En lo que va de 2022, 27 privados de la libertad se han suicidado en las cárceles de Ecuador. La Fiscalía sostiene que no investiga suicidios porque no son delitos de acción pública.
Al centro penitenciario El Rodeo, en Portoviejo, lo conocen como “la cárcel de la depresión”, porque solo en esa prisión, que alberga a 1.653 personas, se han registrado siete suicidios en lo que va del año.
Supera incluso a Guayas, donde se han quitado la vida cinco personas en las prisiones, según datos del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI).
Esta cifra no incluye a dos presos que fueron encontrados colgados de una cuerda en el pabellón dos, en la Penitenciaría del Litoral, la madrugada del 22 de agosto.
Hasta la fecha, 27 suicidios han sido registrados en 11 cárceles del país. En todo 2021, fueron 21 en siete centros penitenciarios.
¿Depresión u homicidios?
Los casos de suicidios en las cárceles también levantan sospechas.
“Hay un término que se usa en la cárcel: 'le pusieron la corbata'. Eso significa que hay una premeditación por parte de terceros”, dice Billy Navarrete, de la Comisión de Derechos Humanos de Guayaquil.
Hay varios casos de este tipo. En octubre de 2021, cuatro detenidos fueron hallados colgados con sogas y prendas de vestir en pabellones de la Penitenciaría del Litoral, controlados por ‘Los Tiguerones’, una de las bandas que se disputa el control de la prisión.
@SNAI_Ec informa el presunto suicidio de 4 #PPL, en el pabellón 8 del #CPLGuayas N.1.
— SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) October 14, 2021
El @SNAI_Ec brinda todas las facilidades a @PoliciaEcuador y @FiscaliaEcuador para que se investigue este hecho.
Se activan protocolos de seguridad pic.twitter.com/TATsRmpxkn
Nueve días después, en la zona de visitas íntimas de la misma cárcel, fueron hallados otros siete presos en condiciones parecidas. Los llamaron: suicidios colectivos.
La Fiscalía anunció que abriría una indagación previa para investigar los dos casos, pero aún no hay resultados.
#ATENCIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc inició –de oficio– una investigación por la muerte de 7 personas privadas de libertad, que fueron encontradas ahorcadas al interior del pabellón 10 de la Penitenciaría del Litoral en #Guayaquil. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/7ZDr6UEerc
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 25, 2021
PRIMICIAS preguntó al SNAI si los casos tuvieron un proceso judicial para determinar responsables, pero hasta el cierre de este reportaje no respondió.
"Poner calificativos como 'ajustes de cuentas' o 'suicidios colectivos' es evadir la verdadera responsabilidad del Estado para investigar y evitar la impunidad".
Billy Navarrete
Según la Fiscalía, “sus competencias se circunscriben a dirigir la investigación preprocesal y procesal penal de los delitos de acción pública. El suicidio no es un delito de acción pública”.
La entidad no aclaró si se investigan casos por asesinato en aparentes escenas de suicidios.
“Las autoridades del SNAI sí saben quiénes están detrás de estos crímenes. Conocen cuáles son las organizaciones que operan, lo que no hay es la voluntad de investigar y si no se investiga se vuelve cómplice por omisión”, advierte Navarrete.
Atención a la salud mental
La población carcelaria es considerada vulnerable y, según el informe de Prevención del Suicidio en Cárceles y Prisiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene el mayor riesgo de suicidio.
Esto se debe a que son personas con distintas condiciones. “Hombres jóvenes, personas con trastornos mentales, con problemas de uso de sustancias, y aquellos que han cometido previos intentos suicidas”.
El estrés diario relacionado con la vida en prisión puede exceder las habilidades del privado de libertad para enfrentar la situación.
PRIMICIAS entró a cuatro pabellones de la Penitenciaría del Litoral en abril de 2022 y una docena de testimonios se refería a las difíciles condiciones mentales y emocionales de los detenidos al no tener oficios dentro de la cárcel.
"Esto es desesperante, pasar los días sin hacer algo, muchos pensamientos dan vuelta en la cabeza", dice Pedro, quien lleva cinco años recluido.
La situación empeoraba después de cada masacre, porque generaba incertidumbre de cuándo iba a estallar un nuevo hecho violento.
Se suspendía la provisión de alimentos, pasaban días con una sola comida, soportaban cortes de agua y electricidad, pero lo más difícil era perder el contacto con sus familiares.
En medio de esa crisis, la salud mental de los detenidos ha quedado relegada, por todos los problemas que hay en el sistema penitenciario.
El SNAI tiene en su nómina a 98 psicólogos para 32.505 personas que están en 36 cárceles del país, lo que significa menos de tres profesionales de psicología por centro penitenciario.
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