Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia en el sistema penitenciario para luchar contra el hacinamiento, que bordea el 30%.
En Ecuador hay 40.000 personas privadas de la libertad, alojadas en espacios diseñados para 28.000 detenidos. Este hacinamiento es identificado por expertos, como una causa adicional de la violencia que se vive en los centros penitenciarios, que, en lo que va del año, ha dejado más de cien muertos.
Entre 2013 y 2014, el gobierno de Rafael Correa inauguró centros de detención regional en Cuenca, Latacunga y Guayaquil. En conjunto, tenían capacidad para 11.000 personas privadas de la libertad.
En esa época, la población carcelaria de Ecuador era de 25.000 personas. El Gobierno anunció la apertura de estos centros, “que tenían infraestructura de primera, con énfasis en la seguridad y en la rehabilitación”.
A un costo de USD 200 millones, el correísmo prometió “humanizar y dignificar la vida de la población carcelaria a través de la educación, las terapias ocupacionales y espacios higiénicos vitales”.
Sin embargo, un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) señala que “Ecuador no llena la ambiciosa aspiración del nuevo modelo gubernamental. Todo lo contrario, asistimos a un progresivo de alejamiento de la población carcelaria del resto de la sociedad como expresión de la política pública de máxima seguridad”.
El plan del Gobierno, tras construir los centros regionales de detención, era el de cerrar cinco cárceles, que a su criterio no podían ser recuperadas, y dejar 33 centros penitenciarios operativos.
Estas cárceles pequeñas quedarían como centros de detención provisional o para personas que hayan cometido delitos no tan graves y que no tengan una sentencia ejecutoriada.
Crece población penitenciaria
Ocho años después de la inauguración de los centros regionales, la población penitenciaria es de 40.000 personas, y el nivel de hacinamiento es del 30%.
La tecnología y demás comodidades anunciadas no existe o ha sido destruida en los constantes amotinamientos.
“Imagínese que aquí hay uno o dos guías por cada 800 privados de libertad, y esos dos guías no tienen armamento. La situación es realmente dramática”, dijo Fausto Cobo, nuevo director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).
#SNAI_Zona3 Fausto Cobo, director general del @SNAI_Ec, recorrió el #CPLCotopaxiN°1 para verificar las condiciones de cada una de las etapas de seguridad, luego de incidentes violentos. #YoMeRehabilito #GobiernoDelEncuentro #JuntosLoLogramos pic.twitter.com/gn75AGm728
— SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) July 23, 2021
Ante ese escenario, el Gobierno planea dar privilegios penitenciarios a las personas detenidas que han cumplido más del 60% de su pena, tengan una conducta intachable, no tengan relación con drogas o padezcan de enfermedades terminales.
También intentará repatriar a los extranjeros detenidos en Ecuador.
Con estas medidas, 5.000 personas podrían dejar las cárceles.
“No puede existir dignidad ni rehabilitación en espacios en donde el hacinamiento merma las condiciones de desarrollo de los individuos”, sostiene Wendy Romero, coordinadora del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional de Chimborazo.
De cumplirse el plan del presidente Guillermo Lasso, el hacinamiento bajaría al 12,96%.
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