Contraloría halla anomalías en compra del sistema para pasaportes electrónicos

La Contraloría General del Estado realizó un examen especial a la adquisición e implementación del sistema informático para la emisión de documentos de identidad y pasaportes electrónicos.

El proceso se ejecutó en 2019 y estuvo a cargo de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

El informe señala que la decisión del Registro Civil de realizar la contratación a través de la modalidad de licitación internacional no se sustentó técnica ni legalmente.

En su lugar, el organismo pudo aplicar el Acuerdo Comercial Multipartes que el país mantiene con la Unión Europea (UE), que compromete a los proveedores a regirse por la normativa ecuatoriana y garantiza condiciones más favorables para el Estado.

Para elegir la modalidad de contratación, la entidad argumentó la ausencia de proveedores nacionales utilizando un certificado emitido por el Sercop, sin considerar que esta condición aplica solamente para la compra de bienes en el extranjero y el componente principal del contrato era de brindar un servicio.

El informe del examen especial, aprobado en junio de 2021, evidencia que la invitación a participar en la licitación internacional no se publicó en medios internacionales, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Además, según dice Contraloría, el Registro Civil no elaboró estudios completos y definitivos, repercutiendo en la determinación de especificaciones técnicas, términos de referencia y presupuesto referencial.

"El Registro Civil no estableció la arquitectura tecnológica para la implementación del servicio, componente esencial del contrato; no definió detalles para su instalación y configuración, ni las características de los equipos y software que conformarían la infraestructura de los centros de datos principal, secundario y de contingencia", añade.

Según la entidad de control, el servicio se contrató por USD 26,9 millones con el consorcio EDOC, de México, aunque este no acreditó su experiencia en la ejecución del objeto del contrato y su propuesta no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.

Además, su oferta fue más alta, por USD 2,3 millones, con respecto a la del otro proveedor habilitado, el compromiso de consorcio francés INCS-Idemia.