¿A quién beneficia el crimen?

Los crímenes políticos están presentes desde el inicio de nuestra república. Tan solo tres semanas después de la separación de la Gran Colombia, era asesinado en Berruecos el único personaje que le hacía sombra a Juan José Flores: el mariscal Sucre.

Por ello es imperativo preguntar a quién favorece un crimen, y no solo en el campo de la política. Cuando un ciudadano cualquiera es eliminado, los investigadores buscan respuestas a interrogantes como: ¿tenía enemigos que anhelaran venganza?, ¿había recibido amenazas?, ¿sabía cosas que ponían en peligro a otras personas?, ¿había plata o amores de por medio?

Pero en la lucha por el poder –que eso y no otra cosa son las campañas electorales– los asesinatos de los candidatos presidenciales deben ser puestos bajo la lupa del análisis político, más allá de los autores materiales e, incluso, intelectuales del crimen.

En 1978, en pleno retorno a la democracia, fue asesinado el economista Abdón Calderón Muñoz que había sido candidato en la primera vuelta y era apodado “el fiscal del pueblo” por la serie de denuncias con las que enfrentaba valientemente a la dictadura militar.

Como el motivo era claro, no tardaron mucho los investigadores en llegar al autor intelectual del crimen: el general Jarrín Cahueñas, ministro de Gobierno, que terminaría condenado a 12 años de reclusión mayor.

Cecilia Calderón, hija de la víctima, recogió la bandera del FRA y obtuvo una alta votación de la gente indignada por el delito.

A fines de esa década, en la vecina Colombia, fue ultimado en un acto de la campaña, el candidato liberal Luis Carlos Galán, quien prometía extraditar a los capos de la droga, encabezados por Pablo Escobar. Gracias a la complicidad de mandos policiales, hubo serias fallas en la seguridad y el orador fue ametrallado en la tarima, delante de sus simpatizantes.

Galán había retomado la línea renovadora y el estilo electrizante del legendario Jorge Eliécer Gaitán, otro candidato liberal cuya eliminación provocó el Bogotazo 40 años atrás, desatando la violencia que dura hasta hoy.

Quien recibió una bandera que no le correspondía por su juventud fue el jefe de prensa César Gaviria, que resultó electo presidente en 1990. Y Escobar no logró su objetivo, pues la extradición fue decretada al día siguiente del magnicidio.

El tercer caso tiene que ver con otro país corrompido hasta el tuétano por el PRI y el narcotráfico: México. Ahora el candidato a ser eliminado era Luis Donaldo Colossio, quien había sido seleccionado a dedo por el presidente Salinas, como era la costumbre, pero luego perdió su favor por críticas e intrigas de palacio.

Le dispararon a las 5 y diez de la tarde, cuando había terminado su discurso en un barrio popular y peligroso de Tijuana y se dirigía a su camioneta en medio de la gente. Tremendo error, repetido con Villavicencio. Recuerdo un video que mostraba cómo su escolta no cerró el cuadro de protección, permitiendo el acceso del pistolero que disparó a la cabeza y fue aprehendido en el acto.

A nadie convencieron los relatos oficiales de las investigaciones que tomaron años. Por ello, según Wikipedia, "la opinión popular que prevalece es que se trató de un complot orquestado y dirigido en el seno del propio PRI, ordenado directamente por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari".

El heredero de Colossio, tras una lucha encarnizada entre facciones del PRI, fue Ernesto Zedillo, jefe de campaña que había sido colocado allí por Salinas, decían. Ni Zedillo ni Gaviria tuvieron nada que ver, obviamente, pero los mafiosos lograron acallar a quienes consideraban sus principales adversarios.

En Ecuador, el asesinato de un periodista y político valiente e implacable que consagró su vida a la lucha contra la corrupción, marca el clímax de una serie de crímenes ordenados por las mafias que operan desde el interior de las cárceles. El mensaje es claro: podemos bajarnos a cualquiera; pero nadie sabe a ciencia cierta cuánto afectará esto a las elecciones del 20 de agosto, ni cuántos votos sacará el reemplazo de Villavicencio.

Algunos, incluidos los inversores que juegan en la Bolsa, creen que la desaparición del único candidato decididamente anticorreista no beneficia, sino que erosiona más la candidatura de González, afectada ya por la descabellada propuesta del ecuadólar.

Atentos a la desesperación de los electores, otros perciben un crecimiento de la tendencia de la mano dura y el modelo Bukele. Yo, que viví en Chile y Argentina los meses previos a los golpes de Pinochet y Videla, puedo advertir que así llegó el fascismo. Mucho más sensato, democrático y efectivo sería la legalización de las drogas, no solo de la marihuana como en varios países, sino también de algunas drogas duras, como lo han hecho en Oregon (EE. UU.) y Columbia Británica (Canadá). Pero eso da para otra columna.