La consulta que a nadie le importa

El gobierno de Lasso ha convocado una consulta popular y lo que debería ser una noticia de calado y debate nacional, pasa bastante inadvertida ante el desinterés generalizado.

Una consulta popular que parece hecha para resolver los problemas del Presidente Lasso, no los de los ciudadanos.

Se entiende el movimiento desde un punto de vista político; ante un bloqueo total en la Asamblea, las muy cuestionables trabas de la Corte Constitucional a la gobernabilidad y la falta de apoyo para realizar reformas de calado, el Gobierno convoca al poder constituyente para legitimar su poder constituido.

Lo grave es que en esta consulta no se proponen reformas de trascendencia. No se propone, por ejemplo, reformar ni el voto obligatorio, ni la judicatura, ni la Policía, ni las Fuerzas Armadas.

En la práctica casi toda consulta popular se convierte en un plebiscito, pues lo único que entienden los ciudadanos es que les preguntan si apoyan o no al Gobierno.

Pues no nos engañemos: la inmensa mayoría de los ecuatorianos tiene demasiados problemas reales como para molestarse en entender a profundidad lo que se les propone, que en puridad no les importa.

Poco importa, por ejemplo, al conjunto de los ciudadanos la "incorporación de un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Aguas Protegidas" (pregunta 5), o el número de asambleístas (pregunta 3) o las firmas de los movimientos políticos (pregunta 4). Lo que preocupa a los ciudadanos son la seguridad y la economía.

Por eso sorprende tanto que no se haya planteado ni siquiera una pregunta sobre economía. Sea desde la posibilidad del contrato por horas hasta la incorporación de Ecuador a la Alianza del Pacífico, pasando por aspectos de la malograda Ley de Inversiones, y si se pudiese, de la ley tributaria.

Sí, hay algunos aspectos importantes en la consulta, como la seguridad y la eliminación, en la práctica, del poder del infame CPCCS.

Eso es un logro del Gobierno, pero que no garantiza que la nueva fórmula se elijan autoridades competentes, honestas y solventes. Pero, al menos, deja en la irrelevancia ese engendro antidemocrático llamado CPCCS.

Una vez que la Corte Constitucional ha hurtado a los ciudadanos la posibilidad de dotar a sus Fuerzas Armadas de un papel más relevante en la lucha contra la delincuencia, sólo queda la posibilidad de la extradición. Puede ser una herramienta útil, sí, pero es claramente insuficiente ante el reto al que se enfrenta Ecuador en materia de inseguridad.

Es frustrante que el Gobierno aún no haya iniciado gran parte de su plan de gobierno para el que fue elegido y que sí está a su cargo: No hay ningún plan de mejora de la eficiencia en la administración pública; ningún plan de reducción de la burocracia.

Ningún plan funcional contra la corrupción; no hay un presupuesto base cero, ni siquiera unos presupuestos que supongan un cambio significativo; no hay un plan de inversiones público-privadas; ni una solución al problema carcelario; ni propuestas frente a la inseguridad, ni siquiera una convocatoria nacional para luchar contra ella…

Parece claro que lo que busca el Gobierno es arrogarse una legitimidad superior para poder afrontar reformas en su final de mandato, especialmente ante el previsible fracaso del partido de gobierno y aliados en las elecciones seccionales, que puede quedar sin ninguna ciudad importante ni prefectura a su cargo.

Pero tampoco podemos descartar que, precisamente debido a su bajísima popularidad y su incapacidad de suscitar apoyos entre sectores sociales y políticos, el plebiscito resulte en un fracaso.

No creo que tras aprobarse estas reformas vaya a haber un cambio sustantivo en los problemas estructurales de Ecuador, y es para eso para lo que se debiera convocar al Poder Constituyente, no para legitimar a un Gobierno paralizado.

Y, aunque fuese un triunfo para el Gobierno, esta consulta popular puede ser demasiado poco, demasiado tarde y demasiado tibia para lo que Ecuador necesita.