Comisarías de justicia constitucional

En el Ecuador de antes se arreglaba buena parte de los conflictos entre la ciudadanía, acudiendo a las famosas comisarías de policía.

Allí, con un simple escrito, la firma de un abogado que fuera parte de las mafias articuladas y un dinero para el comisario, el secretario y los famosos 'pesquisas', se obtenía rápidamente una boleta de captura, como se llamaba a las órdenes de privación de la libertad.

Así se cobraban deudas disfrazadas de delitos, sobre todo a través de cheques, y así se zanjaban disputas de diverso orden también.

Desde las tensiones entre vecinos por el volumen de la música o el mal gusto de la música, pasando por las discrepancias conyugales, los desenfrenos amorosos en general o los rencores adquiridos en la cantina del barrio por ganar el turno para la rocola, todo entuerto social terminaba en la comisaría de policía.

Sin embargo, la sagacidad del abogado o del tramitador, aquel personaje que sin ser profesional del Derecho se conocía el teje y maneje del negocio, no estaba solo en obtener la boleta de captura sino además en conseguir que el marchante caiga preso lo más pronto posible.

De lo contrario, la tecnología de la época, reducida a la eficaz llamada telefónica de los propios 'pesquisas' dirigida a quien estaba a punto de perder la libertad, pronto llevaría a que el mismo comisario disponga que los agentes del orden se abstengan de detener a la persona.

Naturalmente, para llegar a la famosa 'contra boleta' había mediado un escrito, un cariñito al personal y la promesa de mantener fidelidad con esa comisaría para futuros casos. Así, nada raro era observar que el denunciado, antes de llegar a la famosa capacha (ahora pomposamente denominada centro de rehabilitación social), tenía ya su carta de salida.

Con el paso del tiempo vinieron reformas y golpes de pecho por la corrupción de las comisarías y lo que allí sucedía.

Las oscuras, deprimentes y a la vez pintorescas comisarías perdieron su competencia como juzgados de instrucción penal. No solo el negocio de ser comisario o intendente, quien era el jefe de los comisarios, desapareció sino que los abogados encargados de ese tipo de controversias tuvieron que buscar otro espacio en el que ejercer la sacrosanta profesión.

Algunos se dedicaron a actividades no del todo relacionadas con el Derecho y otros, más pacientes, dejaron pasar el tiempo porque si la corrupción de la comisaría había llegado a su fin, pronto aparecería otro espacio para replicar las viejas prácticas.

Y el tiempo les dio la razón. Desde 2008 la justicia constitucional vino a reemplazar a las comisarías de policía.

Mejor aún, si antes había que estar pendiente del horario de atención de la comisaría y sobre todo de la que estaba de turno, en la noche o el fin de semana, ahora cualquier juez, en cualquier recóndito lugar del macondiano Ecuador, a cualquier hora y cualquier día puede "echar una manito".

Cierto es que ahora hay tecnología y sorteos, pero nada de eso le hace frente a una buena amistad, a una recomendación o a la simple presencia del vil metal. Usted conjugue y lo que pida se le dará. Ya no hay boletas del comisario, sino medidas cautelares o sentencias constitucionales.

La misma podredumbre con nombres más rimbombantes, como nos gusta. Esa es la obra de Montecristi. Esa es la asesoría de quienes diseñaron este esquema constitucional que no entiende la realidad del país.

Pero lo más llamativo de todo es que mientras la endeble institucionalidad llega a su punto límite, nueve magistrados de la Corte Constitucional parecen vivir en otro planeta. Da la impresión que no ven los noticieros, no leen las redes sociales ni paran oreja a lo que dicen los ciudadanos de a pie.

El país se cae a pedazos y ellos discutiendo las sentencias que podrían ser más relevantes para sus propios egos. Eso dice la gente. Eso dicen sus colegas de profesión.

¿Qué más tiene que pasar para que ustedes, los nueve, entiendan que el país está a la espera de una declaración política de la Corte Constitucional?

Sus cargos son dados en la confianza que defenderán el mamotreto de Montecristi que, aunque mamotreto, hay que respetarlo. Sin embargo, de lo que se ve, parece que esto no les importa mucho o que su autodefinición de "progres" es solo para otras cosas.

Desde luego, la declaración política que el país les demanda no implica que opinen sobre casos en particular.

Lo que se espera de ustedes es que marquen ideas, pautas, criterios y que den el punto de partida a una imprescindible reforma legal que impida que cualquier juez, como antes cualquier comisario en materia penal, tenga competencia en el delicado campo de lo constitucional. ¿Es eso mucho pedir?

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Hasta que los nueve juristas reaccionen, la ciudadanía seguirá en su papel de espectadora de este desastre llamado justicia constitucional.

Ojalá los magistrados de la Corte Constitucional pronto dejen el escritorio, salgan a la calle a ver como se desangra el país y asuman una declaración contundente.

Si no es así, tarde o temprano vendrán por ellos. Ya sabemos que acá no hay declaración ni garantía constitucional que valga o que se respete mínimamente.