Entre las conclusiones del informe del liquidador se establece que el inventario de productos que hizo Ecuagran no era real. En septiembre de 2020 faltaban casi USD 3 millones en productos.
El escándalo financiero que protagonizan las empresas Ecuagran y Delcorp -desde agosto de 2020 por impagos en el mercado de valores- se vislumbraba un año antes cuando la Superintendencia de Compañías realizó un control ‘in situ’ de la empresa, en marzo de 2019.
Así lo establece un informe preliminar del liquidador de Ecuagran, José Ibáñez, entregado al superintendente de Compañías, Victor Anchundia, el 25 de marzo de 2021.
Después de revisar una serie de documentos financieros de Ecuagran y Delcorp, como estados de resultados, libros contables, kardex de inventarios, facturas de ventas y facturas de compra, la Superintendencia de Compañías emitió el 9 de abril de 2019 una resolución. En esta se determinaba que “los balances financieros de las dos empresas estaban inflados en activos, pasivos, ingresos y costos”.
Es decir que los estados financieros y estados de resultados no reflejaban la real situación de Ecuagran y Delcorp, que ese mismo año realizaron emisiones en bolsa, que hoy tienen valores impagos.
Solo en obligaciones y papel comercial Ecuagran y Delcorp tienen valores pendientes por USD 64 millones.
Informe José Ibáñez, 25/03/2021
Facturas sin sustento
En el informe de 2019 la Superintendencia de Compañías también habría determinado que “Delcorp y Ecuagran estaban emitiéndose mutuamente facturas sin sustancia económica“, es decir que detrás de esas facturas no hubo un pago por intercambio de productos o servicios reales.
Esos papeles se negociaron en el mercado de valores desde 2018.
A pesar de que Ecuagran estaba intervenida -lo que le impedía negociar facturas comerciales, y de los hallazgos de la Superintendencia de Compañías- la empresa actuó como aceptante de facturas de Delcorp en mayo de 2019.
En ese contexto, Delcorp entendió las limitaciones de sus negociaciones con Ecuagran, por lo que constituyó una nueva empresa: Fertisolubles, para que actúe como aceptante de sus facturas, que no tenían sustento económico.
Fertisolubles se constituyó como una sociedad anónima el 28 de mayo de 2019, con un capital de USD 800, y el 7 de junio de 2019 ya actuaba como aceptante en la negociación de siete facturas comerciales de Delcorp, por un monto de USD 3,2 millones.
No se alertó al mercado
En julio de 2019 la interventora de Ecuagran, Viviana Vásquez, emitió un informe en el que sostuvo que fueron canceladas la totalidad de las facturas comerciales negociables en la empresa actuó como aceptante de Delcorp, por lo que recomendó el levantamiento de la intervención.
El 11 de septiembre, se levantó la intervención de Ecuagran. Y un mes después, en octubre, Intendencia Nacional de Mercado de Valores autorizó dos emisiones en bolsa de Ecuagran y Delcorp.
Eso “a pesar de tener conocimiento que los activos, pasivos e ingresos de las dos empresas se encontraban inflados y no correspondían a su realidad, y de no advertir de ninguno de estos problemas a los inversionistas ni al mercado de valores“, sostiene el informe del liquidador Ibáñez.
A cada una de las empresas se les aprobó, con un día de diferencia, la emisión de USD 15 millones en obligaciones de largo plazo, valores que ahora están impagos.
El destino de los recursos era la sustitución de pasivos, específicamente para cancelación de valores genéricos, es decir facturas comerciales.
“La Intendencia no vigiló que Ecuagran y Delcorp cancelen las facturas comerciales negociables con los dineros que recibían de las dos nuevas emisiones, incumpliendo su función de vigilar el destino de los recursos”, sostiene el reporte.
Entre los inversionistas perjudicados por las negociaciones de esas dos empresas están el banco de la Seguridad Social (Biess), el fondo de pensiones de la Policía (Isspol), la Corporación Financiera Nacional (CFN), el Fondo de Cesantías del Magisterio y hasta la aseguradora estatal Seguros Sucre.
Solo con el Isspol las tres empresas, Ecuagran, Delcorp y Fertisolubles, acumulan una deuda de USD 21,9 millones, según un informe de Contraloría.
Negocio prohibido
En el informe del liquidador Ibáñez se sostiene que entre los pasivos registrados por Ecuagran y Delcorp figuran una serie de letras de cambio con distintos beneficiarios, entre los que constaban personas naturales y jurídicas. Esas operaciones están prohibidas para quienes no forman parte del sistema financiero nacional.
Entre 2013 y 2020, Ecuagran habría captado USD 19,8 millones de 251 personas naturales y jurídicas por concepto de letras de cambio.
“En la lista de quienes aceptaron letras de cambio de Ecuagran figuran: Isspol, HoldingDine, empresa del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa); Corpei (Fideicomiso Corpei Capital), Adfinsa”.
Y continúa: “Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Datacentro, Decevale, Forban (de los accionistas de la casa de valores que manejó el grueso de las inversiones de Isspol) y hasta el Banco Central”, sostiene el informe preliminar.
Siete empresas y casas de valores actuaron como intermediarios de esas operaciones. Eso a pesar de que las casas de valores no pueden intermediar valores no inscritos en el Catastro Público de Mercado de Valores.
Una parte importante de estas letras de cambio fueron canceladas con recursos provenientes de la sexta emisión de obligaciones de la compañía.
Informe José Ibáñez, 25/03/2021
El informe agrega que “a la legalidad o ilegalidad de la captación de dinero a través de letras de cambio por parte de una compañía, la determinación de responsabilidades corresponderá a la autoridad competente en materia penal”, que es la Fiscalía.
Otras deudas
A los pagos pendientes de obligaciones, papel comercial y facturas comerciales que tiene Ecuagran se suman deudas por grano que desapareció de sus silos y que reclaman empresas como Cargill y Luzar.
Entre las conclusiones del informe se establece que el inventario de productos que hizo Ecuagran no era real.
En septiembre de 2020 faltaban casi USD 3 millones en productos, solo estaban almacenados USD 153.246 en avena, maíz y lenteja, los cuales estaban deteriorados.
El Servicio de Rentas Internas (SR) sostiene que “en el caso de desaparición de los inventarios, el contribuyente deberá adjuntar al acta, la respectiva denuncia efectuada durante el ejercicio fiscal en el cual ocurre, a la autoridad competente y a la compañía aseguradora (de ser aplicable)”.
“La falsedad o adulteración de la documentación antes indicada constituirá delito de defraudación fiscal en los términos señalados por el Código Tributario”, agrega el SRI.
Otras deudas que acumula Ecuagran son con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y con el mismo SRI.
Hasta el 25 de marzo de 2021 Ecuagran tenía una cuenta por pagar al IESS de USD 139.012, por concepto de aportes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero 2021.
A eso se suma un impago de USD 189.337 con el SRI por declaraciones pendientes hasta febrero de 2021.
En el ámbito laboral la empresa tiene USD 40.555 pendientes por el pago de nómina, USD 5.262 por finiquitos y USD 1.322 por jubilación patronal.
Al momento, Ecuagran registra 54 procesos legales abiertos, de los cuales 36 son laborales, nueve judiciales, cuatro son investigaciones previas, cuatro procesos son coactivos y uno es constitucional.
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