La Fiscalía solicitó a Ruth Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura, que regrese a su puesto de fiscal en Pastaza. La funcionaria se niega a hacerlo.
Nota actualizada a las 19:35 del 14 de diciembre de 2021 con información entregada por el CJ.
Ruth Barreno es funcionaria de carrera de la Fiscalía, en Pastaza. Pero, en enero de 2019 fue seleccionada como vocal de la Judicatura. En ese entonces, la fiscal encargada, Ruth Palacios, le autorizó a que trabaje en esa entidad por los cinco años que dura su período.
En el servicio público ecuatoriano esta figura se conoce como comisión de servicios sin remuneración.
Sin embargo, a finales de noviembre de 2021, la Fiscalía resolvió revocar la comisión y solicitar a Barreno que se reintegre a su cargo.
Según la Fiscalía, esta decisión se basa en un informe de Talento Humano. Ese documento establece que, debido al déficit de agentes fiscales que existe en la entidad, es necesario contar con todo el personal de carrera a disposición.
De acuerdo a los datos que maneja la Fiscalía, en el país hay 828 agentes fiscales. Eso representa una tasa de 4,70 fiscales por cada 100.00 habitantes y un déficit de 573 agentes.
La tasa recomendada para Latinoamérica es de ocho fiscales por cada 100.000 personas. Y en el mundo la tasa es de 12 agentes. En lugar de avanzar, Ecuador ha ido retrocediendo en este tema. En 2018, la tasa era de 5,01 y en 2020 se redujo a 4,70.
A los tribunales
La decisión de la Fiscalía de regresar a Barreno a su puesto, no fue acogida satisfactoriamente por la funcionaria.
Barreno interpuso una acción de protección en contra de Diana Salazar, como titular de la Fiscalía. El caso recayó en el despacho de Mauricio Villarroel, juez de la Unidad Judicial Penal de Pastaza.
La acción fue calificada por Villarroel y convocó a la audiencia para su trámite, el 9 de diciembre de 2021. Pero, hasta que el caso se subsane, emitió una medida cautelar a favor de Barreno.
“La suspensión inmediata y provisional de los efectos que produjera la acción de personal No. 4007 DTH-FGE de 03 de diciembre de 2021, mediante la cual se da por terminada la comisión de servicios sin remuneración de la accionante Dra. Ruth Maribel Barreno Velin, hasta que se resuelva la presente Acción de Protección”, dispuso Villarroel.
Pero, el 9 de diciembre no pudo realizarse la audiencia. El juez de Pastaza fue recusado por la fiscal Diana Salazar. Según la Fiscalía, se presumen inconsistencias en el sorteo de la causa. Por esta razón, también pidió a la Judicatura que investigue.
Entonces, la audiencia se difirió hasta que se resuelva la recusación. Mientras tanto, estará vigente la medida cautelar y Barreno se mantendrá en la Judicatura.
Un nuevo encontrón Fiscalía – Judicatura
Esta no es la primera vez que la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura se enfrentan por problemas relacionados con la insuficiencia de fiscales, la autonomía de la primera entidad y las comisiones de servicio.
En mayo de 2019, la Judicatura -ya con Barreno en su conformación- resolvió quitar a la Fiscalía la competencia para autorizar y terminar las comisiones de servicio de sus funcionarios.
Esto generó un reclamo de la fiscal General, Diana Salazar, quien calificó el retiro de esa facultad como un “atentado a la autonomía” de la Fiscalía.
Además de las comisiones de servicio, esa resolución de la Judicatura quitó al Ministerio Público la posibilidad de convocar a concursos de merecimientos y oposición para nombrar fiscales, así como removerlos.
Luego de la queja de Salazar, la Judicatura modificó su decisión y devolvió a la Fiscalía la potestad sobre las comisiones de servicio. Pero mantuvo en su poder la competencia de nombrar y remover fiscales, como lo establece la Constitución en el artículo 181.
Esto, a decir de la fiscal Salazar, ha maniatado a la Fiscalía en su objetivo de reducir el déficit de agentes porque depende de la Judicatura para llenar vacantes.
Por ejemplo, el último concurso para seleccionar 23 fiscales provinciales concluyó en 2016. En mayo de 2018, se inició el proceso para elegir a sus reemplazos. Pero el concurso se suspendió y no se ha reanudado. Por lo que las fiscalías provinciales están encargadas por más de tres años.
Además, según la Fiscalía, en 2020 el Consejo de la Judicatura designó solo a ocho agentes fiscales.
El 30 de noviembre de 2021, en cambio, el CJ nombró 29 agentes fiscales temporales, con base en un informe técnico de necesidad remitido por la Fiscalía. Estos agentes están trabajando ya en las dependencias de 14 provincias.
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