Todo indica que en, agosto próximo, el país entrará en ‘default’ con los tenedores de los Bonos Global. Volveremos, una vez más, a fojas cero con los mercados financieros internacionales. Seremos, oficialmente, el segundo país latinoamericano con más eventos de incumplimiento, sólo después de Venezuela y por encima de Argentina.
Desde abril pasado, calificadoras de riesgo como Fitch y S&P anticiparon este resultado, degradando nuestro estatus a ‘default restringido’ y ‘default selectivo’, incluso después de haber pagado capital e intereses de los bonos 2020 y de haber cancelado 0,5% de los intereses que se acumularán hasta agosto próximo.
Suponemos que los asesores externos que el Gobierno tiene en esta materia habrán preparado una estrategia para que Ecuador no sea víctima de una lluvia de cláusulas de ‘default cruzado’; es decir, de una avalancha de pedidos de otros acreedores del país para que se les pague aceleradamente. China es, en ese sentido, el caso más importante.
Pasará mucho tiempo hasta que podamos retornar al mercado internacional de bonos para intentar una reestructuración planificada de la deuda externa como la que se quiso iniciar en junio de 2019.
¿Qué le queda hacer al Ecuador en estas circunstancias? El presidente Moreno ha dicho que, durante este año, el nuevo déficit fiscal es de USD 12.000 millones y que los recortes sumarán USD 4.000 millones.
Si damos por buenas las cifras entregadas por el propio Presidente habría, por lo menos, necesidades de financiamiento de USD 8 mil millones (12.000 – 4.000 = 8.000). Un valor como aquel es imposible de conseguir. Ni siquiera la mitad de ese valor sería posible conseguirla, a mi modo de ver.
La única alternativa que el país tendrá a mano es continuar recortando gastos, sobre todo corrientes y, dentro de este rubro, el relacionado con salarios.
Para evitar una contracción económica mayor, el Gobierno debería poner en marcha una estrategia agresiva de captación de capitales externos. Concretamente, el Ejecutivo debería facilitar la creación de fideicomisos privados de inversión que operen bajo la Ley de Nueva York y ofrezcan exenciones fiscales importantísimas a los inversionistas del exterior.
El dinero de esos fideicomisos podría ser utilizado para comprar cartera financiera y comercial. Ese capital también podría utilizarse para reestructurar pasivos del sector privado, mediante operaciones en los mercados de valores.
Como paliativos, el Ejecutivo también podría estructurar una monetización anticipada de facturas petroleras y podría evaluar la posibilidad de emitir un ‘bono verde’, destinado a cubrir las necesidades de Galápagos y a financiar otros proyectos de carácter ambiental, acudiendo a un grupo selecto de inversionistas ángel, como expliqué en mi columna anterior.
@GFMABest
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