Economía y Desarrollo
Plan Anual de Inversiones 2020
Andrés Mideros

Andrés Mideros

Doctor en economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública. Decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Actualizada:

11 Dic 2019 - 19:00

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el reporte “El gasto en inversión pública de América Latina”, indica que “en el contexto actual de América Latina, con menores perspectivas de crecimiento y menores espacios fiscales, proteger el gasto de inversión pública de posibles recortes se vuelve más relevante”.

Sin duda, el impacto de la inversión pública depende de su eficiencia, pero sostenerla es necesario para fomentar crecimiento económico, la equidad, e incluso una mayor recaudación fiscal a futuro.

La inversión, sea pública o privada, es el motor del crecimiento económico ya que genera aumentos de capital y, por ende, de capacidad productiva. La planificación de la inversión determina las prioridades de una empresa (en un presupuesto privado) y de lo que define el gobierno para una sociedad (en el presupuesto público).

La Proforma 2020 presentada por el Gobierno Nacional establece en el Plan Anual de Inversiones (PAI) un monto de inversión para el próximo año de USD 3.624,7 millones (3,3% del PIB proyectado).

El 56,1% (UD 2.034,7 millones) de este monto se concentra en los ministerios de educación, salud y obras públicas, siendo el principal destino la infraestructura. En el caso de los proyectos de inversión del Ministerio de Salud llama la atención la ausencia de recursos para prevenir el embarazo adolescente y la asignación de apenas 7,6 millones para la reducción de la desnutrición. Estos son dos de los principales problemas para el desarrollo de niños/as y adolescentes, que se estarían dejando de lado por política de austeridad.

Entre los proyectos del Ministerio de Obras Públicas llama la atención una serie de proyectos para infraestructura vial de cada provincia, todos con un monto asignado de USD 2 millones, y que se complementan con un proyecto de apoyo a Gobiernos Autónomos Descentralizados por USD 32 millones. Preocupa que en lugar de ser proyectos debidamente planificados y priorizados se esté regresando a la asignación de ‘bolsas’ de recursos para negociación política.

Los siguientes ministerios con mayor asignación de presupuesto de inversión son el Miduvi (USD 313,9 millones) que incluye USD 290 millones para el ‘Plan Casa para Todos’, la Senecyt (USD 174,4 millones), el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (USD 162,9 millones) que incluye USD 100 millones en proyectos de transmisión eléctrica, y Defensa (USD 119,6 millones). En el caso de la inversión en transmisión, es un rubro que deberá ser considerado y valorado si se avanza en la iniciativa del gobierno de ‘monetizar’ (concesionar, privatizar u otro mecanismo) proyectos hidroeléctricos.

Otro rubro de inversión importante en 2020 será el que realice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el Censo que se realizará el próximo año (el anterior fue en 2010) a un costo de inversión de USD 30,3 millones.

Finalmente, se debe señalar que la Presidencia de la República tiene previsto un presupuesto de inversión de USD 8,4 millones, de los cuales USD 2,6 millones son del programa “contacto ciudadano” que se realiza semanalmente en cadena nacional, y USD 5,8 millones para “eventos artísticos y de formación de público para las artes”. Es importante preguntarse no sólo el impacto de estas inversiones en el bienestar de la población, sino además si se corresponden con la misión de la Presidencia de la República.

Preocupa el limitado presupuesto de inversión para Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo contará apenas con USD 94 mil para “prevención, protección y monitoreo de los derechos humanos” en el país; y la Secretaría de Derechos Humanos con USD 1,9 millones, asignando apenas USD 876 mil para la prevención de violencia contra las mujeres y la atención a víctimas de violencia.

El gobierno acaba de enviar nuevamente la Proforma a la Asamblea Nacional; serán los asambleístas quienes aprueben o modifiquen las prioridades de inversión para el desarrollo económico y social de Ecuador.

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