Guayaquil, Durán y Samborondón, que integran la zona 8, registran 991 muertes violentas en lo que va del año. Dos expertos analizan las causas de cómo se ha llegado a esa cifra sin precedentes.
Guayaquil, Durán y Samborondón, que integran la zona 8, bordean las 1.000 muertes violentas en los primeros nueve meses de 2022, una cifra sin precedentes en la historia del país. Solo el domingo 11 de septiembre, seis personas fueron asesinadas.
Sin embargo, el mismo día, el comandante de la Policía Fausto Salinas, dijo que la tendencia de muertes violentas “ha tenido un descenso” y que se ha contenido el crecimiento de la violencia.
Salinas aseguró que después de la explosión en Cristo del Consuelo, en Guayaquil, se logró reducir los crímenes de 4,12 a 4,08 en el promedio diario de homicidios.
Pero después del atentado terrorista en la Calle 8, hasta la fecha actual, se han producido 123 asesinatos en la zona 8, lo que significa que han ocurrido un promedio de 4,39 asesinatos al día.
“No existe una reducción real. Si lo miramos semana a semana, el incremento de muertes violentas es casi del 10% y tenemos una tendencia de crecimiento”, explica Carolina Andrade, ex subsecretaria de Inteligencia.
Hasta julio, la tendencia indicaba que el país alcanzaría una tasa de 22 muertes violentas por cada 100.000 habitantes hasta fin de año, pero con el recrudecimiento de la violencia en agosto, esto cambiará.
“Con una velocidad mucho más marcada, podríamos llegar a una tasa de 25,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para tener una idea, Colombia cerró con 26,8 el año pasado y México con 26”, añade Andrade.
Esto ocurre a pesar de que el 14 de agosto de 2022 se declaró un nuevo estado de excepción que sacó a militares y policías a las calles.
Cómo se llegó a esto
“No existen acciones integrales y el Gobierno tiene una visión sesgada del diagnóstico del crimen organizado”, dice Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales.
En eso coincide Andrade, quien agrega que la primera causa por la que no se ha logrado contener las muertes violentas es que “la estrategia de mano dura es popular a nivel mediático, pero no aborda temas de fondo”.
La pobreza, el desempleo y el abandono escolar son problemáticas que aún no han tenido respuestas, ya que para eso se necesitan recursos e inversión, añade.
Un segundo problema es la disminución de las capacidades del Estado, asegura Pontón.
“Solo el anuncio de que van a graduar a 30.000 policías más e invertir USD 1.200 millones evidencia que no se ha invertido en seguridad”, explica.
Como tercer punto está la discordia entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno.
“Deberían ponerse de acuerdo en recuperar el espacio público, solo hay que mirar lo que ocurre en Socio de Vivienda 2, donde ni siquiera la Policía y las Fuerzas Armadas son capaces de ingresar”, dice Andrade.
Policías y militares pintaron paredes del barrio, quitaron los rompe velocidades de las vías y los portones de metal.
Estas son competencias de la Alcaldía de Guayaquil, que ha buscado asesoría de expertos israelíes para hacer un plan que se lo entregará al Gobierno.
Una ruta para reducir las muertes violentas
La seguridad no tiene una ruta clara, aseguran los expertos, porque las preguntas en esta materia propuestas por el régimen en el referendo, “solo pretenden legalizar el estado de excepción de manera permanente”, dice Andrade.
El Gobierno consultará el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía para combatir el crimen organizado, que ahora solo es posible con un estado de excepción.
“Las Fuerzas Armadas no están preparadas para tareas de seguridad ciudadana. Hay ejemplos de las consecuencias en países como México, donde la CIDH se ha pronunciado sobre la afectación de derechos”, recalca Andrade.
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