Lafattoria, empresa que ha monopolizado el servicio de alimentación en las cárceles del país, lleva cinco años sirviendo comida sin un contrato de por medio.
Una vez más y ya con una nueva administración, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) prepara una licitación para contratar a la empresa que servirá la comida en todas las prisiones del país.
Entre 2020 y 2021, la entidad presentó cuatro procesos y todos se declararon desiertos. Al igual que en los concursos anteriores se presentó una sola empresa: Lafattoria, la misma que ha servido la comida en las cárceles desde 2012.
Pablo Ramírez, titular del SNAI, confirmó que en los últimos cinco años esta empresa ha brindado el servicio sin un contrato de por medio. En todo este tiempo ha trabajado a través de convenios de pagos, que según la Ley de Contratación Pública debería ser una figura excepcional.
En mayo de 2020, la Contraloría General del Estado (CGE) ya había advertido lo que ocurría con el sistema de alimentación de las cárceles.
El informe DNA1-0020-2020 detalló que el extinto Ministerio de Justicia firmó los dos últimos contratos de alimentación para las cárceles con Lafattoria, en 2016 y 2017, por USD 35,9 millones.
Y desde diciembre de 2017 se gestionaron los procesos contractuales para buscar nuevos proveedores, pero todos se declararon desiertos.
La cancelación de estos procesos provocó que haya períodos en que el servicio de alimentación a los presos ocurrió sin documentación formal de respaldo.
El 27 de enero de 2018, finalmente y ante la imposibilidad de encontrar un proveedor y firmar un contrato, se suscribieron los dos convenios de pago con Lafattoria por USD 11,1 millones.
Desde esa fecha, esa ha sido la modalidad para seguir pagando a la empresa. Hasta la actualidad no se ha revelado cuántos convenios se firmaron, cuánto ha pagado el Gobierno a Lafattoria y cuánto aún le debe.
Mientras que en diciembre de 2020, el SNAI presentó un plan para garantizar una alimentación de calidad en las cárceles, el cual debió terminar en noviembre de 2021, pero nunca llegó el nuevo proveedor.
El presupuesto de ese proyecto era de casi USD 42 millones y el último reporte de avance de la iniciativa se presentó en septiembre de 2021. Según el documento, hasta septiembre se habían gastado USD 19 millones del presupuesto del proyecto, es decir el 46% del total.
En los informes de avance, además, se reportó varios desembolsos a Lafattoria, vía convenio de pago:
- Diciembre 2020, enero y febrero de 2021: USD 9,9 millones.
- Marzo, abril y mayo de 2021: USD 10,2 millones.
- Los pagos de junio y julio de 2021 estaban en trámite de aprobación.
Rumbo a la zonificación
En un conversatorio con medios de comunicación, el 14 de febrero de 2022, Ramírez indicó que uno de los objetivos de la administración es legalizar el servicio de alimentación con un contrato.
Según el funcionario, actualmente se elaboran los nuevos pliegos y Términos de Referencia (TDR) para la contratación.
El nuevo proceso de licitación será el quinto y tendrá un cambio importante. Se dividirá a las cárceles del país en tres zonas, de manera que una o varias empresas, dependiendo de su capacidad y disponibilidad, puedan ofertar el servicio.
Un informe del SNAI de 2019 estableció que Lafattoria era la única que participaba como interesada y ganaba cada adjudicación. Ya en esa época las autoridades intentaron elaborar nuevos términos de referencia para el concurso.
Varios proveedores invitados a los concursos anteriores coinciden en que la falta de transparencia es una de las causas para no participar en las licitaciones.
Lafattoria acumula contratos
Si bien Lafattoria se ha hecho conocer por sus contratos con el sistema penitenciario, este no es su mejor cliente dentro del Gobierno ecuatoriano.
Según los datos de Compras Públicas, entre 2015 y 2021, esta empresa acumuló al menos 41 contratos con el Estado que suman USD 454,4 millones.
De este monto, solo el 12% corresponde a contratos por alimentación en cárceles. El otro 88%, unos USD 399,5 millones, son asignaciones del Ministerio de Educación por contratos referentes a raciones alimenticias para estudiantes.
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