Ecuador se enfrenta a un nuevo proceso electoral en febrero de 2021, y a menos de ocho meses de los comicios el Consejo Nacional Electoral (CNE) no goza ni de la credibilidad ni de la transparencia exigibles para afrontarlo.

Lo más triste no es cometer un error, sino seguir cometiéndolo y no mejorar a pesar de que se comprueba el daño que hace seguir equivocándose. 

Comencemos por lo elemental. A pesar de que la Revolución Ciudadana con toda su palabrería asociada proclamó como cuarto poder al ‘poder electoral’, la realidad es que en una democracia consolidada la función electoral es algo bastante burocrático que la puede cumplir un tribunal administrativo ad hoc.

Su función consiste tan sólo en comprobar que las normas electorales, que han de ser pocas y claras, se cumplan y, si no es así, aplicar las sanciones y dotar de un mecanismo de recuento de votos transparente y garantista.

En lugar de eso se proclamó un ‘poder’ que es ‘elegido’, mediante un concurso bastante cuestionable, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -que no cumplió ninguna de sus funciones de independencia y control de la institucionalidad, sino exactamente lo contrario-. Se creó un organismo partidario y politizado e innecesario con toda su parafernalia y propaganda.

Con este árbitro es con el que Ecuador se tuvo que enfrentar al ajustado proceso electoral de 2017, y con un proceso con un apagón muy sospechoso y un presidente que no dio las garantías suficientes de transparencia. Eso fue hace ya casi cuatro años, y el resultado de esa elección ya lo hemos vivido (y nadie se podía imaginar entonces que Lenín Moreno se iba a virar del correísmo).

Lo triste es que cuatro años después, con un supuesto ejercicio de des-correización, que sería de re-institucionalización del país, con un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de dudosa constitucionalidad, Ecuador se vuelve a enfrentar a un nuevo proceso electoral con el CNE en entredicho.

Su presidenta y tres de sus consejeros (con honrosa excepción de dos de ellos) están ahora mismo bajo sospecha por la Contraloría. Pero no es este el único caso que salpica la institución, son múltiples las denuncias periodísticas de supuestos pactos y los juicios políticos que sospechosamente no se sustancian.

No es cuestión de si es conveniente que todas las opciones políticas tengan acceso fácil a las elecciones (y yo soy partidario de que sea así), de si esos partidos son de tal o cual tendencia, pues todos tenemos derecho a la participación política (sí, incluidos los correístas).

La cuestión, es si esos partidos cometieron ilegalidades solo para presentarse (menuda manera de entrar “al servicio de los ciudadanos”) y que el CNE debe cumplir la legalidad cabalmente, sin ningún tipo de cuestionamiento político.

Lamentablemente, ya no hay tiempo para hacer un proceso de selección de un árbitro electoral confiable, de probidad incuestionable. Por eso nos volvemos a enfrentar a una situación que, pase lo que pase, estará muy lejos de ser la que garantice la calidad democrática. Una azarosa sustitución del CNE será cuestionada por unos, la permanencia de la actual presidenta, por otros.

En cualquier caso Ecuador se enfrentará a un proceso electoral en 2021 con un árbitro que estará en entredicho por parte del espectro político y eso es muy grave, ya sabemos las nefastas consecuencias que tuvo en 2017 y, a pesar de eso, no hemos sido capaces de generar procesos transparentes y garantistas.

Ojalá esta vez aprendamos la lección y lo logremos para 2025. Mientras tanto, debemos estar muy vigilantes a la acción del CNE y a la labor de sus consejeros y de su presidenta.

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