya existe una “recomendación” de una posible reforma: “modificar gradualmente las condiciones de edad y tiempo de aportación para la jubilación por vejez a los afiliados con edades inferiores a los 45 años y a los nuevos ingresos y reingresos”. Es una de las sugerencias contenidas en el Estudio Actuarial del Fondo del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, elaborado en la Dirección Actuarial, de Investigación y Estadística del Seguro Social, de febrero de 2019.
Pero no todos creen que esta deba ser una medida urgente. PRIMICIAS habló con Patricia Borja, abogada experta en temas de seguridad social.
Millones de trabajadores sin protección
Aunque la crisis del IESS es profunda, el tema de fondo es que en Ecuador hay 4,5 millones de personas que tienen empleo, pero no están bajo la protección del seguro social, según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (Inec), en un informe de marzo de 2019. Y eso sin contar con 386.255 personas que están desempleadas.
Hasta ahora ningún sector, empezando por el Gobierno, ha puesto sobre la mesa posibles medidas para aumentar la base de afiliados a la Seguridad Social. Únicamente Granda dijo, en enero, que se habían identificado a 750.000 potenciales afiliados en el país y en el extranjero. Por ahora, las cifras se mantienen estables.
Hay dos razones que vuelven urgente este debate, explica Borja:
- La primera. Es un derecho reconocido en la Constitución. El artículo 3 dice que es un deber primordial del Estado “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”.
- La segunda. Garantizar la supervivencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Bajo el actual sistema de solidaridad, el pago de pensiones jubilares está atado al aporte de los afiliados activos.
- El informe actuarial del IESS prevé un crecimiento anual de los afiliados de 2,04% mientras que el número de pensionistas por vejez crecerá 4,51%.
“Las cuentas del IESS se han lesionado gravemente. A este ritmo en tres años no habrá recursos para pagar las pensiones jubilares”, opina Marco Proaño Maya, uno de los veedores designados por la Contraloría para acompañar la auditoría integral al Seguro Social.
Es viable cambiar este esquema en Ecuador.
¿Cómo se destruyó el fondo de pensiones?
- La primera causa fue la decisión del anterior Gobierno de eliminar el aporte del Estado de 40 %, entre 2015 y 2018. Eso le costó al Seguro (es decir a los trabajadores afiliados) USD 6.370,2 millones.
- También se disminuyeron los aportes para el Fondo, entre 2012 y 2019. En el IESS calculan que se perdieron USD 1.925,1 millones. ¿La consecuencia? Hubo menos dinero para inversiones y las reservas cayeron.
- Entre 2015 y 2018, el Seguro también desinvirtió USD 5.519,9 millones que tenía en varios instrumentos financieros. Sacó el dinero y dejó de recibir rendimientos por USD 944,1 millones. Entonces, la pérdida total por capital y lucro cesante fue de USD 6.464 millones.
- Las inversiones tampoco estuvieron bien hechas. El informe del IESS asegura que las inversiones no cumplieron el requisito mínimo exigido: 4 % de interés actuarial anual. El problema está en la colocación de recursos en Bonos del Estado y en los negocios fiduciarios. Entre 2016 y 2018, se perdieron USD 902 millones.
En total, solo entre mayo de 2015 y diciembre de 2018, el fondo de pensiones perdió 9.239,4 millones de dólares.
El resultado fue el descalabro de los principales indicadores financieros:
¿Quién paga los platos rotos?
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