Estas son las seis preguntas del referendo del presidente Lasso

La Constitución de Montecristi prohíbe la extradición de ecuatorianos sin importar el delito que hayan cometido. Esto incluye aquellos relacionados con el crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. Por ello, el presidente Lasso argumentó que, en esos casos, debería permitirse que los narcocriminales sí sean extraditados. El objetivo es que puedan ser juzgados en otros países donde hayan cometido delitos, con penas "más duras e ineludibles". Ya que el sistema judicial ecuatoriano tiene cada vez menos credibilidad.

En esa misma línea, el Gobierno quiere cambiar el funcionamiento de la Fiscalía General, para que no dependa del Consejo de la Judicatura, que se encarga de seleccionar, evaluar, ascender, capacitar y sancionar a los fiscales. El objetivo de la tercera pregunta del referendo es "garantizar la autonomía de la Fiscalía". Y que, en adelante, sea la misma entidad la que se encargue de sus servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal. La Fiscalía y la Judicatura se han enfrentado en varias ocasiones por problemas relacionados con la insuficiencia de fiscales, la autonomía de la primera entidad y las comisiones de servicio. Hasta finales de 2021, de acuerdo a los datos que maneja la Fiscalía, en el país había 828 agentes fiscales. Eso representa una tasa de 4,70 fiscales por cada 100.00 habitantes y un déficit de 573 agentes. La tasa recomendada para Latinoamérica es de ocho fiscales por cada 100.000 personas. Y en el mundo la tasa es de 12 agentes. En lugar de avanzar, Ecuador ha ido retrocediendo en este tema. En 2018, la tasa era de 5,01 y en 2020 se redujo a 4,70. La Fiscalía no demoró en pronunciarse al respecto. Aunque está a favor de ganar más autonomía, la institución señala que la creación de un nuevo consejo obstaculizaría la intención, que la autonomía debe ser un concepto global. Y señala que sus unidades técnicas son capaces de hacerse cargo de las tareas respectivas.

En 2021, los ecuatorianos eligieron a 137 asambleístas y, según la Constitución, para las siguientes elecciones generales de 2025, el número podría ascender a 152 asambleístas. Esto porque la norma dice que la cantidad de legisladores debe aumentar en proporción con el crecimiento poblacional de cada jurisdicción. Ese cambio estaba previsto para 2021, pero no sucedió por falta del censo en 2020. El presidente Lasso señaló que la función Legislativa no ha sintonizado con las necesidades ciudadanas y que al disminuir las curules a unas 100, será más fácil ejercer un control ciudadano de sus miembros. La propuesta es que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios:

• 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes.
• 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes.
• 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior.

La quinta pregunta del referendo apunta a los 272 movimientos políticos, pero deja de lado a los partidos. En medio de los permanentes escándalos por la afiliación fraudulenta de militantes de las organizaciones políticas y el nacimiento y renacimiento de tiendas políticas, el Ejecutivo propone un control de sus miembros. "Estos no garantizan la representación ciudadana, ni una adecuada participación de sus miembros", dice el documento. Y el Mandatario plantea que tengan un mínimo equivalente al 1.5% del padrón electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral,

La penúltima pregunta del referendo constitucional busca crear un subsistema de protección hídrica, que forme parte de Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bajo control estatal. "La consulta es de todos y eso debe incluir a nuestra madre naturaleza", dijo el Mandatario y habló del llamado a la conciencia mundial por las sequías y los grandes incendios forestales en el mundo. Por ello, según el Gobierno, el objetivo es proteger el agua. Este tema se debatió también en las mesas de diálogo con los movimientos indígenas, donde se habló del extractivismo en fuentes de agua.

La última pregunta también es de temática ambiental. Buscará que "el ciudadano que proteja el medio ambiente pueda recibir una merecida compensación por sus servicios", explicó el presidente Lasso. El Estado, como administrador de los servicios ambientales, "regulará su producción, prestación, uso y aprovechamiento", indican los anexos. Y, el documento, agrega que el Estado también "definirá los lineamientos y mecanismos de compensaciones que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades reciban por su apoyo a la generación de los mismos".

En medio de la crisis de creciente inseguridad, el presidente Lasso abre el referendo con una pregunta para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la Policía Nacional en el combate interno del crimen organizado y la delincuencia. Desde mayo de 2021, una decena de los 14 estados de excepción decretados por el Mandatario han sido, en gran parte, para que los militares puedan apoyar a la Policía. Ya sea en el control penitenciario, en la seguridad ciudadana o en el control de manifestaciones. El Ejecutivo ha manifestado el problema de no poder disponer de las Fuerzas Armadas sin un estado de excepción, como lo manda la Constitución. Ya que la institución tiene la competencia de "la defensa de la soberanía e integridad territorial". Por ejemplo, ante el incremento de la violencia en Guayas, el último estado de excepción, decretado en agosto, sigue vigente y permitió a los militares poder ingresar a Socio Vivienda 2, la zona más peligrosa de Guayaquil, para recuperar el control.

Finalmente, la promesa de campaña, de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no se concretó, porque requeriría de una Asamblea Constituyente. Pero el Primer Mandatario sí plantea una modificación de sus funciones. El objetivo del Gobierno es retirarle la atribución de designar a las autoridades de control, a través de los concursos de públicos y devolvérsela a la Asamblea Nacional. Esto en medio de la crisis que se ha derivado por el retraso y la incapacidad de designar a la mayoría de autoridades de control, que están prorrogadas en funciones hasta por varios años. Sin embargo, según la misma pregunta y sus anexos, estos procesos también serán meritocráticos y tendrán veedores que sigan los procesos de designación. Además, los vocales del Cpccs ya no serían electos en las urnas, sino también por el Legislativo. Según el mismo presidente Lasso, la idea es "eliminar la politiquería y manoseo en la selección de autoridades".