La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establece "eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación".
Lamentablemente, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), del presidente Guillermo Lasso, denominado 'Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025', es residual en la materia.
El PND no cuenta con metas de reducción de la violencia que, de acuerdo con el último dato disponible, ha alcanzado al 64,9% de las mujeres en el país.
Se PND se limita a un objetivo de gestión reactiva, al plantear en la meta 7.3.1: "incrementar el porcentaje de respuesta a la atención de víctimas de violencia para que cuenten con un plan de acompañamiento pasando de 67,6% a 95,0%".
Se esperaría que el incremento del presupuesto anual de la Secretaría de Derechos Humanos, propuesto en la Proforma 2022, que pasaría de USD 8,9 millones a USD 21 millones; y en inversión de USD 0,9 millones a USD 13 millones, repercuta en mayores capacidades para la protección integral de mujeres y niñas.
Aunque sin claridad en las acciones a desarrollar y sin metas de impacto, es difícil saber si los recursos son suficientes y si su uso es eficiente.
En cuanto al femicidio, el PND establece en la meta 5.2.1: "reducir la tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres de 0,87 a 0,80".
Este indicador, según la información de la matriz de femicidios de la Subcomisión Técnica de Validación de Casos de Femicidio, fue de 0,6 en 2015, 1,1 en 2017 y 0,8 en 2020; datos que denotan que la meta del PND no plantea un compromiso para lograr un cambio significativo en este tipo de delitos.
Un tema ausente en el PND es la violencia gineco-obstétrica, que han sufrido el 47,5% de las mujeres en Ecuador.
Este tipo de violencia se relaciona, entre otras acciones, con ofensas, humillación e incomodidad durante la atención ginecológica, y con la examinación en presencia de terceras personas sin el consentimiento de la paciente ni explicación alguna.
En cuanto a las niñas, el PND no aborda la problemática del embarazo infantil, a pesar de que en 2020 se registraron 1.631 nacimientos de madres menores de 14 años.
Todos estos casos son fruto de violación. Después de haber sido agredidas las niñas son, además, obligadas a convertirse en madres.
La violencia se genera en el marco de un contexto de riesgo asociado con la desigualdad, la pobreza y el machismo.
Hay que priorizar acciones contundentes para producir cambios culturales en los hombres. Tomar conciencia de que en el 84,2% de los femicidios registrados en 2020 el agresor fue la pareja o la expareja de la víctima; y que el ámbito de mayor violencia contra las mujeres es el de la pareja.
Es urgente priorizar la libertad y la igualdad real entre todas las personas, erradicando la pobreza para asegurar autonomía económica, eliminando roles socialmente impuestos que restringen la libertad de las mujeres, asegurando la atención y reparación integral a las víctimas, reconociendo la corresponsabilidad social e impidiendo la impunidad de los agresores. Solo de esa manera existirán justicia social y oportunidades.
Al conmemorar, el 25 de noviembre, el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, hay que plantearse que si algo debe ser un consenso en el país es, justamente, la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, y exigir políticas y presupuestos suficientes y oportunos para este fin.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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