Puertos y molineras reajustan su operación tras colapso de Ecuagran

Los puertos y las molineras tratan de volver a la nueva normalidad tras el escándalo financiero que protagonizó Ecuagran. En septiembre de 2020, esta empresa incumplió con el pago a sus inversionistas, mientras su presidente ejecutivo abandonó el país.

Antes de cesar sus operaciones, Ecuagran se dedicaba a la importación y exportación de cereales y productos agroindustriales y alimenticios.

Además, ofrecía servicios aduaneros, temporal de mercancías y depósito aduanero comercial industrial o especial.

Ahora la empresa permanece cerrada, en medio de reclamos judiciales de inversionistas, proveedores, clientes y demás perjudicados.

El cierre ha provocado cambios en el manejo de carga en puertos, a pesar de que la operación de Ecuagran era marginal en esta industria, según datos de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep).

Este gremio señala que Ecuagran se encargaba del 1,2% de las toneladas métricas (TM) de carga que se maneja en el puerto de Guayaquil.

Para esa cantidad de carga, Asotep asegura a PRIMICIAS que los otros terminales tiene "la suficiente capacidad para operar el flujo que movía Ecuagran".

Las empresas que, por su capacidad, están en condiciones de brindar al mercado los servicios que daba Ecuagran son Fertisa, QC Terminales Ecuador y Storeocean, del grupo Agripac.

Este último fue recientemente autorizado para operar graneles por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial.

Pero la autorización como depósito temporal por parte del Servicio de Aduanas ha demorado más de lo previsto. Por ello aún se esperan ciertos trámites para que Storeocean opere con normalidad.

Pese a la demora en el inicio de operaciones de Storeocean, la Asotep dice que no hay congestión portuaria tras la salida de Ecuagran del mercado de terminales privados.

La resaca de septiembre

En septiembre de 2020 se supo que Ecuagran tenía pagos pendientes a sus inversionistas por USD 291.561, además trascendió que su presidente ejecutivo, Gad Iván Goldstein, salió de Ecuador el 5 de agosto con rumbo a Miami.

Esa era solamente la punta del iceberg de un problema que incluía la presentación de balances financieros inflados en activos, pasivos, ingresos y costos.

Una de las aristas del problema afectó al sector molinero de Ecuador, que se encarga de la producción de harina de trigo para pan y pastas. Estos vivieron uno de los momentos más críticos de su historia.

Todo inició cuando la empresa panameña, Luzar Trading, pidió a la justicia ecuatoriana que se embargue 12.000 toneladas de trigo que tenía almacenado Ecuagran.

Luzar actuó así en un intento por cobrar una deuda que la firma ecuatoriana mantenía con ellos.

Ese trigo había sido comprado por molinos ecuatorianos, algunos de ellos habían cancelado los trámites de aduanas, debido a la situación de Ecuagran, lo que ponía en riesgo el abastecimiento del 30% del mercado.

La Asociación de Asociación Ecuatoriana de Molineros (Asemol) advirtió que algunas empresas podrían cerrar ante la situación.

Finalmente, la justicia desechó el pedido de Luzar y el trigo pudo ser retirado por sus dueños.

"Todavía hay miebros de Asemol con deudas por cobrar a Ecuagran", dice una fuente de la asociación a PRIMICIAS.

La "gran hermana" de Ecuagran

Es casi imposible hablar de Ecuagran sin mencionar a Delcorp, ya que según información del mercado de valores y de la Superintendencia de Compañías, las dos empresas están relacionadas.

Según informes de los reguladores, las dos firmas están vinculadas por administración y capital. Delcorp tiene el 13,7% del capital accionario de Ecuagran. Y esta última tiene el 13,5% de las acciones de Delcorp.

Adicionalmente, Goldstein Valdez Gad Iván figura en los libros como presidente ejecutivo.

El 25 de marzo pasado, José Ibáñez, liquidador de Ecuagran, aseguró que "solo en obligaciones y papel comercial Ecuagran y Delcorp tienen valores pendientes por USD 64 millones".

Entre los perjudicados por Ecuagran están el banco de la Seguridad Social (Biess), el fondo de pensiones de la Policía (Isspol), la Corporación Financiera Nacional (CFN), el Fondo de Cesantías del Magisterio y hasta la aseguradora estatal Seguros Sucre.