Productos ilegales se 'filtran' por internet, envíos de migrantes y las bahías

El ingreso de mercadería de forma ilegal a Ecuador, es decir, evadiendo inspecciones aduaneras y esquivando el pago de impuestos, es común en Ecuador por varias vías que preocupan a las autoridades aduaneras.

Aunque, reconocen cierto nivel de desarticulación entre las instituciones, también alertan que existe una cultura ciudadana que, al parecer, ha normalizado la compra de productos de contrabando.

María Alejandra Muñoz, directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), comentó durante un conversatorio en la Universidad SEK, los cuatro mecanismo que facilitan el ingreso de productos ilegales.

1. Venta informal en Internet

En Ecuador existe un régimen que exime a los ciudadanos de pagar impuestos y aranceles por los paquetes que ingresan por puertos y aeropuertos como bienes personales. En la lista de productos admitidos están, por ejemplo, prendas de vestir y medicamentos de uso personal.

Pero, hay ecuatorianos que aprovechan esta licencia para ingresar productos que luego comercializan informalmente. Las redes sociales o las solicitudes de encargos son algunas de las prácticas comunes y que se desarrollan a vista y paciencia de las autoridades.

"La finalidad de este grupo es informar a las personas que tienen interés de traer artículos de Estados Unidos las fechas de viajes para que puedan pedir sus encargos de manera segura".

Promoción de un grupo de encargos de Facebook.

Muñoz, asegura que ese comportamiento refleja que "no hay cultura aduanera en Ecuador. Hay países donde no dejan entrar chicle y los ecuatorianos no revisan el listado de efectos personales o lo hacen y lo evaden".

2. Envíos ilimitados de migrantes

La Ley de Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, que se publicó en el registro oficial el 31 de enero de 2019, también preocupa a las autoridades que controlan el contrabando.

El artículo 61 de la norma establece que los migrantes ecuatorianos residentes en el extranjero tienen derecho a enviar bienes de uso familiar a través de servicios de ‘couriers’, libres de aranceles sin límites en el número de paquetes.

El peso del paquete debe ser máximo de 4 kg y el valor no puede superar el salario básico unificado, que para 2020 se fijó en USD 400.

"La Asamblea aprobó que no haya límites. Debemos dejar de ser el país de excepcionalidad, porque encontramos que, a través de las excepciones, se filtra la corrupción", dice Muñoz, para quien la reforma podría hacer que los migrantes sean usados por el contrabando.

Ella se pregunta si, en realidad, una familia necesita recibir una cantidad ilimitada de paquetes del exterior. El tema ya está en análisis con el Comité de Comercio Exterior (Comex) y el Ministerio de Finanzas: Muñoz cree que debe haber un mecanismo de control.

2. Las facturas son un escudo

La Senae sostiene que es muy difícil realizar controles una vez que el producto se comercializa en el país. Un caso paradigmático es la Bahía, en Guayaquil.

En los sitios donde se conoce que se vende mercadería cuyo origen se presume que podría ser ilegal, los comerciantes se escudan en las facturas de compra interna. "Argumentan que no importaron y que compraron los productos a alguien más", sostiene Muñoz.

En provincias como Carchi, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas hay ferias donde se venden productos de todo tipo y de toda procedencia, con o sin factura, que acaba siendo un mecanismo para proteger el contrabando, según Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (Aite).

En estos casos, la tarea de control se complementa con el Servicio de Rentas Internas (SRI) que debe 'rastrear' al vendedor original.

4. Los vacíos del RISE

Otro punto débil del sistema de rentas es el Régimen Impositivo Simplificado (RISE), que es un régimen de inscripción voluntaria que reemplaza el pago del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la renta (IR).

Está pensado para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los pequeños comerciantes.

Para estar sujeto al RISE existen algunos requisitos, entre ellos ser persona natural y no tener ingresos mayores a USD 60.000 al año.

En el último catastro real de operadores de comercio internacional, que evaluó a 58.000, la Aduana descubrió que había operadores con RISE que hacían importaciones por USD 300.000 al año.

Además, se encontró que 27.000 eran personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, lo que significa que podían inventarse los precios de sus compras, explica la directora del Senae.

Integración de las instituciones

Los sectores involucrados en el contrabando son tan diferentes que se desborda la capacidad del Estado para perseguir este delito aunque la ministra de Gobierno, María Paula Romo, asegura que se han ejecutado 6.021 operativos, entre el 8 y el 27 de enero.

Se han encontrado cargamentos con armas, hidrocarburos, precursores químicos, cebollas, medicinas y animales de contrabando, lo que exige la presencia de las agencias de control y de las autoridades encargadas de cada uno esos productos.

"La Policía y las Aduanas debemos combatir el contrabando desde una muy débil institucionalidad", dice Romo, quien considera que debería haber una mayor articulación entre las dos organizaciones.

En esto coincide Muñoz, quien agrega que también se deben integrar otras instituciones, como el Sistema de Rentas Internas (SRI) para tener trazabilidad del contrabando.

¿Cómo reducir el contrabando?

Los vacíos que existen en el país han hecho que Ecuador esté por debajo de la media del Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito.

En 2018, el último dato disponible, el país se ubicó en la posición 60 de 84 a causa de factores como la falta de transparencia en el comercio, la efectividad del servicio aduanero y el entorno doméstico que alienta o desalienta la oferta y la demanda de mercadería ilícita.

Ante este escenario, la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) hizo 12 recomendaciones para que Ecuador disminuya el contrabando, entre ellas:

• El endurecimiento de las penas.
• La cooperación entre aduanas y fuerzas de seguridad dentro de América Latina.
• Fortalecer la cooperación entre agencias a escala nacional.
• Atacar prácticas corruptas generalizadas.
• Adoptar regulaciones anti lavado de dinero.
• Intensificar la coordinación público - privada.