Amnistía, pacto de impunidad y vergüenza de la Asamblea Nacional

Bajo el falaz argumento de “una reconciliación nacional”, con mucho cinismo y nada de decoro, a las cuatro de la mañana, cuando nadie les veía, 99 asambleístas se burlaron del país y amnistiaron a 268 acusados.

Pirómanos que prendieron fuego a la Contraloría, a Teleamazonas y a 167 patrulleros; saboteadores de pozos petroleros, saqueadores de comercios, secuestradores, vándalos e instigadores de la revuelta de octubre de 2019, fueron librados de toda culpa, camuflados entre luchadores sociales y defensores de la naturaleza, que sí lo merecían.

Excluyendo, de manera perversa, a las mujeres policías agredidas y abusadas durante las funestas jornadas de aquel octubre, y a otros 47 uniformados, mineros ilegales y traficantes de tierra, han sido beneficiados con la amnistía, como si hubieran cometido delito político, cuando los suyos fueron delitos comunes. 

Los asambleístas le han asestado una puñalada por la espalda al pueblo de Quito, que padeció el cobarde ataque de resentidos y odiadores, que también agredieron a Cuenca y a otras ciudades.

El pacto de la impunidad de una Asamblea, con las calificaciones más bajas y el repudio ciudadano permanente, es aberrante.

El bloque oficialista del BAN, Pachakutik (PK), unos asambleístas sueltos de la Izquierda Democrática (ID), ciertos independientes y los correístas han traspasado las líneas. Podrían ser considerados camicaces políticos.

Movida desde Bélgica, la amnistía se asemeja a una bomba de relojería que podría estallar en cualquier momento, hasta hacer saltar por los aires a la actual mayoría de la Legislatura. Pero el daño ya está hecho.

Argüir estabilidad política es deleznable y repulsivo; lo que evidencia es el abuso del poder.

¿Justifica la Presidencia de la Asamblea para Guadalupe Llori, la transgresión de las leyes y de la propia Constitución? 

Desde luego que no.

Apenas días atrás, Llori hablaba de conspiración y calificaba de “asquerosa” la actitud de algunos de sus propios coidearios de Pachakutik (PK), a quienes conminó a despojarse de la wipala. 

Pero la madrugada del jueves 10 de marzo hicieron piña para aprobar el olvido legal indiscriminado, que ha escandalizado a los conocedores del Derecho, porque hace trizas de las leyes y de la misma amnistía, forjada en Grecia, por Trasíbulo, en el año 411 a.C, para pacificar la República.

Que Guadalupe Llori ande, hoy, feliz por haberse reconciliado con la Conaie, absolviendo a Leonidas Iza y Jaime Vargas, envueltos en una intentona y algo más, debe complacerle a ella, de manera personal, pero el país ha sido ofendido.

Como cruel paradoja y evidenciando el doble estándar con que actúan los asambleístas, la madrugada que resolvieron la amnistía, por las curules del hemiciclo se paseó la amnesia colectiva.

Nadie recordó la denuncia hecha por el bloque de CREO, apenas días antes, en contra de un asambleísta de PK, cuyo nombre asomaba en una libreta, que fue ampliamente exhibida por haber, supuestamente, recibido dinero de la minería ilegal. 

Tampoco mencionaron a los asambleístas con glosas confirmadas por la Contraloría, denunciados, de forma reiterada, tiempo atrás.

El olvido fue también entre ellos, aunque eso implique complicidad e impunidad.

Lo de la madrugada del 10 de marzo fue una exhibición desvergonzada de la carencia de ética y la moral. Rebasaron el último espacio que les quedaba por transgredir.

Eso sí, no previeron que muchas voces se alzarían para condenar su proceder, más aún al tratarse de un año preelectoral, y sabiendo que borrar los antecedentes judiciales de ciertos insurrectos, es otorgarles vía libre para que inscriban sus nombres en la papeleta de 2023. 

Por eso no se explica el proceder de la ID, que cede terreno, sobre todo en Quito y Pichincha.

Tampoco habrán imaginado que el epicentro de la política se trasladaría de la Asamblea a las calles. Ni que se plantearían acciones de inconstitucionalidad.

El presidente, Guillermo Lasso, ha reaccionado criticando la amnistía, pero bien valdría una reflexionen, en voz alta, de cómo permitieron que el bloque oficialista BAN votara junto al correísmo. 

Siempre será mejor que Carondelet espante cualquier sospecha, para descartar aquello de: “piensa mal y acertarás”.

El asambleísta Fernando Villavicencio ha revelado que apoyó la amnistía porque les “arrinconaron” y, luego, ha hablado para disculparse por su voto.

Más efectivo sería si, junto a otros legisladores, encuentra una fórmula legal para deshacer semejante monstruosidad. 

Lo que se haya negociado a cambio de amnistiar a complotados, traficantes de tierras y otros más, pronto se sabrá. En política, nada queda oculto. 

Mientras llegue ese día, no faltarán apologistas del poder que hagan esfuerzos por encontrar la manera de justificar la indiscriminada amnistía de la Asamblea Nacional, aunque sea culpando a otras funciones del Estado, o a los contradictores políticos.

Para los ecuatorianos, en cambio, aunque les resulte doloroso aceptar la metamorfosis ideológica de los protagonistas, el acuerdo político para la amnistía es, en toda regla, un pacto de impunidad. Un pacto de vergüenza.