Pese a los millones gastados en los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno en 'asesorías legales' a ecuatorianos en España, los migrantes todavía sufren los efectos de la crisis de 2007.
Han pasado ya 14 años desde que estalló la crisis de las hipotecas en España, y todavía unos 5.500 ecuatorianos enfrentan problemas legales.
Más de 10.000 ecuatorianos en España están a la espera de que los bancos inicien desahucios u otros procesos en su contra, según informes de la Embajada de Ecuador en Madrid.
PRIMICIAS accedió a informes de la Embajada y de la Cancillería, así como a testimonios de ecuatorianos residentes en España.
Estos documentos y narraciones dan cuenta del uso político de una tragedia humanitaria durante la llamada Revolución Ciudadana.
La ayuda ofrecida resultó muy limitada para quienes quedaron desamparados: los migrantes que lo perdieron todo, desde el piso hasta el trabajo e, incluso, la vida.
Los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno usaron recursos públicos de más de USD 13 millones, entre 2012 y 2021, en contrataciones de 'asesorías legales' para los ecuatorianos que tenían problemas de hipotecas, como lo revelamos en un informe previo.
El dinero también se destinó a contratos de asistencia psicosocial, además de eventos y espectáculos sociales y políticos.
Así, los recursos que eran para ayudar a los migrantes acabaron financiando actividades proselitistas y beneficiando a los aliados políticos del correísmo.
Entre ellos los partidos de izquierda españoles Podemos y PSOE, y los operadores políticos del correísmo-morenismo, que recibieron millonarios contratos.
Indefensos
"Nos sentíamos muy indefensos sin tener a quién acudir, porque los costos de un abogado son elevadísimos. Empezamos a reunirnos en asambleas porque estábamos desesperados. El problema común era que nos echaban a la calle los bancos", recuerda Bolívar Herrera, quien migró a España a fines de la década de los 90.
En medio de esa crisis, algunos dirigentes y migrantes tuvieron los primeros contactos con otros españoles y activistas políticos, que protestaban por los abusos de las hipotecas.
Así fue como conocieron al abogado Rafael Mayoral, hoy diputado de Podemos, que cogobierna con el Partido Socialista (PSOE) en España.
Entre los ecuatorianos más entusiastas estaban Iván Cisneros, Aída Quinatoa, John Angulo y Luis Chicaiza.
Cuando los grupos ya estaban organizados, empezó a intervenir el gobierno de Rafael Correa, con algunos de sus asambleístas y representantes de Cancillería.
El gobierno ofreció apoyo para solucionar los líos judiciales y económicos de los ecuatorianos.
Y cobró fuerza el proyecto de asesoría gratuita a los afectados desde la embajada de Ecuador en Madrid, que arrancó desde 2012, con la llegada de Aminta Buenaño como embajadora.
"Desde el inicio, los políticos pensaron en los réditos electorales, no en ayudar a las familias. Pensaron en los números, mientras nosotros, los afectados, solo queríamos salvar nuestros hogares", dice Herrera.
Para ese momento había ya 55.000 ecuatorianos, de los 400.000 que viven en España, enfrentando serios problemas para pagar sus hipotecas.
Cómo nacieron las 'asesorías'
Cuando explotó la burbuja inmobiliaria se conoció que los créditos eran irreales y sobrevalorados.
Salieron a la luz un sinnúmero de abusos cometidos por la banca, las empresas inmobiliarias, las firmas gestoras y las tasadoras.
La crisis produjo despidos masivos. Tras la pérdida de sus empleos, miles de ecuatorianos no pudieron pagar sus préstamos. Los acreedores comenzaron a desalojarlos, muchas veces por la fuerza con un procedimiento conocido como desahucio.
El excanciller Ricardo Patiño y Rafael Correa en un evento en España.
Para Aída Quinatoa, otra de las dirigentes de los grupos de migrantes, lo que en realidad se produjo fue una estafa hipotecaria.
Quinatoa recuerda que el proceso de organización de los ecuatorianos comenzó en 2008, junto a Mayoral, tanto para brindar asesoría como con manifestaciones y marchas.
"En la primera marcha que organizamos entregamos una carta dirigida a la Presidencia de Ecuador -que nunca nos contestó- en la que dijimos que nos sentíamos abandonados y que demandábamos apoyo", dice Quinatoa.
Según Quinatoa, ese mismo día personal de la Embajada en Madrid les dijo que era una disputa entre privados y que no podían intervenir.
Ecuatorianos deciden pelear
Un puntal de las manifestaciones en defensa de las víctimas de la crisis hipotecaria fue la creación, en 2011, de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca de Madrid (PAH), promovida con otras organizaciones barriales y populares.
Por eso, apunta Quinatoa, el servicio de asesoría jurídica fue producto de la exigencia permanente de los inmigrantes a las autoridades.
"Nadie nos ha regalado nada, esto ha sido fruto de nuestras luchas", agrega.
Desde 2008, españoles y migrantes de varios países, incluido Ecuador, se organizaron para protestar por la crisis de las hipotecas.
Para cuando las asesorías iniciaron, los migrantes ya habían realizado un sinnúmero de acciones, como detener desahucios o la toma pacífica de oficinas bancarias, movilizaciones, marchas, concentraciones, reuniones y talleres.
"Muchas situaciones debieron tratarse de manera individual y, en este aspecto, el servicio de la embajada también fue útil. Pero es claro que con el tiempo el mencionado servicio jurídico tuvo problemas por los manejos políticos", recalca Quinatoa.
Divorcios y suicidios
La crisis también desató hechos de violencia intrafamiliar, divorcios, problemas de deserción escolar, depresiones y hasta suicidios entre los migrantes.
Y se agravó porque la legislación española no libera de responsabilidad al deudor, por la mera devolución del inmueble.
Pese a que en muchos casos se entregaron los departamentos a la banca, los migrantes seguían teniendo saldos grandes de la deuda total pendientes, denominados coloquialmente como 'mochilas'.
Entre 2003 y 2009:
- Cerca de 123.000 ecuatorianos suscribieron hipotecas, ya fuera como deudores principales o como garantes.
- 53.000 familias tuvieron problemas de incumplimiento de pago.
- Cerca de 28.000 ecuatorianos debieron devolver las viviendas para cubrir sus obligaciones con la banca.
- Aproximadamente 5.000 migrantes, pese a entregar su vivienda en dación en pago, quedaron endeudados.
- Y otros 5.500 todavía no habían solucionado sus problemas hipotecarios, según un estudio técnico realizado por pedido de la Embajada en Madrid, a finales del gobierno pasado.
"Muchas familias hoy siguen pagando entre 400 y 700 euros mensuales, obligadas por las cláusulas abusivas de la banca, que fue una de las causantes de la crisis, pues abrió el grifo para dar créditos de todo tipo, a sabiendas de que iban a ser rescatados por el Gobierno con nuestros impuestos", comenta Sonia Ávila.
Ávila es una activista ecuatoriana que vive en Madrid y fue una defensora del correísmo y de su proyecto de asesoría jurídica.
"Fuimos utilizados. Correa se aprovechó de nuestro dolor, politizó esta tragedia para desviar fondos públicos y beneficiar a sus amigos de Podemos, entregándoles contratos", dice Ávila.
Ella estima que de los miles de familias que se inscribieron en las asesorías, solo un 30% tuvo un beneficio palpable.
“Ya existían plataformas de ayuda gratuita para los afectados, cualquiera podía acceder a esa ayuda en sus barrios”.
Sonia Ávila
La trampa del agua tibia
Edison López es periodista. Desde su canal España Latina TV ha seguido la evolución de la crisis durante varios años. Estima que el servicio que brindó la Embajada a los migrantes sí era necesario, pero con el tiempo se fue desfigurando.
"Es como todo lo que hizo el correísmo: dijo una cosa y al final gestionó otra", comenta.
La trampa está en que "el gobierno contrató a las empresas para dar las asesorías legales, pese a que muchas organizaciones, incluidas la PAH, ya ofrecían ese servicio de manera gratuita con abogados de oficio, incluso con defensores que facilita el estado español", explica López.
En constataciones y entrevistas que ha realizado a decenas de ecuatorianos sobre el impacto del apoyo de la Embajada, López encontró que los criterios son divididos.
La mitad cree que les sirvió como una orientación inicial, mientras que la otra mitad estima que solo fue un negociado para beneficiar a Podemos y sirvió de publicidad para el proyecto correísta, agrega López.
A los ecuatorianos interesados en las asesorías, según coincidieron varios entrevistados, los hacían registrar y eso ya se apuntaba como un logro.
Un punto más para la estadística y así justificar la contratación de la cooperativa Kinema, fundada por el diputado de Podemos Rafael Mayoral.
Lo cierto es que, con los años, al correísmo se le cayó la careta, dice Vega: "cada cual tiraba para su lado, llevaba el agua a su molino".
"El gobierno buscaba nuestros votos y Podemos también, para apuntalarse como partido y llegar a la Asamblea con más diputados. Correa ganó ampliamente las elecciones de 2013 y Moreno en 2017, entre los ecuatorianos en España", concluye Vega.
Lo último