La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, denunció en mayo que los contratistas de obras del Municipio estaban siendo extorsionados por bandas criminales, las denuncias crecen.
La extorsión a los contratistas de obras públicas en Guayaquil empieza desde que se instalan los anuncios con los datos de la obra que será iniciada.
En estos letreros que se colocan en el sitio de las obras aparecen el nombre del responsable del proyecto, el costo y el tiempo que durarán los trabajos.
Información que es suficiente para que las bandas delincuenciales hagan un trabajo de 'inteligencia'. Buscan datos personales de los contratistas para después aparecer en el lugar.
"Piden hablar con el jefe del proyecto para el tema de seguridad y que no pase nada aquí", es así como se presentan, explica Rodrigo (nombre ficticio para proteger la identidad del testigo), quien trabaja en una empresa que ha sido extorsionada.
"En ese momento le dan a uno toda la historia de la familia, donde trabaja la esposa, sobre los hijos, el color del carro y ante esa situación hay que acogerse a las condiciones que imponen", relata Rodrigo.
La empresa donde trabaja Rodrigo debe pagar USD 5.000 mensuales durante los 24 meses que tardará la construcción de la obra.
Al final, cuando los trabajos concluyan, habrá pagado a los extorsionadores unos USD 120.000.
"Esto nos obliga a ser extremadamente eficientes a optimizar recursos y tiempo, porque si hay obras anexas, ellos siguen pidiendo dinero hasta salir de ahí", relata.
Por ese dinero, los extorsionadores le dicen a la empresa que evitarán robos al personal, robo de equipos, maquinarias y que impedirán que miembros de otras bandas aparezcan para pedir más dinero.
"Cuando se presentan, según ellos, dan los nombres de las bandas que operan en el lugar y explican la distribución de cómo se han asignado por zonas toda la ciudad", dice Rodrigo.
Crecen las denuncias
La Policía reconoce que este tipo de extorsiones existe y que quienes amenazan a los contratistas "no siempre son miembros de las bandas delictivas a las que aluden, usan los nombres para atemorizarlos", dice Oscar Salguero, director de la Unidad de Secuestro y Extorsión (Unase).
Según las autoridades hay investigaciones abiertas, pero muy pocas denuncias a causa del miedo, "es poca o casi nula la información que nos proporcionan para poder dar con los autores", dice Salguero.
El problema es la desconfianza de los ciudadanos de que habrá una gestión efectiva de la Policía, "no hay suficientes uniformados para detener esto, al final los que patrullan esos barrios peligrosos y saben lo que pasa, se convierten en cómplices por miedo", dice uno de los perjudicados.
Según Lorenzo Calvas, gobernador de Guayas, el tema de las extorsiones está sobre la mesa de seguridad que trata cada semana con la Policía, en la larga lista de delitos, como el narcotráfico, el microtráfico, las amenazas y los asaltos.
"Se han identificado varios casos en Pascuales y en barrios del norte de Guayaquil, como Bastión Popular y Monte Sinaí", dice Calvas.
Las extorsiones se dan en todos los niveles: de ellas son víctimas desde los contratistas de obras públicas, los medianos empresarios y hasta pequeños locales comerciales de Guayaquil.
Bandas como "los ChoneKillers, los Tiguerones y los Lobos están enfocados en Sauces IV", dijo en rueda de prensa Víctor Zárate, Comandante de la Policía de la Zona 8, que comprende los cantones de Samborondón, Durán y Guayaquil.
Las extorsiones a locales comerciales son de entre USD 1.500 y USD 2.000, según ha detectado la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador.
"Tengan por seguro que las unidades de Inteligencia están levantando toda la información necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos y eliminar a estas bandas", dijo Zárate.
La Policía pide la colaboración a través de las denuncias, que han aumentado un 40% anual desde 2019 y que ya suman unas 7.500, según la Fiscalía.
Lo último