Machala, Esmeraldas y Bahía tendrán cárceles para mujeres y adolescentes

En Exclusiva

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

26 Nov 2021 - 0:05

Familiares de presos hacen fila en la cárcel de Guayaquil para entregar medicinas a sus familiares recluidos. Guayaquil, 12 de octubre de 2021. - Foto: Carolina Mella

Machala, Esmeraldas y Bahía tendrán cárceles para mujeres y adolescentes

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

26 Nov 2021 - 0:05

Un préstamo del BID de USD 45 millones será destinado a mejorar las condiciones del sistema de rehabilitación social. Uno de los puntos centrales es la construcción de tres nuevas cárceles.

El Gobierno sigue buscando financiamiento para hacer frente a la crisis carcelaria. Unas de las fuentes anunciadas es un préstamo de USD 45 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las gestiones para este crédito las empezó el gobierno anterior a mediados de 2020 y fue aprobado en enero de 2021. Según el registro oficial del BID, el programa de crédito está en etapa de implementación.

Aunque, el organismo confirmó a PRIMICIAS que todavía no se ha empezado a desembolsar el dinero. Según el proyecto, la entrega del dinero debería completarse hasta 2025.

El proyecto se denomina Programa de Equidad para el Acceso a la Justicia y Rehabilitación.

Su objetivo principal es “fortalecer la capacidad de proveer acceso al derecho constitucional de rehabilitación integral y la protección de las personas detenidas y adolescentes infractores”.

El préstamo es del tipo Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF) y tiene un plazo de amortización de 25 años, con cinco años y medio de gracia.

Nuevas cárceles

El proyecto consta de cuatro componentes, pero solo uno de ellos demanda USD 25,2 millones, lo que representa el 56% del total del préstamo.

Ese rubro busca la implementación de un modelo moderno de reinserción social para mujeres y adolescentes.

Con el préstamo se financiarán:

  • La finalización del diseño e implementación de un modelo de reinserción para adolescentes infractores, incluyendo la construcción y equipamiento de dos nuevos Centros de Adolescentes Infractores (CAI).
  • Equipamiento para las Unidades de Desarrollo Integral (UD) y el diseño de manuales de intervención psicosocial.
  • El diseño e implementación de un modelo de rehabilitación para mujeres, incluyendo el diseño, construcción eficiente y dotación de un CRS modelo para mujeres.

Los dos nuevos CAI se edificarán en Machala y Esmeraldas y se espera que estén listos en el quinto año de implementación del proyecto. Es decir, en 2025.

Mientras que la cárcel modelo de mujeres se construirá en Bahía de Caráquez (Manabí) y estaría lista en 2024.

Estas edificaciones tendrán principios de arquitectura bioclimática e incorporarán medidas de reducción en el consumo de energía y agua.

Aquí puede revisar los bocetos de los planos de estos centros (presione la flecha gris para ver la siguiente imagen):

Los otros componentes

El proyecto tiene tres componentes más, en los que se invertirá el otro 44% del préstamo.

  • Mejoramiento de la capacidad de gestión del SNAI (USD 6,8 millones)

Se plantea el financiamiento para establecer unidades internas en el SNAI. Servirán para el seguir el cumplimiento de las recomendaciones de los mecanismos de control externo, la creación de manuales, la homogeneización de protocolos y de normas en cárceles.

Así como para el diseño e implementación de un censo penitenciario. La metodología y cronograma para esta tarea ya fueron aprobados, a inicios de noviembre de 2021, por el Organismo de Técnico de Rehabilitación social:

  • Fortalecimiento del talento humano y carrera penitenciaria (USD 5,2 millones)

En esta área el proyecto plantea una inversión en la implementación de carrera para los guías penitenciarios. Se hará mediante la definición de perfiles de ingreso, procedimientos de reclutamiento y selección, ascenso y baja.

  • Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la CC para la protección de los derechos constitucionales (USD 7,8 millones)

Este componente estará a cargo de la Corte Constitucional y buscará mejorar la gestión jurisdiccional.

Se basa en implementación de un nuevo modelo de gestión de la CC y la conformación de un equipo de expertos constitucionales, que permita la descongestión de causas pendientes.

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