El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Tres días antes el presidente Lenin Moreno remitió a la Asamblea Nacional la objeción total al Proyecto de Código Orgánico de la Salud (COS).
El Proyecto había sido aprobado por la Asamblea Nacional, un mes antes, con 79 votos a favor (59% de los presentes), 48 abstenciones y ocho en contra. La discusión del proyecto había tomado ocho años, y ahora por el veto presidencial deberá esperar por lo menos un año más para ser tratado. Se mantiene como un tema pendiente para garantizar el derecho a la salud.
El Código tiene 405 artículos, de los cuales trece (de 192 al 204) establecían la obligación del Estado de garantizar la salud sexual y reproductiva.
Por señalar un ejemplo, el artículo 198 definía la violencia gineco-obstétrica, la que han sufrido el 47,5% de las mujeres en el país, de acuerdo con el INEC. Por el veto presidencial, esta violencia ya no se reconocerá ni habrá obligación de evitarla.
Por su parte, el artículo 199 señalaba la obligación de atención oportuna, preferente, especializada y diferenciada a niñas y adolescentes embarazadas; y el artículo 201 establecía que: “serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente, y todas las patologías que comprometan la salud materno fetal. Se prohíbe a los establecimientos prestadores de servicios de salud y a las y los profesionales de la salud negar la atención de estas emergencias, y deberán respetar la confidencialidad, privacidad, el secreto profesional y los derechos de las mujeres, sujetándose a la normativa y protocolos establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional”.
Según cifras del INEC, en 2019 hubo 1.816 nacidos vivos de niñas de entre 10 y 14 años, es decir, como resultado de una violación de acuerdo con la legislación nacional; y 21.725 nacidos vivos de madres adolescentes de entre 15 y 17 años.
De acuerdo con CEPAL, Ecuador es el quinto país en la región con la tasa más alta de embarazo adolescente, después de Nicaragua, República Dominicana y Honduras.
Según lo manifestado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), entre las consecuencias de este tipo de embarazos se encuentra el abandono de los estudios; la falta de acceso al trabajo formal; la deficiente participación; y en materia de salud las niñas y adolescentes menores de 14 tienen hasta cuatro veces mayor riesgo de morir durante el embarazo, parto o postparto; y además presentan problemas de salud mental como la depresión y lesiones autoinfligidas, como el suicidio.
Con el veto presidencial se coarta la oportunidad de un acceso garantizado a servicios de salud oportunos y dignos en favor de estas niñas y adolescentes.
Se obliga a que niñas víctimas de violencia sexual se conviertan en madres, con los correspondientes perjuicios que representa para su futuro y el de su hijo/a, o bien a que pongan en riesgo su vida. Este es el legado del actual Gobierno.
Adicionalmente, de acuerdo con el Estudio Costos de la Omisión en Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador de 2017, el costo de omisión en salud sexual y reproductiva es 17 veces mayor al costo de prevención. Con una estrategia que incluya planificación familiar, reducción de la morbi-mortalidad materna prevenible, y aborto seguro el ahorro calculado asciendo a los USD 445 millones al año.
¿Cómo entender el veto presidencial? El argumento que se señala en el oficio firmado por el Presidente de la República indica que se debe a imprecisiones técnicas, a preocupaciones sobre la institucionalidad, y a la necesidad de incorporar la crisis actual del Covid-19. Siendo así ¿por qué no se emitió un veto parcial?
El veto total al COS impuesto por el Presidente solo se entiende desde el autoritarismo en el ejercicio de la facultad hiperpresidencialista de ir por encima de la mayoría legislativa, de su propio plan de gobierno y del plan de desarrollo (de cumplimiento obligatorio según la Constitución), y de los derechos de las mujeres.
La crisis institucional que vive el país se expresa, justamente, en el hecho de que las funciones de representación democrática responden más a presiones de grupos de sociales y económicos, y a estrategias electorales, que a la búsqueda del bien común y la garantía de derechos.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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