La Refinería del Pacífico tiene cuentas pendientes de USD 1.060 millones

La empresa mixta Refinería del Pacífico (RDP) enfrenta 17 juicios activos que ascienden a USD 69.786.939. Por, otro lado, tiene demandas de pago de proveedores y hasta estudios jurídicos internacionales que suman USD 1.060 millones. 

Las empresas que concentran la mayor cantidad de demandas por monto contra Petroecuador son paradójicamente WorleyParsons, South Korea Engineering & Construction Co. Ltd (SK) y la brasileña Odebrecht. 

Pero también tiene demandas por despidos intempestivos, una controversia por el valor pagado por el terreno y hasta por la paralización de su acueducto.

La Refinería nació como un proyecto conjunto entre la petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador, y su homóloga venezolana PDVSA en 2010.

Ambas petroleras estatales formaron un joint venture llamado RDP-CEM, en el que Petroecuador tenía el 51% del capital accionario y PDVSA el 49% restante.

José Herrera, quien está a cargo del proceso de liquidación de RDP-CEM, asegura que ya “se han ganado cinco procesos, tres con sentencia favorable a RDP, los otros dos ya contaban con sentencias en firme, que se pagaron en este período de liquidación”.

“Acabamos de obtener una victoria judicial importante por USD 29.342.000 frente a la compañía SK, que firmó un contrato de más de USD 260 millones para el diseño de la ingeniería básica de la Refinería del Pacífico”, explica Herrera.

La coreana SK fue contratada para los trabajos de estudios ambientales e ingeniería, mientras que la constructora brasileña Odebrecht, que ha cambiado de nombre tras un escándalo internacional de corrupción, se quedó con el contrato para la construcción de 94 kilómetros del acueducto La Esperanza.

El acueducto, que tenía por objeto proveer de agua a la inexistente refinería, lleva ahora agua cruda a los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó.

Se trata de uno de los dos activos más importantes de la RDP, pero el acueducto también presenta novedades. La obra está valorada en USD 332.738.862.

Este acueducto genera gastos corrientes de unos USD 125.000 mensuales y está lleno de pinchazos de personas que le sacan el agua para sus cultivos y sus actividades.

Con dos bombas en operación constante y una alterna, el ducto atraviesa siete cantones. Mucha del agua que transporta es captada por conexiones ilegales, en su mayoría para el uso agrícola e industrial.

La empresa ha interpuesto 10 denuncias en Fiscalía, que se encuentran en investigación previa, por la toma ilegal de agua.

Y los tres municipios que se benefician del agua le están exigiendo a la RDP incrementar el tren de bombeo hasta cuatro bombas, con lo que el gasto aumentaría a USD 208.000 mensuales.

“Queríamos entregarlo en comodato o venderlo a una mancomunidad en un modelo asociativo entre municipios, e incluso a la prefectura, porque este acueducto no sólo está brindando servicio a los tres cantones, sino también a un sector productivo”, explica Herrera.

El acueducto La Esperanza ha provocado más de un dolor de cabeza a la RDP, incluso dentro de los 17 juicios que tiene activos ha sido demandada por el Municipio de Montecristi por la paralización del servicio de agua.

En total, las cuentas por pagar de la Refinería del Pacífico ascienden a USD 1.060 millones. 

Los únicos activos que tiene la RDP son los terrenos, el acueducto y el campamento, que es un conjunto de casas. Pero dentro de los balances también se han encontrado activos intangibles.

“Por ejemplo, los estudios que se hicieron están valorados en cerca de USD 590 millones. Contratamos una auditora externa para analizar los estados financieros de 2018 y 2019 y la conclusión fue que (los estudios, ndr) no cumplen con los parámetros para ser activos intangibles”, lamenta Herrera.

La empresa de la Refinería del Pacífico es prácticamente ilíquida. Al 30 de junio, su saldo en el banco era de USD 2.559, y tiene deudas por concepto de salarios con los pocos trabajadores que le quedan.

Ese nuevo obstáculo tendrá que resolverlo la junta de accionistas de la Refinería del Pacífico, que tiene previsto reunirse el 30 de septiembre.

Se espera que sus miembros discutan cuál será el plan a seguir y qué sucederá con las 500 hectáreas de terreno, el acueducto y el campamento.